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AMLO EL REPRESOR

*En 1993, AMLO manipuló a barrenderos de Villahermosa, Tabasco, para plantarse en el zócalo de la Ciudad de México; en 1996 encabezó el bloqueo a pozos petroleros de Pemex; en el 2000, violó leyes electorales para registrarse como candidato al gobierno del entonces Distrito Federal; en el 2006 causó pérdidas millonarias con el megaplantón en protesta por los resultados de las elecciones presidenciales. Hoy somete todo movimiento opositor.

 

*En represalia por la toma de accesos a la presa La Boquilla por parte de productores de Chihuahua, el presidente López Obrador ordenó a su policía política, la Unidad de Inteligencia Financiera, congelar las cuentas bancarias del alcalde de Delicias, Eliseo Compeán; del titular de los módulos de riego del río Conchos, Salvador Alcántar; y del ex gobernador José Reyes Baeza. AMLO reprime a quienes defienden el agua para sus cultivos.

 

*Mediante la disposición de las capacidades de almacenamiento de agua del país y el manejo de las presas internacionales, México debe cumplir con el tratado internacional de 1944; sin embargo, la extrema sequía pronosticada para Chihuahua en los siguientes meses pone en peligro el riego de tierras durante el siguiente ciclo agrícola. A falta de argumentos técnicos, la respuesta de AMLO se centra en descalificaciones políticas sin sustento.

 

 STAFF SOL YUCATÁN

Ciudad de México.- El historial como líder opositor del presidente López Obrador se ha caracterizado por frecuentes violaciones a todo tipo de leyes, incluidas por supuesto las electorales.

En el año 2000, el hoy presidente de la República violó la ley electoral al registrarse como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), pues carecía de la residencia que las leyes le exigían.

Su credencial de elector era de su natal Tabasco y solo presentó una carta de delegado del partido en Coyoacán, acreditando que vivía en la hoy Ciudad de México.

En cuanto a procesos electorales, AMLO perdió dos elecciones para gobernador en Tabasco y en ambas, como es su costumbre, desconoció los resultados.

En la de 1988, cuando compitió como candidato del Frente Democrático Nacional, López Obrador obtuvo el 21 por ciento de los votos, contra un 78 por ciento del priista Salvador Neme Castillo.

AMLO se inconformó con los resultados argumentando fraude electoral y prometiendo la presentación de pruebas, mismas que nunca se formalizaron de acuerdo con las leyes vigentes.

Pero el cuestionable historial del político tabasqueño viene de años atrás. En 1993, se encargó de manipular a barrenderos del municipio de Villahermosa, Tabasco, para plantarse en el zócalo de la Ciudad de México en septiembre y poner en riesgo la celebración del desfile militar.

Ese año, AMLO recibió un jugoso pago de parte del gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para levantar el plantón, regresar junto con los barrenderos a Tabasco y olvidarse  por completo del asunto. Así lo hizo.

En 1994, Andrés Manuel López Obrador volvió a competir por la gubernatura tabasqueña, perdiendo de nueva cuenta, entonces frente a Roberto Madrazo Pintado.

La protesta de López Obrador fue violenta: marchas y un plantón en el zócalo de la capital Villahermosa. AMLO había violentado las leyes para intentar la destitución de quien le había ganado las elecciones.

En 1996, como una forma de consolidar su liderazgo en Tabasco y en el PRD, López Obrador encabezó a un grupo de campesinos para bloquear el acceso a pozos petroleros de Pemex y causar daños millonarios; una vez más, había violado la ley.

En el 2006, luego de su derrota en las elecciones presidenciales, López Obrador inició un megaplantón que abarcó desde Paseo de la Reforma, avenida Juárez, la calle de Madero y la plancha del zócalo capitalino en protesta por los resultados que le dieron la victoria a su contrincante, el panista Felipe Calderón, causando pérdidas millonarias a hoteleros, restauranteros y todo tipo de comerciantes establecidos en el primer cuadro de la Ciudad de México.

De nuevo, AMLO violó la ley al impedir durante mes y medio el libre tránsito de personas y vehículos en un amplio perímetro de la Ciudad de México, al igual que obstaculizar las actividades económicas en una zona conocida como uno de los principales corredores financieros del país.

Pese a ese largo historial en los cuadros de la oposición caracterizado por constantes violaciones a la ley, el presidente López Obrador censura y descalifica todo tipo de movimientos opositores que de alguna u otra manera estén en descuerdo con su forma de gobernar.

El reciente bloqueo a los accesos de la presa La Boquilla en el municipio de Delicias, Chihuahua, por parte de productores del campo que demandan garantizar el abastecimiento de agua para el próximo período agrícola al pronosticarse una severa sequía, ha sido objeto de todo tipo de descalificaciones por parte de AMLO.

Del discurso de reprobación del movimiento de los productores, el presidente López Obrador pasó a los hechos al ordenar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) considerada su policía política, congelar las cuentas bancarias del municipio de Delicias y de su alcalde Eliseo Compeán; del exgobernador José Reyes Baeza y del titular de los módulos de riego del río Conchos, Salvador Alcántar, por supuestas transferencias irregulares en el sistema financiero nacional.

Eliseo Compeán denunció que se trata de una revancha política, pues dijo que si por exigir que haya justicia para Jessica Silva –fallecida durante la revuelta del pasado 8 de septiembre- congelan las cuentas del municipio de Delicias, “yo creo que la misma ciudadanía va a estar a mi lado, porque si manifestarme porque haya justicia es algo malo y esa es la contestación de la Federación, lo seguiré haciendo”.

La UIF congeló 44 cuentas del municipio, 21 en Bancomer y 23 en Santander, todas identificadas como “Ayuntamiento de Delicias” y cuyos contratos firman por una parte el presidente municipal Eliseo Compeán y por otra parte el tesorero del ayuntamiento, Roberto Carreón.

El alcalde de Delicias reconoció que también le fue asegurada una cuenta bancaria personal que sólo tiene 21 mil pesos y que el resto de cuentas que conserva de su época de diputado local están en ceros.

El ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, dijo no haber sido notificado ni por el banco ni por la UIF sobre el aseguramiento de sus cuentas bancarias.

“Desconozco los motivos de esta medida, pues las cuentas tienen montos mínimos y sus movimientos son regulares y comprobables”, señaló.

Poco después, la UIF dijo que las cuentas bloqueadas al ex gobernador están relacionadas con la “estafa maestra” y representan alrededor de 129 millones de pesos durante su gestión como director del ISSSTE, información que Reyes Baeza rechazó.

A estas alturas del movimiento de La Boquilla, el consenso de la ciudadanía y diferentes actores políticos, es que la respuesta que ha dado el Presidente se centra más en las descalificaciones políticas que en argumentos técnicos sobre la problemática que enfrenta el abasto de agua y el cumplimiento del Tratado de Aguas firmado en 1944 con Estados Unidos.

Según este acuerdo, México entrega a Estados Unidos la tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del Río Bravo proveniente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y del Arroyo de las Vacas, cantidad que no debe ser menor de 432 millones de metros cúbicos en promedio anual, contabilizados en ciclos de cinco años.

En contraparte, Estados Unidos debe entregarle 1,850 millones de metros cúbicos anuales de agua a México del río Colorado de la Presa Imperial en California.

Sin embargo, México está atrasado en los pagos de años anteriores, por lo que en julio pasado Washington envió una nota diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El plazo para pagar se fijó para el próximo 24 de octubre, por lo que México deberá liberar agua de sus diques, además de que se busca evitar que Estados Unidos renegocie el tratado.

La Conagua argumentó que no es posible postergar el cumplimiento del pago debido a que el ciclo anterior, que concluyó en 2015, cerró con un retraso, lo cual no puede ocurrir en dos ocasiones consecutivas.

Pese a la problemática que envuelve al conflicto de La Boquilla, el presidente López Obrador ha tratado de minimizar y desviar el movimiento de los productores a una disputa de potentados, cuando en realidad el conflicto tiene una dimensión social mucho más amplia entre toda la población y particularmente entre miles de familias que dependen de los cultivos de la región, en su mayoría ejidatarios y pequeños productores.

 

El desdén del Presidente

 

Al fijar su posición sobre el tema, la Alianza Federalista integrada por 10 gobernadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, señaló que resulta preocupante que en el fondo de la posición del Presidente hay una insistencia de estigmatizar y descalificar toda participación política -mientras no sea la de su propio partido- que reivindique o defienda derechos sociales; en los hechos se pretende penalizar la pertenencia a un partido político.

La alianza exhortó al diálogo al gobierno federal, pues llama la atención, el tono y el desdén de AMLO que se niega a escuchar y atender las propuestas y alternativas que han planteado de manera conjunta productores y el gobierno del estado para solucionar el conflicto.

Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista dijeron respaldar la lucha del pueblo y del gobierno del estado de Chihuahua en defensa del agua, así como el derecho a defender su libertad política y soberanía.

Los mandatarios pugnaron porque se apueste por el diálogo y la negociación con los productores y cese la permanente descalificación de quienes defienden el agua en las presas de Chihuahua y han alzado la voz para expresar su desacuerdo.

“Coincidimos en que México debe cumplir con los términos del tratado internacional de aguas de 1944, el cual debe realizarse acorde a la realidad actual y, aprovechando todas las capacidades de almacenamiento del país, entre ellas el manejo de las presas internacionales”, señaló la Alianza Federalista.

Chihuahua siempre ha contribuido al pago del tratado de aguas con una aportación de más del 50 por ciento de la cuota anual que se entrega a Estados Unidos; sin embargo, el escenario de extrema sequía para el estado pronosticado para los siguientes meses por la Comisión Nacional del Agua, pone en peligro el riego del campo chihuahuense durante el siguiente ciclo agrícola.

No obstante, para el presidente López Obrador el conflicto por el agua tiene tintes político-electorales, ya que asegura que en Chihuahua ha habido una relación de complicidad entre el PRI y el PAN, “una asociación desde Salinas de Gortari, engañaron al pueblo de Chihuahua durante mucho tiempo, que eran distintos y al final es más de lo mismo que había antes”.

Según AMLO “estos políticos están utilizando el tema de la presa con fines políticos y electorales, además de tener intereses con relación al control y manejo del agua”.

López Obrador aseguró que a pesar de que su gobierno ha informado a la población de Chihuahua sobre los beneficios que tendrán con la presa, los exgobernadores “engañan, manipulan y promueven” este tipo de movimientos.

Está muy claro que el presidente López Obrador se basa en las descalificaciones políticas sin aportar argumentos técnicos a la solución del problemática de La Boquilla.

El conflicto de La Boquilla inició el pasado 6 de septiembre, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrió la válvula de salida de agua de la presa.

En ese momento, agricultores del distrito de riego acudieron al sitio para interrumpir la acción de la Conagua sin lograr su objetivo, pues fueron repelidos por elementos de la Guardia Nacional para posteriormente protestar frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Para el 8 de septiembre, los pobladores se organizaron para avanzar en caravana hasta la presa. Su objetivo era conseguir que los elementos de la Guardia Nacional les dieran paso para entrar a cerrar las llaves de desfogue.

La caravana arribó al mediodía. En las puertas de la presa, los representantes del colectivo pidieron acceso a la Guardia Nacional, y luego intentaron derribarlas. Alrededor de las cinco de la tarde comenzó el enfrentamiento, con detonaciones de gas pimienta, pero sin disparos. Los manifestantes usaron palos para defenderse. Cerraron la válvula e hicieron un llamado a las comunidades locales para delegar guardias y controlar el acceso al sitio.

Después del enfrentamiento, la Guardia Nacional se retiró de la zona, eran las 6 de la tarde.

Alrededor de cuatro horas más tarde, dos personas fueron asesinadas, presuntamente por represalia.

Al parecer los productores Jaime Torres y Jessica Silva fueron seguidos por elementos de la Guardia Nacional luego de haber participado en las protestas.

La Guardia Nacional informó que detuvo a tres personas que portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para arma de fuego; posteriormente, los trasladó a la ciudad de Delicias, cuando fueron interceptados en la Derivadora Andrew Weiss, donde civiles armados, en varios vehículos, abrieron fuego; ante lo cual fue repelida la agresión.

En el reconocimiento se localizó a una persona fallecida en un vehículo y otra herida que se envió al hospital, muriendo más tarde. Después se reportó que eran los productores agrícolas Jessica Silva y su esposo Jaime Torres, ambos sumaron cinco disparos en la espalda.

Según reportes oficiales, en la presa hubo agresiones entre ambas partes, y grupos de agitación repartieron cientos de palos, bebidas alcohólicas, así como el uso de bombas molotov. Ante ello, la Guardia Nacional decidió replegarse para evitar episodios de violencia.

Los alcaldes de Delicias y de Meoqui, Eliseo Compeán e Ismael Pérez, respectivamente, acusaron a la Guardia Nacional de ejecuciones arbitrarias, mientras que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, exigió a la Fiscalía General de la República que fueran investigados los hechos suscitados entre las 22:30 horas, cuando la pareja de productores se encontraba camino a casa.

A raíz de estos hechos, los manifestantes bloquearon el acceso a las instalaciones del 66 Batallón de Infantería de Delicias, además del plantón de los productores agrícolas frente a La Boquilla, quienes ahora reclaman que la muerte de sus compañeros no quede impune.

Al momento de concluir este reportaje, diputados de diferentes fracciones parlamentarias del Congreso de Chihuahua, realizaban su sesión ordinaria a un costado de la presa La Boquilla, en un afán por encontrar una salida al conflicto del agua.

 

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