Portada

DOS AÑOS DE FRACASO

Al cumplirse dos años de gobierno del presidente López Obrador, los desaciertos en la toma de decisiones en los terrenos económico, de políticas públicas, de ejercicio del gasto, de seguridad y sanitario, están encaminando al país hacia el precipicio. Tres factores echan por tierra el sermón presidencial de “vamos muy bien”: el retroceso de la economía, la creciente inseguridad y el fracaso de la estrategia para contener la pandemia del COVID-19.

En su primer año de administración, el PIB cayó 0.1 por ciento, pero para el segundo se calcula una baja de 9.3 puntos porcentuales, resultado no sólo de la pandemia del coronavirus sino de una austeridad suicida que ha dañado al aparato gubernamental, con el abandono de las pequeñas y medianas empresas frente a la contingencia sanitaria; y con un ejercicio del gasto público que sólo beneficia sus obras emblemáticas pero inviables.

AMLO encamina a México hacia un escenario de alto riesgo para su estabilidad social, política y económica. No sólo ha desmantelado instituciones de gobierno, sino al país entero. En estos dos años es notorio el deterioro de los indicadores económicos. La violencia, problema que más hiere a la población, se ha incrementado exponencialmente, mientras que las muertes por el COVID-19 parecen no tener un punto final.

 

Redacción/Sol Quintana Roo/ Sol Yucatán

 

Ciudad de México. – El presidente López Obrador cumple dos años al frente de los destinos del país. Su ejercicio del poder ha estado marcado por el autoritarismo, la arbitrariedad, la ausencia del estado de derecho, el debilitamiento de las instituciones, la abierta confrontación con todos aquellos que difieren de su forma de pensar y una flagrante violación a la división de poderes que rige la Constitución Política.

Su gobierno ha centrado la política económica en el rechazo a la inversión privada (nacional y foránea) y en un ejercicio irracional del gasto público que privilegia sus obras emblemáticas. Mientras, asfixia a los entes gubernamentales, dejándolos en una precaria subsistencia al borde de la extinción.

Su llamada política de austeridad y su trillado discurso de combate a la corrupción han provocado el desabasto alarmante de medicamentos, la desaparición de un Seguro Popular que atendía a 53 millones de mexicanos, los despidos masivos de burócratas, la cancelación de programas sociales –de importancia para reducir la pobreza– y de organismos para atender a víctimas del delito y contra la violencia de género, la extinción de fondos y fideicomisos que impulsaban la educación, el arte, la ciencia, la cultura, el deporte. Todo ello ha encaminado al país hacia un profundo abismo.

No sólo ha demostrado incapacidad e ineptitud en el ejercicio de los dineros públicos, sino también una voracidad desmedida por centralizar los recursos, sin importarle dejar a los estados y municipios en la desnudez presupuestaria. En menos de dos años de gobierno, AMLO se acabó los fondos emergentes (ahorros) que se habían acumulado en casi 20 años de las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.

Ha provocado que México sea cada día menos atractivo para invertir. Sus erráticas decisiones en materia económica, como abandonar a su suerte durante la contingencia sanitaria a las pequeñas y medianas empresas –que generan casi el 80 por ciento de los empleos del país–, así como implementar una política energética que atenta contra la inversión del sector privado nacional y extranjero, violentando el espíritu del T-MEC.

En seguridad, su retórica de “abrazos no balazos”, “becarios si, sicarios no”, el “perdón y olvido para los criminales”, o “los voy a acusar con sus mamás, pórtense bien”, solamente ha sido objeto de burla por parte de los criminales y de enojo e impotencia por parte de las víctimas. Lo que hace de México una de las naciones más inseguras del orbe.

La llegada del COVID-19 al país –que a AMLO le “cayó como anillo al dedo”– puso al descubierto la insensatez y negligencia de un presidente que, por ahorrarse recursos para destinarlos a su Tren Maya, su refinería Dos Bocas y su terminal aérea, rechazó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de aplicar pruebas masivas para detectar la cadena de contagios. Con ello provocó la expansión de la pandemia y un alza exponencial en el número de muertes.

Han sido dos años de gobierno en los que se ha confrontado con críticos, intelectuales y medios de comunicación que no le aplauden su discurso mañanero; con los gobernantes de los estados que no están dispuestos a seguir recibiendo un trato discriminatorio en la asignación de las participaciones federales; y hasta con miembros de su gabinete como el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa o de Comunicaciones, Javier Jiménez, que prefirieron renunciar a seguir las órdenes de un mandatario ignorante en políticas públicas.

Durante 24 meses ha estado trabajando arduamente en dividir a México: pobres contra ricos, empleados contra patrones, chairos contra fifís, conservadores contra liberales, honestos contra corruptos, trabajadores contra empresarios, buenos contra malos; ha sido un discurso centrado en la polarización de los mexicanos. Discurso en el que él, por supuesto, representa a los incorruptibles y honestos.

En estos dos años de lopezobradorismo, hay tres factores que echan por tierra todo el sermón presidencial, plagado de falsas promesas y piadosas mentiras: el grave retroceso de la economía, la incontenible y creciente inseguridad y el fracaso de la estrategia para contener la pandemia del COVID-19; que ha superado las 100 mil muertes.

730 días de yerros y desaciertos en las políticas públicas, pero también de abuso de poder y ausencia del estado de derecho. Los primeros dos años de la 4T se caracterizan por la improvisación y las ocurrencias, en lugar de estrategias de gobierno. Se caracterizan por la imposición de funcionarios en organismos –a modo de contrapeso–; por la confrontación con casi todos los sectores de la sociedad; por la crisis económica y sanitaria; la fragmentación con los gobernadores del país –dando origen a la Alianza Federalista–; la pérdida de competitividad en materia de inversiones a nivel mundial; y una inseguridad galopante alimentada por una táctica fallida. Todo esto distingue al lopezobradorismo.

Economía caerá 9 por ciento

De acuerdo con el más reciente informe del Banco de México sobre el comportamiento de la economía nacional, al concluir el presente año el Producto Interno Bruto (PIB) habrá caído un 8.9 por ciento.

El organismo presenta varios escenarios. En el más optimista, se observaría una caída del 8.7 por ciento en 2020; con crecimientos del 5.3 y del 2.7 por cientos en 2021 y 2022, respectivamente.

En el panorama más pesimista el PIB de 2020 se contraería un 9.3 por ciento. Mientras que para 2021 y 2022 los respectivos crecimientos serían del 0.6 y del 3.8 por ciento.

La caída de la economía, en el segundo año del gobierno lopezobradorista, será resultado del histórico desplome del PIB en el segundo trimestre de 2020, que fue de 18.68 por ciento en pleno periodo de distanciamiento social –lo que solapó tan alarmante cifra–. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer trimestre el PIB tuvo un repunte del 12.1 por ciento.

Entre los factores que han afectado el crecimiento de la economía durante el presente año están la debilidad en los mercados interno y externo, la inseguridad y la impunidad, así como la incertidumbre política interna, la política de gasto público, la ausencia de estado de derecho, la corrupción y la falta de cambio estructural.

En cuanto al empleo, las cifras del INEGI dan cuenta del desastre del gobierno de la 4T al señalar que, en el tercer trimestre del año, el número de desempleados llegó a dos millones 800 mil personas. 622 mil más que en el mismo periodo de 2019.

Con la reducción de la población ocupada, los aumentos en la subocupación y en las condiciones críticas de trabajo, el organismo explicó que los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) muestran una lenta recuperación de la ocupación, que está todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Detalló que entre los cambios más importantes se cuentan la disminución de la población económicamente activa (PEA) al haberse reducido la ocupación –sobre todo en el sector terciario–, la pérdida de empleos de tiempo completo, de empleos en micronegocios y en informalidad, así como un aumento de la desocupación, la subocupación y en la ocupación en situación crítica.

La caída de empleos se observó en las actividades terciarias, con tres millones menos que en el tercer trimestre del año pasado. Sólo en cada uno de los sectores de restaurantes, servicios de alojamiento y comercio, se perdieron un millón 100 mil empleos.

La crisis laboral también se ha centrado en micronegocios, con dos millones 200 mil empleos menos que en el tercer trimestre de 2019. Y particularmente en espacios de ambulantaje, donde los ocupados se redujeron en un millón 300 mil.

Los trabajadores informales –que también contemplan a quienes se emplean en una empresa formal que no reconoce sus obligaciones patronales– se redujeron en tres millones 500 mil, entre el tercer trimestre del año pasado y el presente. Hasta septiembre pasado sumaban 27 millones 700 mil, más de la mitad de la fuerza de trabajo en el país.

Adicionalmente, la subocupación se duplicó derivada del confinamiento y por la crisis económica. Escaló de cuatro millones 300 mil trabajadores en el tercer trimestre del año pasado, a ocho millones 700 mil en el mismo periodo de 2020.

Por su parte, informes del Banco de México indican que, si bien prevalece una alta incertidumbre, respecto a la evolución del número de puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se espera que en 2020 caigan entre 850 mil y 700 mil puestos de trabajo.

En materia de inversiones privadas, las acciones del presidente López Obrador han estado centradas en obstaculizar el ingreso de capitales extranjeros; sobre todo en el terreno energético, donde ha privilegiado a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a costa de sacrificar a empresas foráneas.

Esta estrategia ha provocado incertidumbre entre los grandes inversionistas. A tal grado que, durante el período enero-septiembre del presente año, la inversión extranjera directa (IED) que ingresó al país fue de 23 mil 482 millones de dólares; lo que representó un desplome del 9.9 por ciento en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Según los datos de la Secretaría de Economía, esta caída es la más alta para un periodo similar desde 2014, año en el que la IED disminuyó 45.7 por ciento a tasa anual.

Los indicadores que muestran un decrecimiento del PIB, aumento del desempleo y una baja en el ingreso de capitales foráneos, tienen su origen también en el mal manejo de las finanzas públicas por parte del gobierno encabezado por el presidente López Obrador.

Vaciando fondos emergentes

A estas alturas de su segundo año de mandato, el gobierno de la Cuarta Transformación se encuentra en bancarrota. Los faltantes de recursos fiscales que enfrenta se han pretendido compensar con indiscriminados recortes al gasto público y con un manejo abusivo e irracional de los fondos emergentes. Esto se ha traducido en fuertes presiones a las finanzas públicas, al agotarse las reservas para hacer frente a futuros colapsos.

A mediados de diciembre pasado, los ingresos del sector público ya registraban una baja del 4.5 por ciento de lo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación 2019. En dinero contable, ese porcentaje representó una caída de 218 mil millones de pesos entre enero y noviembre del referido año, de acuerdo con el Informe Mensual de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AMLO decidió cubrir ese déficit con dos fondos de ahorro: el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). De cierta manera esto le ha permitido jinetear a su antojo e intereses políticos el gasto público. Estos fondos acumulados durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, sufrieron una reducción del 58 por ciento, con erogaciones cercanas a 144 mil millones de pesos.

El gobierno federal utilizó 120 mil millones de pesos del FEIP para compensar la falta de ingresos petroleros en 2019. Esto, además de los casi 23 mil millones –del FEIP y del FEIEF– de los que echó mano para evitar un mayor déficit fiscal.

Al final de 2019, AMLO había reducido el ahorro logrado en 19 años en casi un 60 por ciento, considerando que, en ese periodo, dichos fondos fueron triplicados (aún con la reducción de 75.4 por ciento que sufrieron entre 2007 y 2012).

En estos dos años de gobierno, el presidente ha gastado nueve de cada 10 pesos que había en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP).

Al inicio de su administración había 297 mil 770 millones de pesos en ese fondo, creado en diciembre del 2000 con una aportación inicial de 9 mil 133 millones de pesos. Su finalidad es compensar faltantes en el gasto, derivados de una menor recaudación.

Del saldo que se acumuló con los ingresos excedentes de ejercicios fiscales pasados, AMLO tomó el año pasado alrededor de 125 mil millones de pesos para cubrir faltantes en el gasto público.

Este 2020, la Secretaría de Hacienda usó 128 mil 544 millones de pesos más del FEIP para compensar un boquete fiscal de 297 mil millones de pesos provocado por la crisis sanitaria por el COVID-19 en las finanzas públicas –de acuerdo con los Precriterios de Política Económica para 2021, enviados al Congreso de la Unión–.

Antes de cumplir su segundo año de gobierno, AMLO giró instrucciones a su Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para poder ejercer a su capricho los 44 mil 156 millones de pesos del FEIP que hasta hace poco se tenían para hacer frente a alguna otra contingencia.

La extinción de 109 fondos y fideicomisos, y la reforma a la Ley General de Salud para allegarse de más recursos, son resultado del pésimo manejo de las finanzas públicas. Con ambas acciones, AMLO se apropió de 68 mil millones de pesos en el primer caso y de 33 mil millones en el segundo; dinero que podrá manejar con total opacidad para sus intereses político-electorales.

Sumado al manejo oscuro de miles de millones de pesos, AMLO ha aplicado una política de austeridad suicida, que mantiene al borde de la desaparición a instituciones y dependencias del gobierno federal.

En su obsesión por financiar sus obras emblemáticas, de muy dudosa viabilidad y ante la falta de recursos, AMLO ordenó el desmantelamiento de la estructura de gobierno, al quitarle el 75 por ciento de su presupuesto destinado al pago de materiales, suministros y servicios generales.

La orden presidencial fue para las dependencias, organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación mayoritaria estatal y fideicomisos públicos.

Cifras de las finanzas públicas, en el primer trimestre de 2020, refieren que entre las dependencias y entes que están sujetos al decreto publicado en abril pasado, en el ramo 2000 (materiales y suministros), al 31 de marzo habían ejercido 12 mil 208 millones de pesos, equivalentes a 11.50 por ciento de lo aprobado para este rubro.

En el ramo 3000 (servicios generales) el gasto en el primer trimestre suma 22 mil 867 millones de pesos, 14.73 por ciento de lo autorizado para todo el año.

En total, entre ambos rubros la reducción es del 75 por ciento, respecto al gasto aprobado dentro del presupuesto de egresos para 2020, lo que asciende a 196 mil 26 millones de pesos. Estos recursos se dirigen a los programas político asistenciales y obras emblemáticas de AMLO; pero sobre todo para la compra de voluntades con miras a las elecciones intermedias del 2021.

El discurso del presidente se ha centrado en hacerle creer al pueblo que las medidas de austeridad y el combate a la corrupción, le han permitido disponer de recursos adicionales a los que llama “ahorros”, “guardaditos”; aunque la realidad es que su gobierno está devastando las arcas públicas y acabando con las instituciones gubernamentales.

Más violencia que con Peña Nieto

En lo que va el gobierno de López Obrador, la tasa de homicidios ha sido de las más altas en los años recientes, aún sin considerar que existe un subregistro en las cifras de incidencia delictiva.

En el informe correspondiente a octubre pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer que se incrementaron en un 7.7 por ciento los homicidios dolosos en comparación con el mes previo.

El organismo señaló que se registraron dos mil 944 de estos crímenes, de los cuales el 13 por ciento (383) se cometieron en Guanajuato, lo que ubica a este como el Estado con más casos. Jalisco, con 258 homicidios dolosos durante octubre y el Estado de México con 240, ocupan los lugares dos y tres de esta lista a nivel nacional.

Con estas cifras, el total acumulado en lo que va del año es de 29 mil 182 de estos crímenes en todo el país, superior a los 28 mil 741 casos en los primeros 10 meses de 2019.

De acuerdo con las tendencias de homicidios, se puede advertir que en 22 meses de la actual administración México superó las 65 mil víctimas de asesinatos violentos. Esta cifra contempla homicidios dolosos, que suman más de 63 mil, y feminicidios que rondan los dos mil casos.

Tan sólo en los primeros 19 meses de gobierno de la Cuarta Transformación, fueron asesinadas un total de 56 mil 308 personas. Entre ellas, cerca de seis mil mujeres y casi dos mil niños y adolescentes. Como promedio, casi 100 personas son asesinadas todos los días en el actual sexenio.

La política de “abrazos no balazos” de AMLO ha sido todo un fiasco, pues las estadísticas nos dicen que al menos siete de cada 10 asesinatos se han cometido con armas de fuego; y al menos el 60 por ciento de los crímenes están relacionados con la disputa por las rutas y mercados del crimen organizado.

Ni el despliegue de la Guardia Nacional por todo el territorio, ni la legalización de las fuerzas armadas en la calle para realizar tareas de seguridad pública, han evitado que los grupos criminales tengan a comunidades enteras bajo su control y que la violencia crezca de manera exponencial.

López Obrador no solamente ha fallado en capturar a líderes criminales, sino que incluso se ha sometido a su ley, como lo demostró al ordenar la liberación del hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán, en el famoso “culiacanazo” de octubre de 2019.

Otras fuentes estadísticas plantean cifras y situaciones similares. De acuerdo con las ofrecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a mayo pasado –los primeros 18 meses del sexenio de AMLO– fueron asesinadas 53 mil 628 personas en México, un promedio de 98 homicidios todos los días.

A esa cifra hay que sumarle dos mil 413 asesinatos perpetrados en junio y dos mil 680 registrados durante julio pasado. Esto da un total de 58 mil 721 homicidios dolosos.

Entre las víctimas figuran 5 mil 811 mujeres, que representan un promedio de 11 mujeres asesinadas al día (incluyendo casos de homicidio y feminicidio). También hay mil 807 menores de 17 años entre las víctimas, que equivalen a tres niños o adolescentes asesinados cada 24 horas.

Las estadísticas refieren que, de diciembre de 2016 a mayo de 2018 –durante el gobierno de Enrique Peña Nieto– se registraron 45 mil 581 asesinatos. Se trata de ocho mil homicidios menos de los que se perpetraron en los 18 meses del sexenio de AMLO.

Estas cifras también significan que, por sexto año consecutivo y en contra del discurso oficial que dice haberse logrado bajar la comisión de delitos, hay un incremento de la violencia homicida, al menos en lo que se refiere a un primer semestre del año.

Los números lo demuestran: en el primer semestre de 2018 la tasa de homicidios fue de 13.4 víctimas por 100 mil habitantes, mientras que un año después la tasa se ubicó en 14.01 casos, un incremento de 4.5 por ciento. Para el 2020, la tasa se ubicó en 14.14 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Al mismo tiempo la estadística muestra que el nivel de la violencia actual es muy alto.

La realidad que enfrenta el país ha rebasado el discurso de demagogia y la actitud triunfalista del presidente López Obrador, quien conforme avanza su administración, da muestras inequívocas de que carece de capacidad y conocimientos para gobernar y conducir los destinos del país.

A dos años de su gobierno todo pende de alfileres: el evidente desgaste político de AMLO y la profunda crisis económica, sanitaria y de seguridad; en suma, la gobernabilidad y estabilidad social del país.

Para enfrentar la pandemia del COVID-19, AMLO desechó desde un principio aplicar pruebas masivas a la población, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a cambio ordenó que se usara el Método Centinela, un sistema del 2006 utilizado para la vigilancia de la influenza, la epidemia que azotó al país hace once años.

En una maniobra para ahorrarse recursos que ha destinado a sus obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, ignoró las pruebas masivas argumentando que de esta forma se haría un mejor uso de los recursos públicos para incrementar el número de camas para los pacientes con COVID-19.

Los resultados están a la vista: más de 100 mil muertos y para finales de año el nuevo coronavirus será la primera causa de muerte en el país.

En su plan para enfrentar la crisis sanitaria y económica que se registra por la pandemia del COVID-19, el presidente López Obrador dejó intocables sus programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, las Becas Benito Juárez, Sembrando Vida, y sus obras insignias.

A cambio decidió sacrificar otros rubros: eliminó 10 subsecretarías de Estado; redujo en 25 por ciento los salarios de altos funcionarios y en 75 por ciento el gasto destinado a suministros y servicios generales de la administración pública; disolvió fondos y fideicomisos que eran para apoyar el arte, la cultura, la ciencia, la educación y el deporte; absorbió los dineros del fondo de salud y ejerció a su antojo los fondos emergentes.

Igualmente, dejó en el desamparo a las 4.1 millones de pequeñas y medianas empresas que aportan el 42 por ciento del PIB y generan el 78 por ciento de los empleos en el país.

En dos años de su administración, el presidente López Obrador ha dividido al país como nunca antes un mandatario logró hacerlo. Su diario discurso de confrontación con todos los sectores de la sociedad, y de aliento a la polarización de los mexicanos, está encaminando a México no sólo a una profunda crisis económica y sanitaria, sino hacia una riesgosa fragmentación en todos los niveles de la sociedad.

Artículos Relacionados

SOSPECHAS Y FALLAS EN LAS DETENCIONES POR EL HELICOPTERAZO DE 2018

Redaccion

DE JUNIO 2012 A FEBRERO 2020, MÁS DE 20 MIL FEMINICIDIOS

admin

¡DA 4T CONTRATOS MILLONARIOS A SANDINISTAS!

Redaccion

Deja un Comentario