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DEFRAUDA MARÍN A 10 MIL FAMILIAS

*Entregó en Guerrero vivienda de pésima calidad a afectados por huracanes, donde se invirtieron 45 mil millones de pesos. Se hizo inmensamente rico con la reconstrucción de las viviendas damnificadas

*Desvió miles de millones de pesos a través de algunos personajes que él mismo habilitó como constructores. Utilizó a su confidente y excoordinadora de delegaciones de la Sedatu, Sheila Ortega Muciño

*El candidato a la Alcaldía de Mérida fue quien operó todo el robo que se hizo a través de las constructoras, pues fue quien las habilitó para la reconstrucción

Redacción /Sol Yucatán

Mérida. – La corrupción y la impunidad que caracteriza a Jorge Carlos Ramírez Marín carece de límites dentro de la República Mexicana, pues Guerrero se suma a las entidades donde protagonizó irregularidades, tal como ocurrió en Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo y Yucatán.

La cantidad de dinero que fue desviado es estratosférica, de varios miles de millones de pesos, y los hoy enjuiciados fueron los subalternos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), quienes firmaron los documentos que evidenciaron la anomalía, mientras él sólo se encargó de cobrar el dinero para su uso personal.

En Sol Yucatán, desde que se comenzó a publicar los latrocinios perpetrados por Ramírez Marín durante su paso por la administración pública, no ha parado de llegar información sobre las numerosas irregularidades que causó, sin que hasta el momento pise la cárcel.

Ya se habló de la Península de Yucatán, así como de Baja California, Ciudad de México y ahora tocó el turno de las acusaciones que le imputan las familias de Guerrero, ya que se hizo inmensamente rico con la reconstrucción de las viviendas damnificadas por el paso del huracán «Ingrid» y de la tormenta tropical «Manuel».

Hasta hoy, cerca de 10 mil familias de Guerrero sufren los estragos de los meteoros y de la corrupción de Ramírez Marín, por lo que piden su encarcelamiento ante el descarado y millonario fraude que cometió hace ocho años, con la entrega de viviendas de pésima calidad, para lo cual se invirtieron 45 mil millones de pesos.

Al igual que en Baja California, en Guerrero la imagen del senador y actual candidato a la Alcaldía de Mérida, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está por los suelos, al grado de considerarlo como «persona no grata», ya que su ambición no tuvo límites, pues afectó a más de 10 mil familias necesitadas, quienes en 2013 sufrieron los estragos de ciclones tropicales.

Ante el dolor ajeno, Ramírez Marín tuvo la oportunidad de desviar miles de millones de pesos a través de algunos personajes que él mismo habilitó como constructores.

De igual forma, involucró al exdelegado de la Sedatu en ese mismo Estado, Héctor Vicario Castrejón, al cual inclusive se le inhabilitó para desempeñar cargos públicos durante diez años, por diversas irregularidades que se le comprobaron durante su gestión.

Cabe hacer mención que jamás pudo desmentir dichos señalamientos por los que fue inhabilitado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Y es precisamente de lo que se queja el pueblo de Guerrero, ya que en su tiempo se detectaron numerosas anomalías en la construcción de viviendas en el fraccionamiento El Mirador, donde también se hicieron trabajos de reconstrucción.

Aunque Ramírez Marín fue el autor intelectual del escenario de corrupción registrado en dicha Entidad, Vicario Castrejón quedó como un auténtico ladrón para la comunidad guerrerense y los damnificados de dicha unidad habitacional.

El candidato a la Alcaldía de Mérida fue quien operó todo el robo que se hizo a través de las constructoras, pues fue quien las habilitó para la reconstrucción, para lo cual utilizó a la excoordinadora de delegaciones de la Sedatu, Sheila Ortega Muciño.

Al estar implicada en la problemática, también se le inhabilitó para desempeñar un cargo público durante diez años, por negligencia administrativa, lo cual consta en el expediente 0061/2017 de la Secretaría de la Función Pública, ya que igual se le encontraron manejos indebidos de los recursos públicos.

Para los guerrerenses es incomprensible que a Ramírez Marín no se le finquen responsabilidades del millonario desvío de recursos y de acciones fraudulentas durante la reconstrucción de las viviendas en el Estado aledaño al Océano Pacífico.

La Sedatu fue la dependencia que tuvo a su cargo recursos multimillonarios para la reconstrucción habitacional de Guerrero y de lo cual se sabe que robaron y desviaron más del 70 por ciento de dichos recursos.

A pesar de que los guerrerenses están pendientes para que la ley se aplique en todos los niveles, al menos por el momento, Ramírez Marín ha podido salirse con la suya y su principal estrategia es su inmunidad como legislador, la cual vence en este año, por lo que en breve carecerá de amparos.

Tragedia meteorológica

A ocho años de la tragedia provocada por los meteoros «Ingrid» y «Manuel», las casas construidas para los damnificados siguen a medias y constantemente son saqueadas, por lo que insistente el clamor de justicia por parte de los guerrerenses.

Por ende, de 2013 a la fecha, a gritos exigen la resolución del fraude y robo al que fueron sometidos por funcionarios públicos designados por Ramírez Marín.

Para la reconstrucción de Guerrero se destinaron 44 mil 800 millones de pesos, monto etiquetado para la construcción de más de diez mil casas para viviendas.

En septiembre de 2013, la tormenta «Manuel» y el huracán «Ingrid» golpearon las costas mexicanas, siendo Guerrero el más afectado por inundaciones, desbordamiento de ríos y deslaves, que dejaron decenas de muertos y miles de damnificados.

Por ende, el 27 de septiembre de 2013, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto ordenó a Ramírez Marín realizar una investigación sobre las obras y desarrollos inmobiliarios irregulares que contribuyeron a las afectaciones.

Aquel día, durante una reunión para evaluar los daños, Peña Nieto señaló: «esto implicará conocer cuáles fueron las zonas en las que, de manera inapropiada y con permisos, seguramente también sin sustento legal, se otorgaron y donde se edificaron construcciones, lo que impidió que se drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos en esta región y que, a partir de ello, se realice la investigación correspondiente».

Posteriormente, el 4 de octubre de 2013, Ramírez Marín explicó a la primera emisión de Noticias MVS la orden del Presidente sobre las responsabilidades que agravaron los estragos de las lluvias:

«Él, que pidió la investigación, me puso un plazo y dijo que el 20 de octubre, a más tardar, tenemos que tener listas las conclusiones de tres aspectos: el primero, qué causa la inundación o qué agrava la inundación, cuál es el daño de la inundación y cuáles son las responsabilidades de esto; segundo, quiénes son los que directamente propiciaron o dieron lugar a estas causas; y, tercero, la investigación completa de las autoridades que estuvieran involucradas, no sólo particulares, sino fundamentalmente las autoridades que estuvieran involucradas de todos los niveles y que diera lugar a esta situación».

Los días pasaron y el 22 de octubre el funcionario federal agregó: «creo que la semana que entra estaremos en totales condiciones ya de hacerlo, nosotros estamos aprovechando dar vista de muchas de estas conclusiones que ya teníamos, autoridades que están involucradas, permitirá una mayor precisión, sobre todo en materia documental, pero básicamente el cuerpo de conclusiones está listo, está terminado, más que una búsqueda de nombres se trata de causas, efectos y, por supuesto, también hay señalamientos de responsabilidades, incluyendo los nombres, creo que estamos hablando alrededor de 62 ó 63 cuartillas en la parte medular, más los anexos, etcétera».

Sin embargo, hasta ahora la investigación no se ha hecho pública, por lo que se desconoce los criterios que se tomaron en cuenta para la elección de los sitios donde se construirían los respectivos fraccionamientos.

La secretaría ha sido contradictoria al responder solicitudes de información pública sobre dicha investigación.

En un inicio, señaló que el documento era inexistente. Sin embargo, en respuestas posteriores, dijo que el documento sí existe, pero aún se está deliberando y por ello no puede darse a conocer.

El título oficial del documento es «Análisis de zonas afectadas a causa de los ciclones tropicales ‘Manuel’ e ‘Ingrid’, en Acapulco, Guerrero».

En julio y septiembre de 2014, la secretaría entregó dos respuestas de transparencia, las cuales dicen: «a la fecha la información solicitada continúa inexistente, toda vez que forma parte de un proceso deliberativo, del cual aún no se emite una determinación definitiva».

Hasta la fecha, el informe que el expresidente le encargó a Ramírez Marín no es presentado oficialmente ante la ciudadanía.

De la bendición a la maldición

En un principio, las familias de Guerrero recibían una bendición, pero con el paso de los días se volvió todo lo contrario, ante las numerosas irregularidades, ya que las casas eran de precaria calidad, al grado que se tuvo que demoler decenas de viviendas.

El levantamiento de viviendas se realizó en terrenos inestables e irregulares, sin estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), sin cambio de uso de suelo y, por lo mismo, desde el principio muchas de ellas fueron inhabitables, lo cual consta en actas que levantó en su momento la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Incluso, tal dependencia federal clausuró más de 22 construcciones de dichos fraccionamientos.

Por todo ello, a Ramírez Marín se le culpa de la corrupción y la impunidad con la que se desempeñó a su paso por la Sedatu, ya que a él fue quien le encargó el entonces Presidente Enrique Peña Nieto la reconstrucción de las viviendas dañadas por las lluvias de ambos ciclones, en septiembre del 2013.

A la fecha todavía existen irregularidades en 23 de los 43 fraccionamientos donde se edificaron más de diez mil viviendas, las cuales van desde fallas graves en las obras, hasta el incumplimiento total de la construcción de las mismas.

Pese a la grave situación, sólo pudieron fincarle responsabilidades menores a Vicario Castrejón y a Ortega Muciño, quienes enfrentaron sanciones administrativas por señalamiento de irregularidades.

A ambos se les inhabilitó por diez años para ocupar cargos públicos, pero jamás se tocó Ramírez Marín, a pesar que es el verdadero autor intelectual del descarado robo que se les hizo a los guerrerenses.

Nada de «blanca palomita»

Con la jugosa ganancia que tuvo a costillas de 10 mil familias, el legislador del PRI cuenta con un avión particular, así como un helicóptero, además de mansiones de lujo en las zonas más exclusivas de la ciudad de Mérida y de la Ciudad de México, propiedades que podrían ser la envidia del narco Pablo Emilio Escobar, ya que el terreno abarca desde Motul hasta la playa de Telchac Puerto.

Incluso, se dice que es dueño de un autódromo, a través de un prestanombres, pero hasta el momento es sólo un rumor.

El candidato a la Alcaldía de Mérida tiene propiedades en fraccionamientos de Michoacán, Colima y Guadalajara, en contubernio con Luis Basulto, (a) «Tito Basulto», el ingeniero Bastarrachea, y el «Mosco Pereira».

Incluso, asociado con su ex colaboradora confidencial Sheila Ortega, coaccionaba a los delegados en los Estados para entregar cuotas mensuales millonarias, a través de la misma.

Asimismo, su ahijado Mohamed Samir Morales Álvarez, exdueño de los Tiburones Rojos, se prestó para hacer el estadio de fútbol en Acapulco, con el dinero de la reconstrucción en Guerrero, el cual quedó sin terminarse por su salida de la Sedatu.

También está asociado con Fidel Kuri, en la construcción de casinos en la Riviera Maya, en terrenos que él se encargó de despojar y adueñárselos, aprovechando su cargo en la Sedatu.

Actualmente, hay una investigación en su contra, pues Ramírez Marín aprovechó su paso y amistades en el SAT para lograr que grandes defraudadores fiscales quedaran libres de millonarias deudas y con ello obtuvo una millonaria ganancia.

Toda esta vida de lujo la obtuvo en tan sólo una década, pues hace 12 años vivía en una humilde casita de un fraccionamiento popular, específicamente en Francisco de Montejo, en la ciudad de Mérida.

Las casas construidas para los damnificados de Guerrero era de precaria calidad, al grado que se tuvo que demoler decenas de viviendas.

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