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EDITORIAL: RAMÍREZ MARÍN, TERRATENIENTE DE LA PENÍNSULA

Redacción / Sol Yucatán

Jorge Carlos Ramírez Marín, el moderno terrateniente tiene una larga cola de corrupción que hundirá más a su partido. Lo persigue un largo historial de robo y desvío de recursos, el más escandaloso fue la desaparición de cientos de millones de pesos en la SEDATU cuando estuvo al frente de la dependencia.

Para evitar un proceso legal, de manera estratégica fue puesto como senador de la República. Es acusado de traficar con tierras en la Península de Yucatán y la Riviera Maya. De vivir en una casa en Francisco de Montejo, pasó a una residencia en el Campestre, además de vivir en medio grandes lujos.

Documentos en poder de SOL Yucatán, demuestran que el encabezar la mafia agraria, le ha permito acumular cientos de hectáreas en al menos treinta propiedades inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Estado de Yucatán.

Ubicadas principalmente en los municipios de Mérida y Motul, al actual aspirante a la alcaldía de Mérida se le pueden contar desde pequeños departamentos de interés social, pasando por residencias en exclusivos fraccionamientos de la Blanca Mérida, hasta vastas extensiones de tierras dedicadas al cultivo de henequén y cereales.

El senador siempre ha dicho que salió limpio de la SEDATU y que la Auditoría Superior de la Federación no encontró ninguna anomalía durante su gestión. Esta casa editorial tiene documentos de escrituras que demuestran que compró a precios de ganga predios cuyas superficies son de grandes dimensiones, más del doble las tiene registradas con prestanombres, sean familiares, amigos y socios.

Junto con la exgobernadora yucateca, Ivonne Ortega Pacheco, Ramírez Marín es uno de los políticos señalados de entregar de manera irregular a empresarios más de 500 mil hectáreas de terrenos ejidales en la Península de Yucatán.

Otros de los involucrados de esta sangría de tierras, están los exgobernadores Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Andrés Granier Melo de Tabasco; Javier Duarte, de Veracruz. También exdelegados del Registro Agrario Nacional (RAN), Alfonso Pereira Palomo o Antonino Almazán Arteaga; y el exsubprocurador de justicia en la Entidad, Rafael Acosta Solís.

No por nada se le vincula con políticos y funcionarios ligados al reparto irregular de tierras en las últimas tres décadas, tiempo en el cual se entregaron de manera irregular a particulares, más de 500 mil hectáreas de terrenos ejidales en la región, según el informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán” del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

La larga lista de las propiedades del yucateco priista llegó a sus manos durante su paso por el Congreso de la Unión y la SEDATU durante la época del presidente Enrique Peña Nieto.

La galopante corrupción fue lo que provocó en febrero del 2015 su abrupta salida como titular de la SEDATU. Funcionarios de la dependencia y despachos de abogados privados conectados con Ramírez Marín se dedicaban a la extorsión sobre propietarios de terrenos agrícolas, urbanos o turísticos, especialmente en la Península de Yucatán, problemática que aún prevalece.

Sólo en un año, entre abril de 2011 y abril de 2012, Ramírez Marín adquirió departamentos, casas, un terreno y vehículos, entre crédito y de contado, por un valor de 10 millones 434 mil 263 mil pesos.

El senador y su cónyuge compraron en 2016 de contado obras de arte, joyas y menaje de casa por nueve millones de pesos en total.

Esperemos que Ramírez Marín de la cara y que se atreva a desmentir a Sol Yucatán.

 

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