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CODHEY, COMPARSA DEL GOBIERNO

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- A pesar de la gravedad del problema cometido por funcionarios de diversas dependencias de la administración de Mauricio Vila Dosal, de 2019 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), sigue sin dar solución alguna a las numerosas denuncias interpuestas ante diversos actos y abusos cometidos por la autoridad.

En los últimos tres años, en la Entidad es estéril la defensa de los derechos humanos, pues aún son numerosos los casos pendientes en contra de funcionarios de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Salud de Yucatán (SSY), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), entre otras dependencias.

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y los 70 años de la Declaración Universal, en diciembre de 2018, Miguel Óscar Sabido Santana fue electo por el Congreso del Estado como presidente de la Codhey por el periodo de 2018 a 2023.

Durante el evento oficial fue elegido como nuevo Ombudsman Estatal, con 18 votos a favor, emitidos por igual número de diputados de la LXII Legislatura.

Sin embargo, su elección ya estaba pactada y no precisamente por presentar un buen proyecto, mucho menos por ser un buen defensor de los derechos humanos, pues su papá, un panista de hueso colorado, fue quien movió influencias para que lo eligieran como presidente de la Codhey.

Cabe destacar que Miguel Sabido era un prestigiado priista, de hecho, en su pueblo natal, Ticul, cada vez que había elecciones él era el encargado de robarse las urnas para que así pudiera ganar el tricolor y esas mañas nunca se quitan, ya que hasta hoy es un tipo de doble moral, mentiroso e hipócrita, que como titular de la Codhey sólo es parte de comparsa del Gobierno del Estado.

El pasado 25 de febrero, Sabido Santana compareció ante el pleno de la LXII Legislatura en Sesión Ordinaria, para rendir su Informe Anual de Actividades correspondiente al año 2020, ante la presencia de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Ricardo Ávila Heredia; y el Presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, Luis Borjas Romero.

Ante los legisladores expuso diversas y grandes mentiras, tal es el caso de que «los derechos humanos ponen a las personas en el centro, garantizando la atención de la salud para todos y preservando la dignidad humana. Invariablemente, también nos debemos centrar en quienes sufren más, los motivos que provocan este sufrimiento y en lo que se debe hacer al respecto».

Anunció que se dictaron 202 medidas cautelares a un total de 58 autoridades, de las cuales 99 fueron aceptadas, 31 no y en 72 no se tuvo respuesta, lo que representa el 49 por ciento de aceptación.

En su informe aseveró que «insistimos que la medida cautelar es el recurso previsto en ley, para prevenir violaciones o restaurar a las personas la inmediata vigencia de sus derechos, y es responsabilidad de todas las autoridades allanarse de las mismas, por lo que los exhortamos a cumplirlas en sus términos».

La Codhey aún está muy lejos de defender los Derechos Humanos de las personas por actos discriminatorios, denigrantes y violaciones de los funcionarios públicos de las diferentes dependencias de esta administración emanada del Partido Acción Nacional (PAN).

Sabido Santana es un mercenario de los derechos humanos, sólo se ha dedicado a dos cosas: a robar sueldo y estar al servilismo de las autoridades y servidores públicos, que a diario pisotean los derechos humanos de los ciudadanos.

En la Codhey se han cerrado carpetas de investigación de forma arbitraria, para no embarrar a los funcionarios públicos y, en muchos casos, ni siquiera han aceptado la queja, o bien, se deslinda y se declara incompetente.

Durante el 2020, según el Informe Anual de Actividades, tanto en las oficinas de Mérida como en las delegaciones de Tekax y Valladolid, se recibieron dos mil 679 solicitudes de atención, pero mil 312 casos no fueron competencia de la Codhey, es decir, el 49 por ciento.

«Sin embargo, fueron orientados, canalizados y/o acompañados ante las instancias correspondientes para la atención de sus asuntos», añadió.

Además de las denuncias recibidas a través de la Oficialía de Quejas y Orientación, así como de la Visitaduría General, que brindan estos servicios a la población, se iniciaron 44 expedientes de oficio, los cuales se conocieron a través de notas periodísticas.

Aviadores y privilegios

La protección a los servidores públicos del gobierno del Estado por parte del personal de la Codhey tiene una explicación: todos protegen sus intereses, pues cobran tanto en la comisión como en alguna dependencia del Ejecutivo Local e, incluso, hay hasta académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Es decir, los empleados, incluyendo al presidente, están en la nómina del Gobierno, incluso Sabido Santana goza de muchos privilegios, tal el caso de una camioneta VAN blindada, chofer, vales de gasolina, vales despensa, compensaciones y hasta gastos de presentación, como comidas en restaurantes con sus amigos, etc.

Por ende, con todos estos beneficios, le conviene mejor proteger a los servidores públicos, que defender las agresiones que sufren los ciudadanos al denigrar y pisotear sus derechos humanos.

El informe anual resulta ser una farsa y un circo, ya que para nada sirven las recomendaciones de la Codhey, los servidores públicos hacen caso omiso y sólo se burlan de los ciudadanos, cuando se deberían de dar sanciones y dejarlos fuera de todo cargo público de por vida, o mínimo por 10 años.

Claro está, la sanción debería empezar por Sabido Santana como titular de la Codhey, por corrupto e hipócrita.

Entre sus achichincles está el corrupto Eduardo René Osorno Kuyoc, que es el Oficial de Quejas y Orientación de la Codhey, que ya tiene dos demandas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Tanto por servilismo hacia las autoridades que violan los derechos humanos de los ciudadanos, así como por violentar las propias leyes internas de la Codhey.

Sabido Santana ordena cometer irregularidades jurídicas para proteger a los funcionarios, por lo que «es un vendido y un mercenario de los derechos humanos».

Cuando Sabido Santana entró a la Codhey, subió de puesto a Osorno Kuyoc, quien antes ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Escolar en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).

Cuando era funcionario gubernamental, una madre de familia lo demandó por permitir un ataque de bullying contra un niño con discapacidad motriz y, a pesar de conocer el problema, bloqueó al afectado y a su mamá.

«Cuando Eduardo Osorno trabajaba en la Segey, una madre de un niño denunció que Eduardo actuaba arbitrariamente y no defendía los derechos del niño en la escuela, sino que, al contrario, se ponía de parte de los agresores», estableció la afectada.

Durante la administración de Bojórquez Zapata, en marzo de 2009, Osorno Kuyoc estaba envuelto en el lío de la directora de Comunicación y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Mérida, Cecilia Flores Argáez.

Es más, Osorno Kuyoc le exigió el pago de 170 mil pesos e, incluso, la demandó, a pesar que era socio de ésta, y como se descubrió el fraude puso la querella para lavarse las manos y desligarse de Cecilia Flores, cuando él también obtenía ganancias de los fraudes.

Los sueldazos, ni que decir, pues tan sólo Mario de Jesús Ojeda Lara, de la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisición de la Codhey, el monto mensual neto de su remuneración, en tabulador, es de 30 mil 353.16 pesos.

En el caso de Hissarlik Atenea González Cetz, de la Dirección del Centro de Investigación de la Codhey, es de 22 mil 556.54 pesos.

De acuerdo con la documentación oficial obtenida, la visitadora adjunta Maricruz Martínez Martínez, para recabar información y documentación en relación al expediente Codhey/296/2019, se fue a la Ciudad de México, tuvo un gasto en viáticos por nueve mil 863 pesos, por tan sólo un día de trabajo, pues partió el 13 de febrero de 2020 y retornó al día siguiente.

El motivo es que viajó a la capital del país en primera clase, para efectuar una diligencia correspondiente a su cargo.

Violador de derechos humanos

A finales de junio de 2019, Sabido Santana fue acusado de nepotismo y violaciones a los derechos humanos de sus trabajadores, por lo que se presentó una denuncia en su contra ante el Órgano Interno de Control de la institución.

La demanda fue promovida por Noé David Magaña Mata y Adriana Trejo Martínez, ex servidores públicos de la institución, con 20 y 11 años de experiencia, respectivamente.

Ambos señalaron que, al menos cuatro funcionarios de esa comisión, tienen algún parentesco con Sabido Santana.

Trejo Martínez y Magaña Mata consideran que fueron despedidos de forma arbitraria e injustificada por el actual presidente de ese organismo, por haber participado en el proceso de elección en el que Sabido resultó ganador con 18 votos de 25 diputados locales.

El 10 de diciembre de 2018 fue elegido y el 15 del mismo mes despidió a quienes habían participado en el proceso de elección, por lo que para los afectados fue un acto de revanchismo político y hace que el caso pase ya de un conflicto laboral a un asunto de derechos humanos.

El caso lo sigue el expediente número OCI-Codhey 5/2019, ante el Órgano Interno de Control, que forma parte de la propia estructura burocrática de la instancia estatal.

En un oficio de contestación al Órgano por la parte demandada en el caso, se reconoce que hay familiares del Ombudsman yucateco trabajando en la Codhey, pero que dichas contrataciones fueron llevadas al manual de políticas y normas para la administración de los derechos humanos.

Informe 2020

Ante los legisladores pronunció que los usuarios señalaron a diversas autoridades como presuntas responsables de violaciones a derechos humanos, las 10 más señaladas fueron: Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Fiscalía General del Estado; Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; Secretaría de Salud de Yucatán; y los ayuntamientos de Celestún, Kanasín, Mérida, Progreso y Valladolid.

En sus quejas, los ciudadanos exponen posibles hechos violatorios a sus derechos humanos, los 10 más señalados son: prestación indebida de servicio público; detención arbitraria; lesiones; robo; amenazas; allanamiento de morada; violación a los derechos del niño; al derecho de los menores a que protejan su integridad; al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; y al derecho a la libertad de tránsito y residencia.

Para la atención de los casos, el personal de la Codhey realizó cinco mil 812 diligencias, ya sea de manera presencial, por correos electrónicos, llamadas telefónicas, entre otras.

Dentro de los procedimientos y para garantizar la integridad de los quejosos y agraviados, se dictaron 202 medidas cautelares y se interpusieron 12 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que, además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, también constituyen actos presuntamente delictivos.

Para apoyar en la búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas o detenidas ilegalmente, se llevaron a cabo 52 diligencias.

Durante el 2020, se emitieron 30 recomendaciones a 20 autoridades diferentes. Las autoridades que recibieron más de una fueron: el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que tuvo 13 recomendaciones; el Presidente Municipal de Umán, con tres; dos para el Cabildo de Izamal, y dos para el Fiscal General del Estado.

Además, 54 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Informó que personal de la Codhey participó como observador en cuatro marchas y tres manifestaciones convocadas por organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, además de diversas supervisiones en los filtros sanitarios y de reducción de la movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de las direcciones de Policía Municipal, implementadas en varios puntos de ésta ciudad de Mérida y en diversos municipios, con motivo de la pandemia generada por el Covid-19.

Incluso, se le dio continuidad, como observadores, a los procesos de consultas previas, verificadas a los integrantes de los pueblos y comunidades mayas, en relación al proyecto del tren maya.

Temas pendientes

Diversos son los temas pendientes de la Codhey, en especial en contra de funcionarios y entrenadores del IDEY, pues son muchos los menores de edad afectados, así como por parte del Hospital Psiquiátrico «Yucatán».

En el caso del IDEY, hay diversas querellas interpuestas ante la FGE y la Codhey, por los delitos bullying, acoso sexual, corrupción, nepotismo, violencia y abusos deshonestos, así como bigamia, entre otras anomalías.

Entre los más denunciados están los integrantes de la denominada «mafia cubana deportiva», creada por Pablo Rodríguez Fandiño, quien protege a José Carret, Randy Boué, Ramón Martínez, Vicente Zúñiga, Yalina García, Alexander Varona, Ivette Bacallao y Narciso Boué García, todos ellos con denuncias diversas, en especial los entrenadores de clavados.

El titular de la Codhey se comprometió a efectuar una inspección en el Psiquiátrico para confirmar o descartar si en realidad se realizan investigación sin protocolo, exponiendo la vida de los usuarios.

De acuerdo con el expediente de las investigaciones realizadas en el Hospital Psiquiátrico «Yucatán», el cual consta de 178 hojas, todas ellas firmadas y selladas; de octubre de 2005 a abril de 2009, fueron cuatro los estudios de experimentación de fármacos en usuarios albergados en éste nosocomio.

En esos cuatro años se dio una mafia entre especialistas y grandes empresas farmacéuticas, la cual nuevamente surgió, con estudios autorizados por el titular de la SSY, Mauricio Sauri Vivas, con el aval del Gobernador Mauricio Vila Dosal, y, por tal motivo, la Codhey haría una investigación detallada sobre la situación que impera.

La experimentación de fármacos aún sin patentar entre los pacientes es un problema añejo e involucra a reconocidos especialistas, uno de ellos murió asesinado, específicamente, Felipe Triay Peniche, así como también de reconocidos políticos que ahí laboran.

Asimismo, debido a la efectividad del Modelo «Miguel Hidalgo» de Atención en Salud Mental a favor de los usuarios del nosocomio, Sabido Santana se comprometió a emitir una recomendación al Gobierno del Estado para su pronta reinstalación.

Incluso, solicitaría información sobre el avance de las obras de las Villas de Transición del Modelo «Hidalgo», sin embargo, hasta la fecha ni sus luces.

DHEY

 

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