Portada

EMPRESARIOS FICHADOS EN «PANAMA PAPERS» INSTALARÁN CEMENTERA EN YUCATÁN

*Los regiomontanos Ricardo Alessio Robles Cerda y Carlos Alberto Tirado Enríquez instalarán una planta de molienda de cemento en Progreso, para vender en el Sureste

*Estuvieron involucrados en el escándalo de los «Panama Papers» por el lavado de dinero sacado del país a paraísos fiscales, así como de otro escándalo de corrupción, coludidos con funcionarios de Veracruz

*Crearon las empresas Irkon Holding, Grupo Empresarial Alternativo y Grupo Baru del Norte en México, así como empresas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, a través de Futurvest Limited

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – Yucatán se convierte en un polo atractivo para la industria cementera, pues ahora la empresa Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM) del Sureste pretende destinar 60 millones pesos para instalación y operación de una planta de molienda de cemento en Progreso, para venderlo en el Sureste de la República Mexicana.

Lo más interesante es que uno de los socios, Ricardo Alessio Robles Cerda, y Carlos Alberto Tirado Enríquez, son señalados por crear empresas en paraísos fiscales, además que sus nombres aparecen en la lista de los «Panama Papers».

Incluso, Robles Cerda fue primeramente un empleado de Cemex, quien después de denunciar a la cementera por un boicot monopólico en 2004, se volvió en un empresario que pretende competir con grandes empresas.

Incluso, creó las empresas Irkon Holding, Grupo Empresarial Alternativo y Grupo Baru del Norte en México, así como fue señalado de crear empresas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, a través de Futurvest Limited.

De acuerdo con el plan de la empresa Comercio para el Desarrollo Mexicano del Sureste, el proyecto consiste en la instalación y operación de una planta de molienda (de clínker portland), con el fin de vender cemento de construcción en versión granel ensacado.

El exempleado de Cemex pretende invertir 60 millones 100 mil pesos en la construcción e instalación de la infraestructura asociada a la planta de molienda de clínker portland para la Península de Yucatán.

«Logísticamente se puede recibir de manera eficiente materias primas como el clínker desde el puerto de altura de Progreso, además de permitir la venta a granel de cemento a las unidades que acudan a la planta, así como la distribución de cemento ensacado en los municipios costeros del Estado de Yucatán», agrega el proyecto de la respectiva empresa.

La compañía del empresario regiomontano instalará la maquinaria destinada al mezclado y molienda del clínker portland para su posterior venta como cemento.

Robles Cerda y Tirado Enríquez dieron de alta a Comercio para el Desarrollo Mexicano del Sureste el 23 de septiembre de 2010, en Monterrey, Nuevo León, por una duración de sólo tres años.

Posteriormente, los socios radicados en Monterrey cambiaron la duración de la sociedad por 97 años, la cual importa, exporta y distribuye todo tipo de mercancías de comercio exterior, así como comercializa graneles minerales y materiales para la construcción.

También, la firma cuenta con el objeto social de compra y venta de todo tipo de material destinado a la construcción industrial, comercial y habitacional, así como la importación y exportación de materiales, equipo y herramientas relacionados con la construcción.

La empresa regiomontana contempla que los trabajos de construcción e instalación de la planta de molienda de cemento no superarán el lapso de 12 meses, mientras la operación es indefinida, toda vez que exista demanda de cemento en Mérida y municipios conurbados.

El primer cargamento de cemento que trajeron en 2004 Ricardo Alessio y sus socios, Luis Bonales y Ricardo Camacho, nunca lo pudieron desembarcar y vender en México.

En ese año, los empresarios importaron unas 26 mil toneladas desde Rusia en el buque Mary Nour, pero una serie de amparos, denuncias y embargos precautorios les impidió descargar el material.

El 20 de febrero de 2012, la Comisión Federal de Competencia Económica informó a través de un comunicado que Cemex perpetró e indujo una serie de acciones para impedir la entrada al país de 26 mil toneladas de cemento del buque Mary Nour.

La CFC impuso a Cemex establecer un código de conducta acorde con la Ley de Competencia y una multa de 10 millones 179 mil pesos, el máximo legal en el momento de la práctica.

A mediados de junio de 2012, Alessio Robles afirmó que Cemex, empresa en ese entonces bajo el mando de Lorenzo Zambrano, continuaba con el boicot monopólico y presionó a empresarios jamaiquinos para que les negaran la venta de cemento.

«Apenas el año pasado se intentó importar cuatro mil toneladas de cemento en Jamaica, pero Cemex y sus socios bloquearon una vez más la venta y hacer cualquier negocio con CDM», comentó el responsable de la importadora.

Ahora, el socio de la compañía CDM quiere vender cemento portland, el cual es empleado por la mayoría de empresas constructoras de Mérida y la Península.

«Para ejemplificar los usos que se le puede dar a este insumo de construcción, si a este se le añade polvo de piedra o sascab se obtendrá concreto, el cual es un material muy versátil en la construcción», estableció.

Según el modo de elaboración del concreto se podrá usar tanto para construcciones ligeras como para granes edificios y, si a éste se le añaden piedras se obtendrá hormigón, el cual es un material mucho más resistente que los anteriormente mencionados.

Además, si se le agrega una estructura de hierro, entonces se tendría un hormigón armado.

«El cemento, en su gran mayoría, está destinado a convertirse en concreto, por lo que existen empresas dedicadas a la fabricación de éste, por lo que demandan cemento a granel», explicó.

Agregó que el concreto cuenta con una fácil maleabilidad, por lo que puede adaptarse a una multitud de tipos diferentes de construcciones horizontales y verticales, así como es resistente al fuego y muy económico.

«El concreto también es resistente a la congelación y al agua, lo que unido a su bajo costo lo convierte en un elemento ideal para la elaboración de pavimento, que es otra necesidad que se demanda de forma constante en Yucatán», añadió.

 ¿Lavado de dinero?

El representante del gremio de los alarifes, Javier Cauich Petún, aseveró que Robles Cerda fue un empleado de Cemex, pero ahora, junto con su socio Carlos Tirado Enríquez, pretenden instalar una cementera en Yucatán.

«Es muy extraño el pasar de un trabajador a un empresario con una gran fortuna, por lo que se pone muy en duda el financiamiento para instalar una nueva cementera en el Estado», acotó.

Resaltó que «la incógnita para uno de los quien afirma conocerlo y saber de algunos de sus negociaciones, es de cómo un exempleado tiene el capital para instalar una planta de cemento».

Expresó que estuvo involucrado en el escándalo de los «Panama Papers» por el lavado de dinero sacado del país a paraísos fiscales en Panamá y otros países, así como de otro escándalo de corrupción, coludido con funcionarios de Veracruz, donde junto con otros de sus socios obtuvieron contratos a modo.

Advirtió que Yucatán es polo de atracción de «empresarios» inexplicablemente multimillonarios, pero sin carrera empresarial conocida, por lo que recomendó a las autoridades a efectuar una investigación para saber la forma de cómo obtuvieron tanto dinero.

El caso de Veracruz

Durante el sexenio del Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el que fuera titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julen Rementería del Puerto, ahora senador por el PAN, ejerció el cuarto presupuesto más alto del Gobierno: más de cuatro mil millones de pesos.

El funcionario impuso la adjudicación directa como regla y entregó el 60 por ciento de los contratos bajo esta modalidad.

Por ende, con las adjudicaciones privilegió a una red de empresarios cercanos, que incluía a panistas, como el líder José de Jesús Mancha Alarcón, líderes de cámaras empresariales, otros empresarios como Felipe Ruíz y al bastión panista Veracruz- Boca del Río.

La auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) a la Cuenta Pública 2018 reveló que entregó 82 contratos de obra por 244 millones de pesos a sólo 22 empresas.

De las 477 obras que se realizaron durante su gestión, de 2017 a 2018, el 60 por ciento, o sea 284, fueron vía adjudicación directa, 117 por invitación a tres personas y solo 79 por licitación pública nacional.

En 2017, la auditoría señaló estas irregularidades cuando entregó a cinco empresas 54 millones de pesos bajo esta modalidad, aun cuando podía hacer licitaciones públicas simplificadas.

Aunque la Ley de Obras Públicas del Estado señala que el monto máximo para realizar una adjudicación directa son 1.5 millones pesos, la SIOP adjudicó bajo esta modalidad contratos hasta por 70 millones de pesos, justificando la acción con dictámenes de excepción por la premura de los tiempos.

Las auditorías invalidaron la parte de los dictámenes que justificaban las adjudicaciones de algunas obras, pues aunque se tenía tiempo para hacer licitaciones simplificadas anticipadas, se prefirió entregar contratos sin licitación.

Las diversas auditorías también revelan que las empresas beneficiadas cometieron varias irregularidades: obras infladas en costo y otras con deficiencias en su construcción, algunas más están abandonadas. La Cuenta Pública 2018 observó un probable daño patrimonial por 49.9 millones de pesos.

Rementería del Puerto entregó a la red de empresarios que más benefició las obras más caras del presupuesto, un claro ejemplo es la pavimentación de la calle López Mateos en Tuxpan, por 94.9 millones de pesos; esta obra fue entregada a la empresa Triturados Santa Clara SA de CV y Construcciones Santa Clara SA de CV, propiedad de Sergio Lara Hernández, hermano del exdiputado y expanista Oscar Lara.

También entregó la obra de reconstrucción de la carretera Banderilla-Misantla al grupo de constructores integrado por Pemarte SA de CV (del exdirector de CMIC), Desarrollos Asfálticos (de los hermanos del diputado Oscar Lara) y Diego López Méndez.

Aunque la obra fue licitada por 113 millones de pesos, durante el contrato se hicieron varias modificaciones que dispararon el presupuesto hasta 60 por ciento más, por lo que alcanzó un costo de 194 millones de pesos, lo cual fue observado por el Orfis, pues la obra tuvo fallas en su construcción.

El ahora exfuncionario tampoco respetó las reglas de operación de fondos clave para paliar la pobreza, como es el caso del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos, y debe ser destinado a comunidades afectadas por la extracción petrolera.

El dinero de este fondo federal superó los tres mil millones de pesos durante 2017 y 2018, pero el 90 por ciento lo concentró la SIOP en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de estas adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.

Más de la mitad del dinero del fondo se invirtió en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un sólo pozo y la vocación petrolera es mínima. Las obras más importantes las concentró en dos municipios lejos de la extracción petrolera, pero que son bastión panista: Veracruz y Boca del Río.

En 2018 se realizaron 204 obras, de las cuales 108 fueron adjudicadas de forma directa en contratos que van desde los dos millones hasta los 70 millones de pesos. Aunque se hicieron dictámenes para exceptuar el trámite, los auditores declararon improcedente la Adjudicación Directa de 30 contratos por más de 126 millones de pesos.

Entre las empresas a quienes se adjudicó directamente el recurso se encuentran Grupo Mascaya SA de CV, quien con apenas nueve meses de creación, en marzo del 2018 ganó una adjudicación por 5.8 millones de pesos.

También se encuentran empresas como Comercializadora Semiged SA de CV, del exalcalde de Chinameca, Víctor Salomón Carmona, a quien entregó tres contratos vía directa por 39.5 millones de pesos.

También dio un contrato por 19.8 millones de pesos a la empresa Irkon Holding SA de CV, cuyos socios son Camacho Flores y Robles Cerda, empresarios de Monterrey señalados por crear empresas en paraísos fiscales, y cuyos nombres aparecen en la lista de los «Panama Papers».

De igual forma, Construcciones Lupama del líder del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Palacio Macedo, se benefició con tres contratos por 98.9 millones de pesos; el líder de la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción, Julio Enrique García, también obtuvo tres contratos por 87.2 millones de pesos.

También las empresas de la exdiputada por Poza Rica y excandidata del PRI, Construcciones y Montajes de Veracruz, Michelle Gustín Cárdenas, obtuvo cuatro contratos por 53.4 millones de pesos.

Artículos Relacionados

POLICÍAS, BRAZOS DE LA MAFIA

Redaccion

60% DE LOS POLICÍAS YUCATECOS NO ESTÁN CERTIFICADOS

Redaccion

SINDICATOS Y ASOCIACIONES CIVILES, MAICEADAS POR VILA DOSAL

Redaccion

Deja un Comentario