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CHIHUAHUA: LA NARCOAVIONETA

*El perfil que delineó el PRI sobre el político chihuahuense dibujaban a un César Duarte impoluto, honesto y honorable, transparente

*Fue señalado de haber ganado la elección mediante un fraude electoral, pero el estertor de la violencia era de tal magnitud que todos callaron

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

(Los incomodos ll, segunda de cuatro partes)

Ciudad de México.- En 2010, tras concluir su periodo como legislador federal –en su último año fungió como presidente de la Cámara de Diputados –César Horacio Duarte Jáquez, originario de Parral, Chihuahua, comenzó a preparar su plataforma de lanzamiento como candidato al gobierno de su estado natal.

Entonces el PRI se aprestaba a preparar las mejores credenciales quien sería su abanderado en una entidad gobernada por el priista José Reyes Baeza Terrazas que era azotada por la corrupción, la desaparición forzada de personas -principalmente mujeres- y el crimen organizado, representado por el cártel de Juárez y sus diferentes ramificaciones crimínales.

El perfil que delineó el PRI sobre el político chihuahuense dibujaban a un César Duarte impoluto, honesto y honorable, transparente como el agua más prístina y con las más sanas intenciones de transformar la realidad dolorosa de su estado, expresada en el aumento de la pobreza, lastre tan pernicioso como la violencia y el narcotráfico.

Para el PRI, César Duarte era el mesías, el hombre del cambio, nadie como él para revolucionar a un estado que necesitaba fuertes transformaciones sociales, económicas y también políticas.

El trabajo de marketing no podía ser mejor para posicionarlo, era la versión única e irrepetible de un priista que buscaba afanosamente entronizarse en el poder político.

Así vendió el PRI a su candidato César Duarte y sus paisanos lo creyeron todo: “Es el primer chihuahuense que logra por unanimidad ser presidente del Congreso de la Unión del 2008 al 2009 de la LX Legislatura, electo como legislador federal por la vía del voto directo y no de manera plurinominal, posición que le permitió ampliar su visión de Estado sobre los grandes problemas del país y particularmente de Chihuahua, y gestionar para nuestra entidad más recursos en medio de una crisis económica sin precedentes”.

El maquillaje para quien a la postre resultó un pillastre en el poder, era insuficiente. Se necesitaba más color para vender la mentira, la bendición presidencial. Y lo lograron: “Al final del ejercicio de su Presidencia en el Congreso fue reconocido por el presidente de la República, Felipe Calderón, por los logros en la conducción del Poder Legislativo y también por el resto de las fuerzas políticas que valoraron el nivel de apertura, de puentes y de diálogo político para alcanzar el desarrollo pleno de los temas de la agenda nacional”.

​Y la lluvia de elogios no se hicieron esperar en la construcción artificial de un candidato: “Tribuno brillante y orador elocuente y destacado, César Duarte logró que sus principales iniciativas obtuvieran el consenso del pleno legislativo, sobresaliendo la Ley de Energía para el Campo, la cual fue aprobada por unanimidad, y las reformas para agilizar la aplicación de créditos y recursos a las actividades primarias del país.

Otra iniciativa de enorme trascendencia social y humana fue la que provocó los cambios a la Ley del Buró de Crédito, donde más de 100 mil chihuahuenses, así como más de dos millones de mexicanos, fueron liberados de lo que se ha considerado un yugo financiero”.

En su perfil, los publicistas del PRI también incluyeron algunos datos biográficos: que es hijo de un personaje a quien llaman Chano Duarte; que se casó con Bertha Gómez y tuvo tres hijos; que es abogado de profesión, egresado de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; que pertenece al PRI desde 1979; que fue presidente de la Confederación Nacional Campesina de Chihuahua; que sus comidas favoritas son “los burritos juarenses” y además también dicen que viajó varias veces a Guatemala y Colombia para analizar los esquemas de seguridad más eficaces para poderlos aplicar en Chihuahua en contra de la delincuencia organizada.

​En junio de 2010, pocos días después de haber ganado la elección de gobernador, César Duarte lucía sonriente, gozoso de haber sido electo. Tanta era su felicidad que solía decir que no tenía miedo de gobernar el estado de Chihuahua, entonces considerada la entidad más violenta del mundo, debido a los enfrentamientos entre las bandas del narcotráfico, en particular los cárteles de Juárez y Sinaloa, enemigos acérrimos desde hacía varios años.

César Duarte era señalado de haber ganado la elección mediante un fraude electoral, pero el estertor de la violencia era de tal magnitud que las balaceras y las matanzas generadas por los cárteles de Juárez y de Sinaloa –en abierta lucha por el control del estado – apagaba toda protesta en contra de las sucias elecciones.

César Duarte conocía y muy bien las causas de la violencia generalizada que vivía la entidad, particularmente Ciudad Juárez –territorio sin ley-, pero omitía mencionar a las organizaciones criminales por su nombre.

PATRIA ENSANGRENTADA

Cuando los reporteros le preguntaban cómo le iba a hacer para gobernar el estado más violento del mundo, el priista respondía: “Primero hay que quitarle ese estigma que se le ha impuesto, aunque a lo largo de su campaña se refirió a Chihuahua como “una patria ensangrentada, empobrecida y desordenada”.

Y cuantas veces se le preguntó sobre cuál sería su estrategia para enfrentar al narcotráfico él siempre respondió que confiaba en el nuevo sistema de seguridad pública, que se aplicaría en Chihuahua un plan piloto de seguridad y presumía a los cuatro vientos que éste sería un modelo que, más adelante, se podría en marcha en todo el país.

Cuando César Duarte asumió la gubernatura, el estado de Chihuahua enfrentaba una verdadera crisis de seguridad. No había estructura policiaca local ni federal que le hiciera frente a la guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa.

En cada uno de los 67 municipios de la entidad se vivía violencia, balaceras, levantones, desapariciones, ejecuciones.

En 2010 las cifras más conservadores daban cuenta de unas 25 mil muertes por los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado.

El triunfo de César Duarte, pese a su discurso elocuente y a sus “buenos propósitos”, no daba ninguna esperanza a los chihuahuenses. Más aún porque el PRI había postulado a varios candidatos presuntamente ligados al narcotráfico.

Uno de ellos era Héctor Murguía Lardizábal, abanderado de ese partido a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, un territorio corroído por la violencia. Esto derivó en fuerte escándalo, pero el PRI no reculó y sostuvo a su presunto narcodandidato.

El entonces presidente estatal del PRI en Chihuahua, Miguel Ángel González, desoyó los cuestionamientos hacia Murguía y, tajante, dijo públicamente: “La decisión ya está tomada” y agregó que la decisión había recaído en Héctor Murguía “porque era una garantía de triunfo”.

Y así, la candidatura de este personaje, pese a su mala fama, recibió el respaldo de la entonces lideresa nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel y del mandatario chihuahuense, José Reyes Baeza.

Pronto comenzaron a salir a flote más evidencias que robustecían la versión pública de que Murguía estaba ligado con los cárteles de la droga.

Los hechos empezaron a confirmarlo. Durante su administración municipal unos 500 policías se sumaron a la protección de los operadores y sicarios del cártel de Juárez, entre otros, el llamado JL.

No fue todo: Durante la gestión de Murguía, su secretario particular, Saulo Reyes, fue detenido el 17 de enero de 2008 en El Paso, Texas, cuando pretendía sobornar con dinero a agentes del ICE para que le permitieran cruzar un cargamento de mariguana.

Según sus antecedentes públicos, antes ya había cruzado media tonelada de esa droga a territorio estadounidense, sin mayores consecuencias, la cual ocultó en una casa de su propiedad ubicada en Horizón, Texas.

La Corte Federal texana lo condenó a ocho años de prisión y al pago de 50 mil dólares.

La PGR (hoy FGR) por su parte, integró la averiguación previa AP/PGR/CHIH/CDJUA/Vl/37/2008 por sus presuntos vínculos con el cártel de Juárez, así como por la red de corrupción que se integró para proteger los intereses de esta organización criminal en Ciudad Juárez y otras demarcaciones donde el cártel tenía presencia.

Si alguna duda quedaba de los presuntos nexos de Murguía con el narcotráfico éstos se confirmaron al término de su gestión, con los resultados en materia de seguridad: Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo.

En tres años hubo 7 mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil habitantes de esa demarcación emigraron como consecuencia de la violencia; fueron cerrados unos 10 mil negocios, se perdieron unos 130 mil empleos, fueron abandonadas unas 25 mil viviendas .

Además, el cártel de Juárez tenía un mercado seguro en el consumo de drogas: Había 80 mil adictos a todo tipo de sustancias.

​El narcotráfico lo controlaba todo. Era más que evidente que el había influido en el proceso electoral que llevó a la gubernatura de César Duarte.

Un claro ejemplo es que hombres armados, presuntamente sicarios, se mantuvieron resguardando el municipio de Batopilas –donde el priista Leonel David Vega ganó la elección en forma aprestada y por ello se iba a impugnar el resultado –para impedir que el abanderado del PAN, Jesús Limón, acudiera ante las autoridades electorales a presentar su denuncia por las irregularidades en la contienda.

En el año 2010, cuando terminaba el sexenio de José Reyes Baeza, el escenario de violencia en Chihuahua era de miedo. Tan sólo en Ciudad Juárez, al término de la administración del entonces alcalde José Reyes Ferriz, se contabilizaban unos siete mil muertos en ese territorio.

Al gobernador saliente le recriminaban por todas partes que él fue un obstáculo para frenar la lucha contra el narcotráfico en el estado. Y a pesar de que los munícipes le solicitaban que pidiera ayuda a la Federación para detener la oleada de violencia, Reyes Baeza se oponía bajo el argumento de que los alcaldes de otros partidos pretendían utilizar el combate a la delincuencia como bandera política.

El panorama en Chihuahua era negro. Además de la ineficacia del gobernador Baeza y de la colusión de muchos alcaldes con el crimen se sumaba el hecho de que las policías de la entidad se convirtieron en verdaderos brazos armados de los cárteles. Por ello había acciones que nadie entendía de otra manera más que como complicidad abierta y descarada de los cuerpos de seguridad.

En varios municipios era común –pero en Ciudad Juárez alcanzó niveles de escándalo –el hecho de que la policía detenía a presuntos narcos y delincuentes de otros giros y tan pronto se ponían a disposición de las autoridades estatales no tardaban ni 48 horasencerrados porque los ponían en libertad.

Un caso que llamó la atención y que ejemplifica lo anterior fue el de un policía joven que detuvo a unos sicarios cuando viajaban a bordo de un vehículo. Iban armados hasta los dientes. Al policía le advirtieron queno se arriesgara porque lo iban a matar. La gente que iba en el vehículo era muy peligrosa. No hizo caso. Procedió a efectuar la detención de los delincuentes, armado con un rifle R-15.

​Uno de los narcos le advirtió: “El 48 horas estaré libre y te buscaré para partirte la madre”. La sentencia era real y se cumplió. Transcurridas las 48 horas el policía desapareció y fue hallado muerto y con el tiro de gracia.

No existía ningún tipo de colaboración entre las autoridades municipales y estatales. De acuerdo con cifras oficiales, en un trienio fueron detenidos unos diez mil criminales en Ciudad Juárez, acusados de secuestros, narcomenudeo y asesinatos, pero sólo unos quinientos se quedaron en prisión, pues la gran mayoría fueron puestos en libertad.

La Procuraduría (hoy Fiscalía)no le daba ningún tipo de seguimiento a los casos –tampoco permitía que otras autoridades actuaran –lo que derivó en más violencia y muerte. La corrupción policiaca y de las autoridades encargadas de la procuración de justicia frenaba las acciones incluso de la Federación.

Ejemplo de ellos fue el Operativo Conjunto Chihuahua, implementado por el gobierno federal en 2008, el cual resultó un fracaso. Anunciado por el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, como la panacea para resolver la violencia del narcotráfico en Chihuahua, las acciones militares terminaron convertidas en operaciones infructuosas.

​La idea de Mouriño, se dijo en aquella ocasión, era fracturar y desmantelar las cadenas y redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales. Esa fue la razón por lo que arribaron al estado más de 4 mil policías federales y otro tanto similar de militares que, de inmediato, tomaron el mando de la seguridad mediante la instalación de diez bases de operaciones mixtas y 46 puestos de control móviles. Para patrullar el estado, las fuerzas federales contaban con 180 vehículos, 13 equipos de detección molecular, tres aviones C-130 Hércules y un Boeing 727/100 de la Fuerza Aérea Mexicana.

​Aquel aparatoso movimiento policiaco y militar buscaba frenar la violencia y debilitar al pernicioso cártel de Juárez y su principal ejército de sicarios, La Línea. Pero después de seis meses quedó claro que, frente a la ola de terror que azotaba a Chihuahua, el despliegue de policías y militares era insuficiente frente al poder del narcotráfico.

Frente a la fuerza del Estado el narcotráfico respondía con más violencia y corrupción. Fue cuando se recrudeció la violencia. Hubo fuertes y cruentos ataques a centros de rehabilitación para adictos; los penales del estado estaban bajo el control del narcotráfico, particularmente de las bandas aliadas al cártel de Juárez, como Los Aztecas, Los Mexicles y Los Artistas Asesinos, las cuales tenían infiltradas a todas las policías de Chihuahua.

​Los alcaldes chihuahuenses le exigieron al gobierno de Felipe Calderón que enviaran unos mil soldados al estado. Y así se hizo. Los militares pronto sustituyeron a unos 800 agentes policiacos. Tras ser sometidos a exámenes para evaluarlos resultó que los policías tenían nexos con el narcotráfico, eran consumidores de droga y una buena parte de ellos operaban como sicarios del cártel de Juárez.

Mientras las fuerzas federales realizaban operativos, detenciones y patrullaban el estado para pacificarlo, el crimen organizado exhibía a las autoridades por todas partes.

Días después de que César Duarte Jáquez tomó posesión como gobernador el crimen organizado le dio la bienvenida, a su más puro estilo: fueron ejecutados dos familiares suyos, entre ellos, Mario Humberto Medina, su sobrino. Era el primer aviso. Era claro que lo querían someter.

La crisis de seguridad que heredó César Duarte tenía que ver, en buena medida, con la protección al crimen organizado que realizó el gobierno de José Reyes Baeza. Quien fue severamente señalada de tener nexos con el cártel de Juárez fue Patricia González Rodríguez, quien fungió como procuradora del estado.

Ya en el gobierno de César Duarte ocurrió un hecho que mantuvo a González Rodríguez en el ojo del huracán: fue secuestrado su hermano, Mario González Rodríguez. El hecho ocurrió el 21 de octubre de 2010 y, según ella misma denunció, participaron expolicías y agentes activos del estado. Lo verdaderamente sorprendente es que luego apareció un video en el que su propio hermano la acusa de varios asesinatos y de tener vínculos con el cártel de Juárez. El video habría sido grabado en las instalaciones de la Procuraduría del estado.

Sin embargo, la exprocuradora protagonizó todo un escándalo. El entonces gobernador, César Duarte, negó que en el plagio hayan participado exagentes y agentes del estado. Patricia González dijo que ella tenía conocimiento que la Secretaría de la Defensa Nacional –que la veía con recelo por sus presuntos nexos criminales –contaba con información sobre el secuestro de su hermano, el cual fue perpetrado poruna célula del cártel de Sinaloa que estabaconfrontada con el de Juárez.

La exprocuradora había generado serios conflictos en el estado y se le acusaba de haber obstaculizado, en el sexenio de Felipe Calderón, el Operativo Conjunto Chihuahua al dejar en libertad a cuanto delincuente era detenido. Estas acciones pusieron en evidencia sus presuntos arreglos con el crimen organizado, en particular, con el cártel de Juárez.

EL PLAGIO DEL HERMANO

Y el plagio de su hermano –realizado por el cártel de Sinaloa –ponía en evidencia que le estaban cobrando la factura por la probable protección que otorgó, desde la procuraduría del estado, al cártel de Juárez, entonces encabezado por Vicente Carrillo, quien enfrentaba un conflicto a muerte con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

​El crimen organizado se encargó de evidenciar las razones del secuestro de Mario González. En sendas mantas que aparecieron en varios puntos del estado se denunciaba: “A las autoridades y al público en general, no se dejen engañar, las causas de todos los desmanes en esta ciudad son causados…por el cártel de Sinaloa”. Y otra decía: “ Qué pasó, Noel Salgueiro, para qué secuestraste a Mario González”.

Y además se afirmaba también que el secuestro de la hermana de la procuradora Patricia González ocurrió porque ambos hermanos habían incumplido con los acuerdos pactados con el cártel de Sinaloa.

Tras la colocación de las mantas, el narcotráfico subió a la página youtube.com un video donde aparecía Mario González sometido a un interrogatorio. Se le cuestionaba sobre una ola de asesinatos ocurridos en Chihuahua y él responsabilizó a su hermana de dichas muertes. El caso fue investigado por la PGR dentro de la Averiguación Previa PGR/CHIH/1613/2010-ll/B.

​La PGR dio seguimiento al caso y a un dato casi irrefutable: que el video se había grabado en las instalaciones de la Procuraduría del estado, pues las características del interior del inmueble eran idénticas al edificio oficial. El contenido del video generó un fuerte escándalo.

​En el interrogatorio implicó a funcionarios y exfuncionarios en el narcotráfico. Dijo, por ejemplo, que Ariel Mixueiro Muñoz, Ramón Humberto Oviedo Sáenz y Edgar Artemio García –alcalde, director y comandante de la policía municipal de Namiquipa, fueron ejecutados por La Línea.

La administración de César Duarte en Chihuahua dio continuidad a la protección del crimen organizado mediante la impunidad y acalló voces de activistas mediante una oleada de crímenes con los que apagó cualquier cuestionamiento a su gobierno.

Este fue el sello que impuso Duarte en Chihuahua desde los primeros días de su gobierno, cuando el 16 de diciembre de 2010 fue asesinada frente al Palacio de Gobierno Marisela Escobedo Ortiz. Ella se había convertido en un personaje incomodo para el gobierno de Duarte. Habían transcurrido poco más de un año y medio del gobierno de Duarte y ya habían sido asesinados ocho activistas sociales y defensoras de los derechos humanos.

A pesar de que a Marisela Escobedo le habían asignado escoltas para cuidarla, el día que la asesinaron ninguno de ellos la protegió, lo que genero fuertes sospechas de que detrás del crimen estaba la mano de César Duarte. Por todas partes de acusaba el entonces gobernador de haber cometido un crimen de Estado, impune hasta la fecha.

La violencia que generó el narcotráfico en el sexenio de César Duarte no solo derivó en dolor social sino que el impacto se reflejó en el desplazamiento de miles de personas –en otros casos hubo desapariciones forzadas –que dejaron poblaciones enteras sin habitantes.

Un caso emblemático fue el municipio de Guadalupe, donde en 2008 había 18 mil habitantes y para el 2014 sólo quedaban 2, 500 pobladores. Esto explicaba que el 90 por ciento de la población había sido desaparecida por el crimen organizado y otra parte de la gente se refugió fuera del estado por miedo a ser asesinada.

Las poblaciones más afectadas por la violencia del narco fueron Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y una pequeña parte de Ciudad Juárez. El entonces alcalde de Guadalupe, Gabriel Urteaga, resume en ocas palabras las causas de la desaparición y desplazamiento obligado de tantas personas: “La violencia, en general, se llevó a mucha gente”.

El exalcalde de Villa de Juárez también describió la ruindad de su municipios debido a la violencia: “ Desde que se entra al pueblo se ve la destrucción. Donde yo vivo hay 35 casas vandalizadas, quemadas, abandonadas. Todo está destruido”.

Miles de familias que huyeron por la violencia del narcotráfico buscaron asilo en Estados Unidos; contrataron abogados para tal fin, pues nadie quiso regresar a sus poblaciones. Temían morir bajo las ráfagas de las metralletas y los cuernos de chivo o quemadas porque justamente eso hacían los sicarios: quemaban a sus víctimas para no dejar rastros de sus fechorías. También las enterraban vivas y ahí quedaban los cuerpos atrapados bajo pesadas placas de cemento.

La violencia se recrudeció en Chihuahua desde el 2008, cuando las autoridades anunciaron que el cártel de Sinaloa había entrado al estado para apoderarse de la plaza. Fue cuando comenzó la guerra con el cártel de Juárez, pues Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quería desplazar a ese grupo criminal y también buscaba acabar con la hegemonía de los Carrillo Fuentes en el narcotráfico.

César Duarte utilizó la violencia del narcotráfico para mantener una gran cortina de humo en los medios de comunicación. Incluso llegó a afirmar que el capo Rafael Caro Quintero, quien salió de prisión mediante maniobras y argucias legales, operaba desde Chihuahua.

​Esta versión fue manejada por César Duarte a través de Jorge González, quien fuera fiscal del estado. El dijo que tenía información de que Caro Quintero ya estaba en Chihuahua y que estaba decidido a disputar el territorio con el cártel de Sinaloa.

​Javier Corral desmintió la afirmación de González y dio su versión: “ No hay ningún elemento, ninguna fuente policiaca confiable tanto de la Policía Federal como militar que confirme ese dicho. Las fuentes de inteligencia consultadas, tanto en México como en Estados Unidos, aseguran que no tiene capacidad ni poder para arrebatar una plaza y menos una tan importante como Ciudad Juárez.

​“Caro Quintero ya está viejo, no tiene hombres ni poder para disputar algo como Juárez y menos al cártel de Sinaloa, que la domina junto con otros grupos del cártel de Juárez”.

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