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DINERO SUCIO EN CANDIDATURA DE «DELFÍN» DE ROLANDO

*Pese el largo historial de corrupción, el exsecretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, sería propuesto como candidato a diputado federal plurinominal por el PRI, quien logró comprar el puesto con el dinero que recuperó de la millonaria inversión del «megafraude» en Crecicuentas

*Culpan directamente a ambos por el desfalco de la financiera, que no pudo devolver el dinero a los más de 400 socios, la mayoría de ellos personas de la tercera edad. La suma de lo defraudado oscila en 500 millones de pesos

*El rey de las derrotas políticas busca devolver el apoyo político que recibió del exgobernador, limpiando la deteriorada imagen del extitular del Ejecutivo, que dejó una estela de corrupción en su Gobierno

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – Pese su largo historial de corrupción, Víctor Caballero Durán sería propuesto como candidato a diputado federal por la vía plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien logró comprar el puesto con el dinero que recuperó al invertir en Crecicuentas.

Al mismo tiempo, busca devolver el apoyo político que recibió de Rolando Zapata Bello, limpiando la deteriorada imagen del extitular del Ejecutivo. Debido a la fuga de políticos, el PRI busca desesperadamente llenar espacios para cubrir todos los puestos de elección posible, con tal de sacar a flote el semihundido barco político, pero la estrategia de utilizar a la «vieja guardia» le saldrá cara y acabarán en el fondo.

Primero fue Jorge Carlos Ramírez Marín, como candidato a la Alcaldía de Mérida, y ahora pone a Caballero Durán como candidato a diputado plurinominal para el Congreso de la Unión.

La estrategia no es mala, pues de asignarle algún distrito, lo perdería debido a la mala reputación que le precede, tal como ocurrió en 2018, cuando fue candidato a la Alcaldía de la ciudad capital, cuando perdió ante el panista Renán Barrera Concha.

Incluso, la postulación de Caballero Durán fue la peor derrota del algún candidato a la Alcaldía de Mérida, con poco más de 97 mil votos de diferencia, pero aun así insiste en continuar en la política yucateca.

Caballero Durán tiene una cola larga de corrupción, pero sobre todo está totalmente etiquetado con el megafraude cometido por los directivos de Crecicuentas.

Aunque en numerosas ocasiones pretende deslindarse de la problemática, sus excusas lo hunden todavía más y, sobre todo, tiene a los afectados por dicha empresa defraudadora como una sombra, que a todos lados lo acompaña, y por tal motivo, opta por huir y salir por puertas alternas de hoteles y dependencias a las cuales acude.

Durante años, los afectados por dicha iniciativa privada responsabilizan directamente a Rolando Zapata Bello, así como a Caballero Durán, quien fungió como Secretario General de Gobierno y luego como Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), así como a Celia Rivas Rodríguez, quien fuera Fiscal General del Estado (FGE).

Crecicuentas fue constituida en 2004 por los hermanos Jorge Alberto y Miguel Argáez López, y los tres años después crearon la empresa Crédito Más, con las cuales realizaban las operaciones de supuestas inversiones para quien ingresara su dinero con ellos.

Posteriormente, Jorge Alberto Argáez López creó la Sociedad de Asesores Laborales Peninsulares, la cual estaba conformada por cinco socios, entre ellos estaba Caballero Durán.

Desde la empresa Crédito Más, entre 2008 y 2009, se depositaron 33 millones 557 mil 750 pesos a dicha sociedad, dinero que pertenecía a los socios de Crecicuentas.

Años después la empresa se declaró en quiebra, por lo que no pudo devolver el dinero a los más de 400 socios de Yucatán, la mayoría de ellos son personas de la tercera edad, cuya suma de lo defraudado oscila en 500 millones de pesos. Cabe recordar que a Víctor Caballero Durán le avisaron que iba a declararse en quiebra la financiera y sacó sus millonarios ahorros, con el conocimiento de Rolando Zapata. Obviamente al Gobierno no le interesó solucionar la estafa a los cientos de familias, quienes quedaron en el desamparo, incluso muchos de los afectados ya han fallecido, con la tristeza de nunca haber recuperado sus ahorros.

Otra cosa que llama muchísimo la atención, es que, convenientemente para los funcionarios corruptos vinculados al asunto, y hasta pareciese «coincidencia», delincuentes se metieron a robar al despacho del abogado que representaba a los defraudados, llevándose precisamente los documentos comprobatorios del delito.

De esta forma, computadoras y documentos judiciales, así como archivos en los que aparecen personajes de la clase política relacionados con el caso Crecicuentas, fueron robados de la oficina del abogado Justo Medina Escobedo, quien lleva este litigio ante los tribunales federales.

Durante la noche del pasado 28 de julio del 2016, atracaron sus oficinas ubicadas en la calle 35 números 507-B y 507-C, entre 72 y 64-A del Centro. Los delincuentes ingresaron al predio por el techo para romper los cristales y los candados de la cocina y, de esa manera, acceder a los diferentes despachos privados donde se resguardan los archivos judiciales.

De acuerdo con el afectado, sustrajeron de manera específica documentos en los que se vinculaba a diferentes actores políticos con la fallida sociedad de ahorro y préstamo. «Se llevaron archivos en los que tenemos pruebas de la participación de personajes de la política», aseveró.

El robo fue descubierto cuando empleados del despacho se percataron que había sido violentada la puerta de la cocina, que presentaba los cristales rotos junto con los candados, además de que había documentos destruidos sobre un aire acondicionado y en el traspatio.

Asimismo, los archiveros habían sido revueltos y, en el área donde trabajan los pasantes, fueron robadas tres computadoras. También se llevaron la computadora de la recepcionista y una portátil que estaba en la oficina particular de Medina Escobedo.

«Hasta ahora, hemos detectado que se llevaron documentos relacionados principalmente con el caso Crecicuentas, como si supieran qué estaban buscando», afirmó en su momento el abogado.

De igual forma, cabe señalar que Víctor Caballero Durán es un gran perdedor político, pues, como se recordará, en su momento Rolando Zapata Bello lo impuso para contender por una diputación, pero no tuvo éxito.

De todas formas, una vez más lo trataron de imponer como candidato a la Alcaldía de Mérida, pero su largo historial de corrupción salió a flote y perdió la contienda abrumadoramente.

Excusas y pretextos

Como funcionario, Caballero Durán evadió a los comunicadores, pero ya como precandidato del PRI a la Alcaldía de Mérida decidió hablar sobre la problemática y su vínculo con Crecicuentas, y en todo momento se deslindó de los hechos que lo empañan.

En su momento afirmó que nada tiene que ver con lo que se le involucra y acusó al senador panista Daniel Ávila de manipulador político, pues «busca seguir afectando a mi persona y utiliza a los afectados como rehenes políticos».

Hace tres años aseveró que procedería por las vías legales, pero hasta el momento no lo ha realizado.
Caballero Durán precisó que entre 2005 y 2006 fue contratado como asesor externo por la empresa Crédito Más Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV), cuyo nombre legal es Crecicuentas, cuyo trabajo era la recuperación de cartera vencida y la asesoría legal.

Asimismo, en diciembre de 2006 fue invitado por uno de los propietarios de Crecicuentas a participar en la creación de Asesores Laborales Peninsulares SA de CV, la cual es ajena a la empresa defraudadora.

Sin embargo, en 2007, al ser nombrado Director General del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), abandonó la sociedad «por ley y ética profesional», el 3 de diciembre de 2007.

En enero de 2008 solicitó un préstamo a Crecicuentas (Crédito Más, SA de CV), porque quería comprar una casa para su familia, pero después de cuatro meses no la pudo adquirir, por lo que devolvió el dinero.

Aseveró que ya, sin ninguna relación laboral con la empresa y sus socios, durante 2010 y 2012 comenzaron a presentarse irregularidades en el manejo legal y administrativo de Crecicuentas, que derivaron en una serie de demandas.

Según Caballero Durán, en 2015 comenzaron las campañas políticas y fue cuando el Senador Daniel Ávila Ruíz «maquiló una historia y buscó la manera de involucrarme y dañarme para sacar provecho».
El 26 de mayo de 2015, Ávila Ruíz presentó una demanda en contra de los dueños de Crecicuentas, en el cual aparece involucrado.

Todas las supuestas pruebas e información para probar su inocencia las puso en la página electrónica www.victorcaballeroduran.com, la cual ya no existe.

Sigue el proceso penal

Hasta el momento se desconoce el número de denuncias interpuestas en contra de Crecicuentas, debido al hermetismo de la FGE.
La actitud proviene desde Ariel Aldecua Kuk, quien se niega a proporcionar detalles relacionados a la Cooperativa de Fomento Regional S.C. de A.P. de R.L. de C.V. (Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable), así como de Esperanza Equitativa, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, ambas son mejor conocidas como Crecicuentas.
Incluso, en diversas entrevistas el funcionario negó los detalles, sobre todo las querellas interpuestas en contra de los directivos de Crecicuentas, los hermanos Jorge Alberto, Miguel Ángel y Claudia Rubí Argáez López, junto con su madre Lina Rubí López Conrado, quienes recientemente recobraron su libertad al llegar a un acuerdo con las denunciantes, por el delito de fraude.
A la FGE se le solicitó el número de denuncias interpuestas en contra de Crecicuentas y/o sus directivos, así como la cifra de querellas que fueron transferidas a la Procuraduría General de la República (PGR).
También se pidió el número de expedientes que fueron resueltos y/o entregados al Poder Judicial del Estado, y el número de denuncias que siguen en proceso, cuya carpeta de investigación permanece abierta.
Cabe destacar que algunos de los afectados ya recuperaron sus ahorros, previos acuerdos con los verdaderos responsables del asunto, como la familia Argáez.
Hasta el 28 de septiembre de 2013 habían 157 denuncias penales, en donde se acusaba el delito de fraude, se formó un sólo expediente, pero la cifra aumentó.

Cronología

El 14 de mayo de 2004 se constituyó el Sistema Crecicuentas, Sociedad Anónima (SA); mientras el 12 de marzo de 2007 apareció Crédito Más, SA de CV, y el 2 de febrero de 2010 surgió el Grupo de Fomento Regional SA de CV Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), Entidad No Regulada (ENR).
Posteriormente, el 13 de julio de 2010 se integró la Cooperativa de Fomento Regional, SC de AP de RL de CV; el 2 de junio de 2011 fue constituida la Cooperativa Impulso Regional, SC de AP de RL de CV, y finalmente, el 28 de noviembre de 2012, apareció Esperanza Equitativa, SC de AP de RL de CV.

En 2011, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer una lista de 55 entidades sin autorización para captar recursos, por lo que emitió alertas, a fin de proteger el patrimonio de la población.
De manera oportuna, dio a conocer del funcionamiento de la citada caja de ahorros y lanzó una advertencia, ya que carecía de la autorización para operar recursos del público.

Por aquel entonces se exhortó a la ciudadanía en general a que evitara llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto, entre esas empresas se encontraba justamente Crédito Más, SA de CV, que se ostenta como Crecicuentas.

Dicha empresa, pese a no contar con los permisos, pudo captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implicó la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

El problema inició en diciembre de 2012, cuando la empresa se declaró en números rojos y hasta el momento no hay una solución total al problema.

En diciembre de 2013, el Juzgado Sexto Penal del sistema inquisitorio giró órdenes de aprehensión en contra de Carlos Francisco Cámara Martínez, José Abel Ordaz Gutiérrez, los hermanos Miguel Ángel, Jorge Alberto y Claudia Rubí Argáez López, e Ileana Guerrero Castillo, acusados de defraudar a unos 400 socios.
Sin embargo, el amparo que presentaron impidió su encarcelamiento, por lo que presentaron su declaración preparatoria por escrito.

De acuerdo con las denuncias, se señala a los hermanos Argáez López como los responsables directo del fraude, pero también se incluye en las demandas a los demás implicados, dado que forman parte de la directiva de dicha Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
El 25 de marzo de 2014, ante el Juzgado Sexto Penal, compareció por escrito Miguel Ángel Argáez, quien fungía como presidente del consejo de administración de Crecicuentas.

Igualmente comparecieron sus hermanos Claudia Rubí y Jorge Alberto Argáez López, además de José Abel Gutiérrez Ordaz, Carlos Javier Cámara Martínez, Lorenzo Arturo del Ángel Chay y Rainer Shuster Morales.
A todos ellos se les informó que el expediente consignado corresponde a la denuncia de José Luis Rodríguez Fuentes, por 590 mil pesos que depositó en esa caja de ahorros.

Miguel Ángel Argáez presentó su declaración por escrito, reiterando que no se ha negado a devolver el dinero, pero recurrió a argumentos legales para demostrar que no puede entregarlo, como el hecho que no se le ha solicitado por escrito.

Las mandan a la PGR

En el tercer trimestre de 2015, fueron canalizadas en la Ciudad de México las 190 denunciantes penales transferidas a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por lo que el expediente UEIDFF/FINM07/06/2015 estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros (Ueidff), la cual ejerció las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia de investigación y persecución de los delitos de fraude.

En julio de 2017, la desaparecida PGR se declaró incompetente, por lo que la mayoría de las denuncias fueron devueltas a la FGE, ya que los expedientes estaban mal elaborados, además de establecer que el delito es de fuero común.

El 8 de abril de 2017 se liberó a Miguel Ángel, Jorge Alberto y Claudia Rubí Argáez López, así como Lina Rubí de Guadalupe López Conrado, luego de llegar a acuerdos con sus cuatro denunciantes, quienes exigían la devolución de un millón 285 pesos.

A lo largo de los 15 meses que estuvieron en prisión, los denunciados acordaron una solución a las demandas de José Luis Rodríguez Fuentes, Felipe Nery Celis Yeh, Margarita Ucán Sánchez y María Luisa Caamas May.

El 29 de septiembre de 2018, en la audiencia realizada en el Juzgado Primero Penal se resolvió la situación jurídica de Miguel Ángel Argáez Ordaz y su esposa Lina Rubí de Guadalupe López Conrado, así como sus hijas Claudia Rubí y Lourdes A. Argáez López, a quienes se les dictó auto de formal prisión por su presunta participación en el delito de fraude, denunciado por 67 víctimas.

Tras otorgarse la orden de aprehensión de la causa penal 27/2018, los cuatro querellados fueron presentados ante el Juez Penal, para resolver su situación legal, ya que el caso se sigue bajo el antiguo sistema de justicia.

De acuerdo con la investigación previa, a los hoy detenidos se les señaló como responsables del delito de fraude y se solicita la reparación del daño por más de 22 millones 233 mil pesos, por los daños provocados a los 67 denunciantes.

Por lo pronto se mantienen prófugos dos de los implicados en el millonario fraude, tal el caso de los hermanos Jorge Alberto y Miguel Ángel Argáez López, los cuales también estuvieron en el penal meridano, pero en abril de 2017 lograron recuperar su libertad.

Los hoy detenidos fueron capturados en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la titular del Juzgado Primero Penal, del antiguo sistema de justicia, Rubí Guadalupe González Alpuche, ya que hay 67 denuncias en contra de todos ellos.

Entre los afectados de este bloque de denuncias está José Luis Rodríguez Fuentes, quien reclama alrededor de un millón de pesos depositado en la Cooperativa de Fomento Regional S.C. de A.P. de R.L. de C.V. (Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable), mejor conocida como Crecicuentas.

También están los casos de Carlos Javier Cámara Martínez, José Abel Gutiérrez Ordaz, Lorenzo Arturo del Ángel Chay y Rainer Shuster Morales, entre otros, por lo que la juez solicitó que los implicados fueran puestos a disposición de la justicia.

De acuerdo con la investigación previa, a los hoy detenidos se les señala como responsables del delito de fraude y se solicita la reparación del daño por más de 22 millones 233 mil pesos, por los daños provocados a los 67 denunciantes.

El 9 de octubre de 2018, Miguel Ángel Argáez López se presentó ante el juzgado primero tradicional para rendir declaración y evitó su detención, ya que contaba con un amparo. Del mismo modo también acudió el contador Lorenzo Arturo del Ángel Chay y Rainer Shuster Morales.

Tras el cierre del Juzgado Segundo Penal, del anterior sistema de justicia, en febrero de 2019, el expediente en contra de los directivos de Crecicuentas, en el cual hay cerca de 10 denuncias, fue trasladado al Juzgado Primero, el cual aún sigue intacto.

En la congeladora

De acuerdo con Raquel Angulo Esquivel, integrante del grupo de Defraudados Unidos por Devolución de Ahorro (Deuda), en los dos años que estuvo Wilberth Cetina Arjona al frente de la FGE, cerca del 75 por ciento de las más de 300 denuncias interpuestas en contra de los directivos de Crecicuentas permanecieron en «la congeladora», ya que impidió la continuidad de las investigaciones previas.

Asimismo, lamentó la actitud del funcionario, quien recientemente presentó su renuncia al Gobierno del Estado, por lo que espera que el próximo titular de la FGE realmente pueda dar una pronta solución a la problemática.

Comentó que a nueve años del megafraude, son más de 400 las familias afectadas, cuyas denuncias permanecen sin avance alguno en la FGE, ya que a Cetina Arjona no le interesó el tema.

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