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AMLO, DE RODILLAS ANTE TRUMP; CON REFORMA LABORAL

*Al igual que en el tema migratorio cuando bajo la amenaza del mandatario Donald Trump de imponer aranceles a nuestras exportaciones el presidente López Obrador desplegó a la Guardia Nacional por todo el país para impedir el tránsito de miles de migrantes rumbo a Estados Unidos, en la reciente reforma laboral, AMLO cedió a las presiones de legisladores estadounidenses con tal de que el Capitolio apruebe el tratado comercial T-MEC.  En una clara pérdida de soberanía y sumisión incondicional, la legislación laboral mexicana fue supervisada y avalada por un cuerpo legislativo de Estados Unidos. López Obrador permitió que extranjeros evaluaran y corrigieran la reforma laboral. Aún más, temeroso de no haber convencido a los legisladores norteamericanos de las bondades de la legislación laboral mexicana y de su correcta aplicación en cumplimiento a las exigencias de Donald Trump, el Presidente envió una carta a la Cámara de Representantes de EU en la que ofrece medidas extraordinarias para que se apruebe el tratado comercial. Entre estas destaca la aplicación de un presupuesto de 900 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral, aumentar la plantilla de verificadores en la Secretaría del Trabajo y del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como el aumento de los salarios mínimos de los trabajadores. A lo largo de su gobierno, AMLO no solo ha evitado confrontación alguna con su homólogo de EU, sino que ha demostrado una total subordinación a las voluntades del magnate neoyorquino, en un evidente desgaste de la independencia de México.

STAFF SOL YUCATÁN

Ciudad de México.- Ni en el Capitolio ni en la Casa Blanca de Estados Unidos existe la plena seguridad de que México cumpla a cabalidad con la implementación de la nueva reforma laboral, uno de los requisitos indispensables para ratificar el tratado comercial con nuestro país y Canadá (T-MEC).
En una clara muestra de subordinación a los intereses de Estados Unidos, pero sobre todo de pérdida de soberanía, un grupo de legisladores estadounidenses revisaron y “palomearon” los términos en que fue aprobada la reforma laboral por el Congreso de la Unión.

El presidente López Obrador recibió a la delegación de legisladores estadounidenses encabezada por Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, uno de los más influyentes del Capitolio al manejar el presupuesto y autorizar adquisiciones.
Los legisladores estadounidenses le dijeron al Presidente que para que el T-MEC sea aprobado necesitaban ver no sólo la mencionada reforma, sino las garantías de que se va a poder ejecutar y poner en práctica.

El Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes dijo que vinieron a evaluar la capacidad del gobierno de México para avanzar en las reformas prometidas e implementar los cambios legales, institucionales y culturales de acuerdo con las leyes mexicanas y los requerimientos renegociados del acuerdo comercial.
Sin embargo, los estadounidenses no quedaron del todo satisfechos.
“Nuestra reunión con el presidente López Obrador arrojó luz sobre el deseo y las intenciones del gobierno mexicano de llevar a cabo su reforma de justicia laboral, pero Estados Unidos necesita ver que esas garantías sean aplicadas”, según el comunicado.
“Aprecio el compromiso positivo y estoy ansioso de ver que México cumpla con su obligación para implementar los cambios necesarios para materializar su propia visión para la reforma, y satisfaga los demandantes estándares laborales y de ejecución que serán requeridos en la renegociación del TLCAN”, refiere el texto.

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que el gobierno de México había disipado las dudas de Estados Unidos sobre la reforma laboral, con miras a la aprobación del tratado de libre comercio (T-MEC) en el Congreso estadounidense.
Seade explicó que surgieron algunas dudas entre congresistas y líderes sindicales en Estados Unidos acerca de si México estaba comprometiendo los suficientes recursos para llevar a cabo la ambiciosa reforma laboral.

Ante esta situación, el presidente López Obrador, ni tardo ni perezoso, decidió enviar una carta al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en la que se compromete a destinar 900 millones de dólares para implementar la reforma laboral.
Se trata de un presupuesto de 69.3 millones de dólares para el año entrante y 830 millones para los años consecuentes; es decir, 899 millones 336 mil 500 dólares para la puesta en marcha de la reforma laboral.

AMLO se comprometió también a incrementar la plantilla de verificadores en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como aumentar los salarios mínimos de los trabajadores.
López Obrador dijo: “Estamos demostrando que en México cumplimos los compromisos; se dijo que se iba a aprobar esta reforma y ya cumplimos, ahora corresponde al gobierno de Estados Unidos, a los legisladores terminar de aprobar el tratado de libre comercio. Nosotros estamos cumpliendo y queremos ese tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá”.

Destacó que al aprobarse esta reforma, apegada a lo que exigen las normas internacionales en cuanto a la defensa de los derechos laborales, se cumplen dos propósitos, ya que además de que se cumple un compromiso con Estados Unidos, se beneficia a los trabajadores mexicanos, ya que se establece la democracia sindical.
Eso es en el discurso, pero en los hechos está más que demostrada la sumisión del gobierno de la Cuarta Transformación a los designios del presidente Donald Trump.
El nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue firmado en noviembre después de maratónicas negociaciones durante un año, pero todavía debe obtener el aval de los respectivos Congresos para entrar en vigor y reemplazar al TLCAN, vigente desde 1994.

A diferencia del TLCAN que los incluyó en 1993 como acuerdos paralelos, los temas laborales y ambientales son parte del texto principal del T-MEC y estarán sujetos, además, a mecanismos de solución de disputas contenidos en éste.

Publicada en el diario oficial el 1 de mayo, la nueva reforma laboral da un vuelco en la relación obrero patronal al eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dejando la justicia laboral a tribunales locales y federales y las labores de conciliación a centros autónomos locales y federales.

También, la reforma secundaria establece la creación de una nueva institución federal descentralizada y autónoma para el registro de sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo -cuya revisión ocurriría en menos de cuatro años-, así como de regular la conciliación a nivel federal.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EU, la demócrata Nancy Pelosi, ha señalado que los legisladores estadounidenses no deberían respaldar ningún acuerdo en reemplazo del TLCAN a menos que México apruebe una ley que proteja los derechos laborales.

Una vez aprobada la reforma laboral, México deberá ofrecer garantías de que será aplicada y eso es lo que pretende la carta del presidente López Obrador, aunque ello depende de la disponibilidad de recursos dentro del presupuesto de egresos de la Federación.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo: “Estamos haciendo un esfuerzo para tener una suficiencia presupuestal que nos permita atender las distintas demandas. El margen de acción –como ustedes saben- tenemos serias limitaciones”.

Opinan los especialistas

Alfonso Bouzas Ortiz, especialista en el tema e integrante del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, sostiene que entre lo positivo del nuevo marco legal está que se eleva a rango constitucional la contratación colectiva y se obliga a los líderes sindicales a poner a consideración de los trabajadores el contenido de los Contratos Colectivos y que sean votados por todos.

En su opinión, la reforma laboral traerá una nueva era en el sindicalismo mexicano y obligará a los organismos a transparentar en qué gastan las cuotas de trabajadores, elegir a sus líderes de forma democrática y hacer públicas las negociaciones de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT).
Los trabajadores podrán decidir a través del voto personal, secreto y universal si quieren pertenecer a un sindicato o no. Además el CCT ya no sólo será votado por la comisión revisora, sino que deberá ser puesto a consideración de los agremiados para aprobarlo o rechazarlo.

Es un avance en materia de transparencia, ya que se tendrán que registrar y publicar las negociaciones colectivas ante un nuevo órgano, denominado Centro Federal de Conciliación, con lo cual cada trabajador podrá conocer los detalles de los acuerdos entre patrones y sindicatos.

Por su parte el abogado laborista Oscar de la Vega estableció que la reforma laboral es positiva en términos generales, ya que busca mejorar la democracia sindical y la negociación colectiva.
Por primera vez en el país se pone a consideración el derecho de los trabajadores a si quieren o no estar sindicalizados. “Se establece que nadie está obligado a pertenecer a un sindicato o federación”, señaló.

Hizo notar que de acuerdo al Artículo 110 fracción VI un trabajador decidirá de manera libre si quiere pagar cuotas sindicales.
Además, indicó, un trabajador podrá decidir si quiere estar dentro de un CCT.
Sostuvo que se trata de pasos positivos para democratizar a las organizaciones sindicales y al mismo tiempo buscar la forma de reinventarse y tener el apoyo de las bases.
Un avance es que cuando haya un emplazamiento a huelga por revisión de CCT, deberá contar con el respaldo de por lo menos el 30 por ciento de los trabajadores de la empresa.
Con ello se pone un freno a las huelgas que son utilizadas por los líderes sindicales para obtener beneficios económicos y políticos.

De la misma manera calificó como un avance la creación del Centro de Conciliación Laboral que tiene un plazo de dos años para entrar en operación.
A su vez, los sindicatos tienen cuatro años para presentar sus CCT para que sean avalados o ratificados con el apoyo del 50 por ciento más uno de los trabajadores de una empresa, si no lo hacen se da por terminada la relación colectiva.

Con la reforma laboral y la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país se empezará a dar la multisindicalizacion, es decir que varios sindicatos convivan en una misma empresa.
Al tocar el tema de la huelga consideró que es una figura “oxidada” y ya no responde a las necesidades del país y de la clase trabajadora.

La reforma a la ley hace una pequeña modificación para que el patrón se someta a un arbitraje y evitar paros de labores de más de 60 días.
“Las pequeñas y medianas empresas no pueden soportar huelgas de más de dos meses y por eso sería bueno revisar el proceso y establecer un arbitraje privado para ver quién tiene la razón”, dijo.

Para el especialista en Derecho Laboral, Luis Fernando de la Calle, el proceso de aprobación del T-MEC es inminente una vez que la Comisión de Comercio Internacional de EU ha emitido su estudio de evaluación sobre el impacto económico, que determina que es mínimo en términos de crecimiento y empleo en vista de la apertura que ya se vive con el TLCAN en vigor y con la promulgación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo en México para adecuarla al Anexo 23-A del T-MEC.

“A través de estas reformas se garantizan en el país la libertad de asociación y la democracia sindical, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje tripartitas, y se crean centros de conciliación y registro de naturaleza independiente”.
Explica que como en ocasiones anteriores, las dificultades para la aprobación del nuevo tratado se darán mucho más en Estados Unidos que en Canadá y en México.
“Cualquier aprobación comercial en Washington es compleja, cuando se trata de dos de sus socios comerciales más importantes aún más”.

Canadá y México son su primer y segundo mercado en el mundo (en poco tiempo será al revés), mientras que México es su segundo proveedor (detrás de China) y Canadá el tercero.
China y México ya se disputan el título de primer o segundo socio comercial de Estados Unidos en el mundo.

De hecho, añade De la Calle, el argumento más sólido para lograr la aprobación es recordar a los congresistas estadounidenses que la forma más exitosa para competir con China es una mayor integración en la región y con México como la plataforma global de exportación de América del Norte.

El Anexo 23-A del T-MEC establece obligaciones específicas para México, orillándolo a modificar su legislación laboral que deberá estar orientada a la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.
Según el anexo, México está obligado a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición del trabajo infantil y la exclusión de la discriminación en todas sus formas.

Al margen de las opiniones de especialistas sobre la reforma laboral, las acciones puestas en marcha por el presidente López Obrador ponen en evidencia la sumisión y pérdida de soberanía ante el gobierno de Donald Trump, quien lo mismo decide la política migratoria de México que las modificaciones a las leyes en materia laboral.

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