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DESPILFARRO LEGISLATIVO

*El Congreso del Estado de Yucatán tiene pendiente por comprobar el destino de 5 millones 844 mil 863 pesos de la Cuenta Pública 2019, presuntamente destinados al pago de nóminas

*Tuvo un presupuesto autorizado de 140 millones para el ejercicio fiscal 2019, sin embargo, la ASF detectó un gasto por 147 millones 838 mil 900 mil pesos, es decir, una diferencia de 7 millones 829 mil 300 pesos

*A dos años de distancia, sigue presentando documentos que nada tienen que ver con la comprobación del desmedido y millonario desfalco

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – A dos años de ser puesto en evidencia un desfalco de 5 millones 844 mil 863 pesos, el Congreso del Estado de Yucatán sigue sin comprobar a dónde fueron a parar esos recursos solicitados de manera extraordinaria por los legisladores en 2019, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La última intentona de los legisladores yucatecos por comprobar el destino de los recursos fue en enero de 2021, cuando presentaron documentos que nada tenían que ver con los recursos obtenidos mediante las ampliaciones líquidas netas adicionales autorizadas por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán, y fueron destinados adecuadamente a realizar adecuaciones en los capítulos 1000, 2000 y 5000.

Con base en la auditoría de cumplimiento 2019-G-31000-19-1337-2020/1337-GB-GF, según las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, también se determinó aplicar sanciones contra funcionarios involucrados en la sangría.

El documento explica que el Congreso del Estado de Yucatán tuvo un presupuesto autorizado de 140 millones 9 mil 600 pesos para el ejercicio fiscal 2019; sin embargo, la ASF detectó que al 31 de diciembre de 2019 se aprecia un gasto de 147 millones 838 mil 900 mil pesos, es decir, una diferencia de 7 millones 829 mil 300 pesos.

Es por ello que el Congreso del Estado de Yucatán debe aclarar y proporcionar la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 5 millones 844 mil 863 pesos por concepto de incremento, al final del ejercicio fiscal 2019, en el pago de servicios personales (pagos de nómina y honorarios), con respecto a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior.

Y si bien el análisis de la cuenta pública 2019 del Congreso del Estado de Yucatán determinó 5 millones 844 mil 863 pesos pendientes por aclarar, a dos años de la observación del faltante, el Poder Legislativo yucateco sigue sin poder comprobar cómo se gastó ese dinero.

Sobre el resumen de resultados, observaciones y acciones, la ASF determinó 18 efectos, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la Entidad Fiscalizada antes de la emisión de este Informe, y uno restante generó una solicitud de aclaración.

Reprobable

Por ello, y de forma reprobable, se dictaminó para el ejercicio fiscal 2019 que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Yucatán no se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que no realizó las proyecciones de ingresos y egresos, así como los resultados de sus finanzas públicas de acuerdo con los formatos establecidos.

Detalla que, el Congreso del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que el monto ejercido en servicios personales al final del ejercicio fiscal fue mayor que el monto aprobado.

Además, se determinaron diferencias entre la información generada en el sistema contable y la información presentada en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, lo que generó recursos pendientes por aclarar por 5 millones 844 mil 863 pesos.

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Yucatán no atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances presupuestarios negativos, no incluyó en su Proyecto de Presupuesto de Egresos la información correspondiente a Proyecciones y Resultados, y la información generada por su Sistema Contable presentó diferencias con la información presentada en la cuenta pública 2019.

Ladrones y además dignos

Pese a las claras evidencias de desvíos del dinero de pueblo, a los congresistas yucatecos les indigna que les digan sus verdades a través de las redes sociales, además de que están más avocados a reformar leyes represivas y que contravienen a los verdaderos intereses del pueblo que les dio su voto.

Una de esas acciones represivas se registró el pasado 13 de marzo de 2020, cuando se publicó la reforma al Código Penal del Estado de Yucatán para introducir el delito de ciberacoso. La reforma establece castigos de seis meses a tres años de prisión a quien «intimide y asedie a cualquier persona, a pesar de su oposición, por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, tales como redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro medio digital; mediante el envío de mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías».

Incluso, la publicación de reforma le valió a los congresistas locales que el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) y la oficina en México y Centroamérica de la organización ARTICLE 19, Campaña Global por la Libertad de Expresión, presentara un amparo contra del Congreso de Yucatán.

La impugnación es por criminalizar la protesta y el activismo en redes sociales a través de una reforma al Código Penal de la Entidad. Las organizaciones consideraron que la reforma permite que se utilice el aparato de justicia penal para inhibir las críticas y exigencias a funcionarios públicos en redes sociales y en Internet.

Según los denunciantes, la iniciativa buscaba atender un problema serio y grave en la sociedad, la redacción utilizada es tan genérica y amplia que prohíbe cualquier campaña de exigencia o denuncia por redes sociales, en la cual se etiquete y se interpele las cuentas de funcionarios públicos.

Explican que se está aprovechando la necesidad de atender una causa legítima para instaurar un mecanismo que inhibe la organización de colectivos, organizaciones y movimientos sociales en redes sociales y en el espacio digital.

La iniciativa fue presentada el 16 mayo del 2019, en medio de un fuerte debate público, luego de que el 10 de abril del mismo año el Congreso de Yucatán rechazara la iniciativa para permitir el matrimonio igualitario. Lo que no les pareció a los legisladores fue que las redes sociales se convirtieron en los principales espacios en los cuales la gente manifestó su rechazo a diversos diputados y diputadas, a través de publicaciones en las cuales se les etiquetaba en imágenes, memes, artículos y videos.

Lo que pretenden las y los diputados es ocultar hechos como los que ha puesto en evidencia la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relativa al desfalco de 5 millones 844 mil 863 pesos, en el que incurrió el Congreso del Estado de Yucatán, que luego de dos años sigue sin comprobar a dónde fueron a parar esos recursos solicitados de manera extraordinaria.

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