Nacionales Narcotráfico

EL NUEVO CÁRTEL 

*El poder de Osiel Cárdenas era considerable y aunque tenía incondicionales como El Chava, quien prácticamente era su lugarteniente, se negaba a compartir el mando

 

*Cuando su inseparable compañero fue acribillado, poco después de su fuga de donde ambos habían estado arraigados, el crimen se le atribuyó al propio Cárdenas Guillén

 

Ricardo Ravelo/So Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

(Segunda de seis partes)

 

Ciudad de México.-  Por esas fechas el Cártel del Golfo se estaba reconfigurando. El poder de Osiel ya era considerable y aunque tenía incondicionales como El Chava, quien prácticamente era su lugarteniente, se negaba a compartir el mando. Cuando su inseparable compañero fue acribillado, poco después de su fuga de donde ambos habían estado arraigados, el crimen se le atribuyó al propio Cárdenas Guillén, a quien por ese homicidio se le puso el sobrenombre de El mata amigos.

 

Y es que ambos personajes se habían hecho amigos por diversas circunstancias, entre otras por haber sorteado juntos varios peligros. Sin ninguna sombra que lo opacara, Osiel procedió a integrar lo que sería la nueva generación del cártel del Golfo. Informes que obtuvo la PGR, procedentes de las declaraciones ministeriales de algunos de los narcotraficantes detenidos, indican como se empezó a reconstruir la organización criminal en Tamaulipas: el nuevo líder convocó a una reunión en la comunidad de Guardados de Abajo para repartir el territorio y dominar todo el estado. Las reuniones se efectuaron poco después de su fuga.

 

A esos encuentros asistían Gilberto García Mena, El June, entonces poderoso líder de las drogas en la frontera chica, acompañado de Zeferino Peña Cuéllar, El Zefe, su hombre de confianza. En esos primeros encuentros, se acordó que los cinco municipios que conforman la frontera chica –Ciudad Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nuevo Guerrero– serían tutelados por el El June y el Zefe.

 

Osiel les garantizó que sus operaciones estarían protegidas por las autoridades federales, estatales y municipales y tendrían el apoyo de su amigo Raúl Antonio Rodríguez Barrera, exalcalde de Miguel Alemán y exsubdelegado de la PGR en Tamaulipas, un personaje que de la noche a la mañana se hizo millonario y cuya fortuna no parece provenir de otras fuentes más que del narcotráfico.

 

En reciprocidad, el capo pidió a sus socios que le reportaran todos los cargamentos de droga que pasaran a territorio estadunidense. Osiel y su gente habían convertido la frontera en una coladera: cada mes introducían más de 20 toneladas de cocaína  a territorio gringo, Aunque El June El Zefe también se encargarían de realizar el trabajo sucio, eliminando a quienes se interpusieran en los planes del cartel. Uno de los primeros enemigos en caer fue Armando Meléndez –presunto publirrelacionista de algunos narcos enemigos de la región–, asesinado por un grupo de presuntos agentes federales.

Las sospechas se centraron en Rodríguez Barrera, quien aseguraba que Meléndez se había convertido en un personaje incómodo para el grupo.

 

La investigación de este crimen fue puesta en manos del fiscal Gilberto Lerma Plata y los agentes Ramiro Rangel y Samuel Flores Borrego, a quienes posteriormente se les vinculó con el cártel del Golfo y fueron dados de baja de la Procuraduría estatal.

 

El plan trazado por Osiel Cárdenas continuó sin contratiempos y el cártel del Golfo terminó de estructurarse. Fue hábil al escoger a sus colaboradores y otorgarles el poder necesario para que tuvieran sus zonas de influencia de Tamaulipas. Con el paso de los meses y conforme de fortalecían las principales plazas, Osiel Cárdenas fue ampliando el poder de su empresa criminal y la reforzó con nuevos socios.

 

Según los informes oficiales de las autoridades locales y federales, el cártel del Golfo se conformó de la siguiente manera: en Matamoros, Eduardo Costilla, El Coss   –también señalado como cabeza del grupo armado Los Zetas–, quedó como encargado de la plaza; Progreso se le encomendó a Juan Carlos Villalobos, excomandante de la extinta PJF; en Reynosa fue designado Gregorio Sauceda, El Goyo o El Caramuelas, quien dispuso de dos ayudantes: José Guadalupe Rivera Hernández, El Gordo Mata (también conocido como Eugenio Guadalupe Herrera Mata; fue detenido el 27 de abril de 2005), y El Gordo Lam. Ambos personajes eran los encargados de pasar grandes volúmenes de cocaína y mariguana a Estados Unidos y de surtir a más de 300 “tienditas” en la plaza; en Díaz Ordaz el control del negocio se le otorgó a Efraín Torres, El Z–14, desertor del Ejército Mexicano; en Ciudad Camargo manda Samuel Flores Borrego, El Metro 3, y en Miguel Alemán quedó como encargado del cártel Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, considerado como uno de los más violentos de la organización.

 

Armada su estrategia, Osiel Cárdenas se consolidó como dirigente indiscutido de la organización y empezó a dar muestras de su poder corruptor: Además de tener el apoyo de funcionarios de los cuerpos policíacos, logró poner a su servicio al 21 Regimiento de Caballería Motorizada de Nuevo Laredo, a cargo del general Ricardo Martínez Perea. En esa tarea, que le redituaba ganancias millonarias, participaban a su lado el teniente Javier Antonio Quevedo y el capitán segundo Pedro Maya Díaz. Estos militares dieron adiestramiento al grupo de gatilleros del cártel del Golfo y los entrenaron en el manejo de armamento de alto poder.

 

Los tres militares habían negociado con el El June un acuerdo para permitir el paso de droga hacia Estados Unidos a través del río Bravo. El dinero del cártel también sirvió para comprar seguridad. Los narcos lograron que los militares pusieran al servicio de su organización la logística de comunicación oficial, gracias a lo cual tenían acceso directo a las redes y conocían con detalle el movimiento de las tropas castrenses, lo que les permitía actuar con seguridad y evitar su captura.

 

Así, los cargamentos de droga –mariguana y cocaína, principalmente– pasaban a territorio estadunidense en horarios previamente establecidos y en momentos en que las tropas se movían en lugares alejados de la frontera. Con el acceso a las redes de comunicación, los “soldados” de El June calculaban despreocupadamente sus tiempos para pasar la droga, transportarla de un lugar a otro o esconderla en sus bodegas o casas de seguridad.

 

Sin embargo, esta situación pronto comenzó a despertar sospechas, sobre todo a partir de que la Sedena recibió un escrito anónimo con datos sobre las actividades de los narcos, y las evidencias aparecieron cuando altos mandos militares iniciaron un seguimiento del grupo. Sorprendidos, descubrieron que en los decomisos de droga que realizaba el 21 Regimiento de Caballería Motorizada nunca había detenidos. Se acusó a los elementos de ese regimiento de estar coludidos con los narcos. Doble era su mecanismo operativo: no sólo favorecían los envíos de droga ordenados por El June, quien les pagaba altas sumas de dinero, también recibían información que les permitía detener cargamentos de las bandas enemigas.

 

Al ser interrogados, los inculpados intentaron justificar su modus operandi, al manifestar que recibían llamadas anónimas en las que se les indicaba el lugar y la hora en que se llevaría a cabo una operación, o bien les describían con detalle los lugares donde podrían encontrar algún cargamento de droga. Y cuando se acudían a esos lugares sólo encontraban los cargamentos, pero no a los responsables de su custodia. Y argüían que esa era la razón por la que no podían detener a personas en esos operativos.

 

Pero las evidencias sobre sus vínculos con la gente del cártel del Golfo se robustecían. Otra prueba contundente que relacionó a ese regimiento con el grupo de narcotraficantes fue un video en el que los militares aparecían al lado de los capos Osiel, García Mena y el exalcalde Rodríguez Barrera en pleno convivio en el municipio de Miguel Alemán. Las fotos de ese festejo fueron difundidas posteriormente en la prensa nacional.

 

Este hecho fue fulminante. Comprobados los vínculos con el narco, la Sedena destituyó a los militares implicados, y los sometió a proceso por narcotráfico ante un Consejo de Guerra, donde las pruebas terminaron hundiendo en la prisión al general Ricardo Martínez Perea, al teniente Antonio Quevedo y al capitán Pedro Maya.

 

Eso no afectó al capo del Golfo, quien, a sangre y fuego continuó con su plan de convertirse en uno de los jefes del narcotráfico más poderosos del país. Y siguió corrompiendo a los altos mandos policiacos y del Ejército. De tal suerte que aquellos que se le oponían eran eliminados.

 

Cuando Jaime Rajid Gutiérrez Arreola, subcomandante de la extinta PJF, fue asesinado en marzo de 1999, las investigaciones revelaron que Osiel había tejido una red de protección al interior de la delegación estatal de la PGR, a cargo del coronel Carmen Oralio Castro Aparicio.

 

El escándalo fue mayúsculo, sobre todo porque Castro Aparicio –actualmente preso en La Palma– había sido designado delegado de la PGR los meses previos a los hechos. El procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar –1997-2000–, había aprobado y firmado su nombramiento, como parte de su estrategia para militarizar esa institución en su afán de combatir con eficacia al narcotráfico.

 

Castro Aparicio había sido delegado de la PGR en Sonora. Abogado por la Universidad del Valle de México, también se había desempeñado como agente del Ministerio Público militar y llegó a Tamaulipas con la encomienda de acabar con el cártel del Golfo.

 

Paradójicamente, los integrantes del equipo que arribó a la delegación de la PGR en Tamaulipas terminaron sirviendo al capo del Golfo. Por lo menos eso quedó claro en el caso de Castro Aparicio, quien torció las líneas de investigación para presentar el asesinato de Gutiérrez Arreola como resultado de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Así, en las indagatorias de las autoridades estatales se asentó que el agente judicial había caído en un enfrentamiento con bandas de narcotraficantes en el paraje La Playita, en la ribera del río Bravo, cuando realizaba un rondín de rutina.

 

Pero el cúmulo de contradicciones comenzó a despertar sospechas, por lo que la PGR decidió atraer el caso y reiniciar la investigación. Pronto saltaron a la vista las evidencias, que consignó puntualmente la dependencia: en su boletín 244/99 concluía que el crimen del subcomandante no había sido resultado de un enfrentamiento con narcotraficantes, como quiso hacer creer la investigación estatal, sino resultado “de una discusión por cuestiones monetarias derivadas de actividades ilícitas”, en la cual estuvieron presentes, además del coronel Castro Aparicio, Aurelio Soto Huerta, subdelegado de averiguaciones previas; Juan Antonio Contreras Domínguez, El Tony; Manuel de Jesús Sordia Franco, El Manolo; así como Andrés y José Isabel López Rivas, Gabriel Ángel Gutiérrez Portillo, Ramiro García Eugenio y el mismo Osiel Cárdenas. Al llevar a cabo la reconstrucción de los hechos, Soto Huerta negó ser el autor del asesinato, y acabó por confesar que Osiel fue quien disparó contra Rajid.

 

Al quedar al descubierto todo el entramado de complicidades que demostraban la relación del Castro Aparicio con el grupo de Osiel, el procurador Jorge Madrazo destituyó a todos los funcionarios de la corporación en aquella entidad. Sin embargo, ese vínculo de las autoridades no quedó roto porque el sustituto de Castro Aparicio, Víctor Manuel Torres Moreno, un abogado egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León que actualmente se desempeña como subprocurador de investigaciones especiales en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, resultó ser también una pieza clave de los narcotraficantes en Tamaulipas, según las investigaciones de la PGR.

 

Durante la gestión de Castro Aparicio como delegado de la PGR en Tamaulipas, salió a flote la lucha de poder entre militares y civiles. Castro Aparicio terminó confrontado con el subprocurador “B” de Procedimientos Penales de la PGR, Alfonso Navarrete Prida, quien sin tener facultades pretendía remover a funcionarios de esa delegación para colocar aliados suyos.

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