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ABREU, EN EL RADAR DE LA UIF

SÚPERDELEGADOS DE AMLO QUE SON INVESTIGADOS

STAFF SOL QUINTANA ROO

CIUDAD DE MÉXICO.-Por desvío de recursos de dinero público, destinado para programas sociales; por nepotismo y por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), en algunos casos, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República, investigan de manera conjunta a 10 de los superdelegados designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes de la UIF, confiaron a Grupo Sol que los funcionarios federales que fueron nombrados por López Obrador para coordinar e implementar planes, programas y acciones para el desarrollo integral y con funciones para la atención ciudadana, y que ahora se encuentran sujetos a investigación por diversas irregularidades y delitos, son:

Aldo Emmanuel Ruiz SánchezJuan Carlos Loera de la Rosa, José Antonio Aguilar CastillejosIndira Vizcaíno SilvaMauricio Hernández NúñezRodrigo Abdalá DartiguesGabino Morales MendozaJaime Montes SalasJorge Taddei Bringas y Armando Zazueta Hernández.

Esos son los servidores públicos sobre los que ya pesan sendas investigaciones, como resultado de los elementos recabados tras las denuncias presentadas por diversos sectores en su contra, pero hay otros superdelegados que también están en la mira de la UIF, como es el caso del superdelegado en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, acusado de aprovechar su posición para “colocar” a parientes, amigos y allegados en puestos claves de las dependencias federales existentes en el Estado.

LA COLABORACIÓN

Nieto Castillo explicó que la SFP ha planteado el caso de 10 personas, “y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular, además de que se analizan eventuales casos de lavado de dinero”.

Conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Artículo 17, los delegados tienen la encomienda de coordinar los programas sociales y supervisarlos, siempre bajo el mandato directo del Presidente de la República, independientemente de que la UIF mantiene vigilancia directa sobre los funcionarios encargados de los programas de bienestar.

Hasta ahora, los delegados que han sido son denunciados son los de Aguascalientes, Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, al que se le acusa de gastar dinero ilícito, producto de los fraudes cometidos con las tarjetas de Bienestar, derrochado en fiestas y excesos.

En redes sociales se exhibieron los supuestos excesos del superdelegado de Morena en Aguascalientes, por gastar más de 400 mil pesos en la fiesta de cumpleaños que ofreció el 27 de septiembre para agasajar a su novia, Ivón González, en la Hacienda La Guayana.

DELEGADO EN CHIHUAHUA, INVESTIGADO

Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua, es investigado por presuntos manejos irregulares de los programas a su cargo y presuntos actos de nepotismo. Existen denuncias de que ha colocado en puestos clave a familiares y amigos.

Chiapas, cuyo delegado es José Antonio Aguilar Castillejos, también es investigado por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.

Indira Vizcaíno Silva, delegada en Chiapas, es otra de los funcionarios investigados también por haber utilizado, presuntamente, recursos de los programas sociales para fines diferentes a la ayuda que se debe brindar a la colectividad.

Guanajuato y Puebla, con los superdelegados Mauricio Hernández Núñez y Rodrigo Abdalá Dartigues, son señalados también por el presunto uso irregular de programas sociales, recursos que no llegan a quienes estaban destinados y que por lo regular, se trata de ciudadanos vulnerables.

En el caso de Abdalá Dartigues, ex trabajadores de la Secretaría de Bienestar denunciaron que desvió recursos públicos para favorecer a su compañera de partido, Bertha Luján Uranga, a fin de que se convirtiera en la próxima dirigente nacional de Morena.

Adrián Tolama Nieva, uno de los afectados por los despidos realizados desde el pasado mes de agosto, dijo que Rodrigo Abdala solicitó a los trabajadores que pidieran a los beneficiarios de los programas sociales, adultos mayores y personas con discapacidad, sus credenciales de elector para armar comités de apoyo a Luján Uranga, además de que se les obligó a acudir a eventos proselitistas a favor de la mujer.

Acusaron también que hubo irregularidades en la entrega de apoyos, una vez que se realizaron las revisiones a viviendas afectadas por el sismo y se comprometieron apoyos que nunca llegaron a los beneficiarios.

En San Luis Potosí, es investigado Gabino Morales Mendoza, tanto por desvío de dinero público de los referidos programas como por acusaciones de violencia de género.

Jaime Montes Salas, delegado en Sinaloa, también está sujeto a investigación por el supuesto uso indebido de recursos, tras denuncias hechas ante la dependencia federal en las que lo acusan de desviar los recursos destinados a programas sociales a otros rubros.

En Sonora, el delegado Jorge Taddei Bringas es acusado por el mal uso de los recursos de programas sociales y por estar inmiscuido en la elección interna de Morena.

Armando Zazueta Hernández, sustituyó a Carlos Lomelí Bolaños, en el estado de Jalisco, tras de que éste tuvo que renunciar a su cargo luego de los señalamientos en su contra por conflicto de interés, en virtud de que empresas ligadas a él, habían recibido millones de pesos en contratos con el actual Gobierno Federal, por la venta de medicamentos.

El nuevo delegado, Zazueta Hernández, se desempeñó como servidor público en la Delegación Cuauhtémoc y en Azcapotzalco y en el 2009, fue cesado e inhabilitado por dos años para desempeñar cualquier cargo público por “falta de aplicación a la normatividad”.

Debe destacarse que conforme a la ley, el desvío de dinero público en la distribución de programas sociales es uno de los delitos que ya está tipificado como grave y amerita prisión preventiva oficiosa y, si como afirman, en la Cuarta Transformación ya no habrá intocables, entonces se debe actuar sin distingos y con firmeza.

ABREU, EN ESPERA

Como señalamos líneas arriba, respecto al súperdelegado en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, aún no aparece en la lista de los que ya son investigados, pero sí hay señalamientos en su contra porque a su llegada despidió a infinidad de trabajadores que, según él, no hacían nada.

No obstante, ese número de plazas fue ocupado de inmediato por familiares, amigos e incondicionales en puestos claves que le permiten tener un mayor control sobre todos los recursos destinados a las clases desprotegidas, pero que nunca llegan a quienes verdaderamente lo necesitan.

Abreu Marín no es nuevo en el oficio de la politiquería, fue cobijado durante muchos años por los gobiernos priistas, desde Mario Villanueva MadridFélix González Canto y Roberto Borge Angulo, logrando su cimentación política y económica con estos dos últimos.

Ha sido una pieza fundamental en la inminente liberación de uno de sus primeros protectores, Mario Ernesto Villanueva Madrid, a quien, en cuanto fue nombrado, hizo una furtiva visita en una clínica privada de Chetumal, con miras a su pronta libertad, por órdenes, se dice, del presidente López Obrador.

VIVIENDA DE LUJO

De acuerdo al portal de la Secretaría de la Función Pública Federal, Abreu Marín gana al mes 122 mil 512 pesos y habita en el lujoso conjunto turístico de Puerto Cancún, donde tiene que pagar lo menos la mitad de su salario.

El súperdelegado en Quintana Roo, ejerce control sobre los encargados de oficina de las 73 delegaciones existentes en la entidad, bajo el argumento de que esas dependencias deberán reducirse solamente a 24 y pasarán a ser únicamente representaciones.

La delegaciones que, según ya operan en Quintana Roo, son la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Cultura, Secretaría de Energía, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y Secretaría de Turismo, entre otras.

Abreu Marín, junto con Rafael Marín Mollinedo y Nicolás Mollinedo Bastar, ex chofer de Andrés Manuel López Obrador, conforman un clan que han amasado millonarias fortunas al amparo del poder que les ha dado el ser de los más cercanos al presidente de la República.

Como Sol Quintana Roo lo ha dado a conocer, los tres personajes con estrechos lazos consanguíneos han tenido cargos públicos con los gobiernos en turno, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, así como la obtención de contratos millonarios por la asignación directa en la prestación de servicios en administraciones priístas y panistas.

Los que más arraigo tienen en Quintana Roo, son Rafael Marín Mollinedo, empresario dedicado a la compra y venta de frutas y legumbres, para abastecer los principales hoteles y empresas del estado, así como en algún tiempo monopolizar la venta de los alimentos a la cárcel municipal de Cancún.

NICOLÁS MOLLINEDO, SU PRIMO

Su primo, Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como “Nico”, es esposo de Lydia Portilla Mánica, hermana del ex titular de Sintra, Jorge Portilla Mánica, además de que fue un estrecho colaborador de la administración municipal de Gregorio Sánchez Martínez, cuando este fue presidente municipal de Benito Juárez.

Arturo Abreu Marín, primo de Rafael Marín Mollinedo, ha tenido contacto con el estado por intereses inmobiliarios y políticos que empresariales.

Rafael Marín Mollinedo, delegado estatal en Quintana Roo de Morena es dueño de la empresa Tabana Banana S.A. de C.V., dedicada a surtir a los principales supermercados y hoteles en Cancún y la Riviera Maya, principalmente bananas y papayas.

Sin embargo, en septiembre de 2008, en el municipio de Benito Juárez le otorgó la concesión a la empresa Tabana Banana de los alimentos de la cárcel del municipio. Los accionistas de la firma son Rafael Fernando Marín Mollinedo y María Amada Mollinedo Valencia, y el comisario del Consejo de Vigilancia es nada menos que su primo Nicolás Mollinedo Bastar.

En aquel entonces obtuvieron por servicio de tres años más de 50 millones de pesos, pues cada año les dejaba ganancias por 17 millones de pesos.

La adjudicación por el servicio de abastecimiento de los alimentos de los presos de Cancún, fue directa y autorizada por el entonces presidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez, quien posteriormente fue a dar a la cárcel y ex culpado más tarde.

De esa manera, Rafael Marín Mollinedo, delegado estatal en Quintana Roo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Arturo Abreu Marín, entrante coordinador de programas sociales del gobierno federal para Quintana Roo, extienden sus tentáculos en el municipio de Solidaridad para obtener beneficios personales y de grupo.

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