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FISCALÍA, EN EL TRÁFICO DE NIÑOS

*La mafia gubernamental es protagonizada por Prodemefa, así como por Arminda Guadalupe Ciau Flores, de la FGE, quien se especializa en niños y adolescentes. Trabajan bajo las órdenes de Mauricio Vila Dosal y, en su momento, con el visto bueno de Rolando Zapata Bello

*Bajo engaños, citan a la madre para que acuda a la Prodemefa junto con sus hijos, donde son separados con el pretexto de efectuar una terapia en el área de psicología con los menores, pero inmediatamente son sacados por la puerta trasera y enviados a la FGE, donde los espera el próximo tutor

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – El tráfico de menores de edad para adopción se convierte en un millonario negocio para el Gobierno del Estado, pues semanalmente son dos mil los niños que acuden al Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay), dado que los padres e hijos se encuentran en procesos judiciales como divorcio o custodia.

Tan sólo un recién nacido tiene un valor de dos millones de pesos, cifra que disminuye de acuerdo con la edad del menor que van a adoptar, hasta llegar a los 500 mil pesos, cifra que si es multiplicada por los dos mil infantes que semanalmente acuden al Cecofay, el monto supera a varios miles de millones de pesos.

La mafia gubernamental es protagonizado por la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), Teresita de Jesús Anguas Zapata, así como por Arminda Guadalupe Ciau Flores, titular de la Agencia 29 de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual es especializada en niños y adolescentes, quienes de manera coordinada laboraban con la autorización del Gobernador Mauricio Vila Dosal y, en su momento, con el visto bueno de Rolando Zapata Bello.

El modus operandi es citar, bajo engaños, a la madre para que acuda a la Prodemefa junto con sus hijos, donde son separados con el pretexto de efectuar una terapia en el área de psicología con los menores e, inmediatamente, son sacados por la puerta trasera y enviados a la FGE, donde los espera el próximo tutor, quien ya firmó toda la documentación correspondiente; una vez que los tiene en su poder, simplemente desaparece.

En tanto, una vez que entretuvieron a la progenitora, posteriormente le dicen que no es la persona adecuada para tener al o los niños, que ellos son víctimas del maltrato, motivo por el cual le notifican que están en proceso de adopción, pero no les dan información sobre el paradero de sus vástagos, por lo que empieza el calvario para las mujeres, ya que el proceso legal puede durar hasta ocho años.

Claro ejemplo de ello son Daniela Rivero Díaz y Minerva Rodríguez Gómez, cuyos casos coinciden en que los «adoptantes» de sus hijos son los abuelos de los menores de edad, quienes por amiguismo influyen sobre autoridades gubernamentales y gastan el dinero de sus respectivas pensiones para el pago de abogados, además para sobornar a funcionarios del sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) en la Entidad, así como de la FGE, tanto de Yucatán como de Quintana Roo.

La representante del Movimiento Yucatán Ya No Más Negocios con Nuestros Hijos, Dariana Quintal Narváez, denunció el grave ilícito que solapa Vila Dosal, quien sabe de la problemática y nada hace al respecto, y lo mismo ocurrió con Zapata Bello.

Los más afectados son los menores de edad, quienes de manera abrupta son sacados del seno familiar, los ingresan al Centro de Atención Integral al Menor de Edad en Desamparo (Caimede) y, lo peor de todo, delante de sus padres les preguntan con quién quieren ir, y aunque la mayoría dicen que con los dos, los menores de edad son forzados a que elijan a uno de ellos.

Lo más lamentable del caso es que, cuando hay dinero de por medio, los psicólogos y trabajadores sociales los convencen para que nombre a la persona que está pagando, a pesar que ésta no tiene los requisitos básicos para el cuidado de los infantes.

«La mecánica del tráfico de menores de edad para adopción es la de beneficiar al mejor postor y al que mayor influencia tenga, y para lo cual, tanto la Prodemefa como la FGE, trabajan de manera coordinada», subrayó.

Comentó que Ciau Flores, quien hace dos meses fue removida de la respectiva agencia del Ministerio Público, cometía una omisión en la elaboración de las respectivas carpetas de investigación.

Para ello, «congela» la denuncia para que no avance, hace «desaparecer» el expediente, sustrae documentos originales que son comprometedores para sus clientes, al mismo tiempo que redacta documentos a modo para perjudicar a la persona que denunció e, incluso, notifica a los denunciados sin enviar la respectiva documentación, por lo que se preparan para el respectivo proceso legal.

Por si fuera poco, cuando sus clientes interponen una «contrademanda» le da celeridad, por lo que la denunciante se convierte en presunta responsable de un delito.

En tanto, Anguas Zapata ordena a los psicólogos y trabajadores sociales de la Prodemefa a que elaboren documentos a modo, a favor del cliente, los cuales son enviados al juez, quien con base a la confiabilidad y profesionalismo del personal de la Procuraduría dicta en contra de la demandante y entrega la custodia de los menores de edad a los corruptos.

«La FGE pide a la Prodemefa un estudio psicológico de valoración de la afectada, por lo que los funcionarios elaboran informes a modo, manipulan documentos, y los entregan al juez», denunció.

Aseveró que «a la Prodemefa le han dado un poder enorme para hacer y deshacer, pone mal a los papás para dar la custodia de los niños a terceras personas, quienes pagan miles de pesos en sobornos».

Ejemplificó el caso de Daniel Escalante, quien fue despedido de la Prodemefa al demostrar la corrupción, para lo cual una persona acudió al ahora exfuncionario y le planteó que deseaba la custodia de su hijo y hundir a su esposa, para lo cual le pidió 30 mil pesos, para empezar con todos los trámites correspondientes.

«La Prodemefa pone a las mamás locas, enfermas mentales y de psicópatas no las bajan, motivo por el cual el juez dictamina en contra de ellas», aseveró la abogada.

Mientras, la FGE fomenta la violencia institucional, pues «engaña al denunciante, lo desgasta al hacerles dar vueltas y lo fastidian para que deje el caso, y cuando hay una contrademanda en contra de ella, pues la acosan y la hostigan».

«Hay una ruptura total de la familia por la negligencia de la FGE y la mala integración de la documentación de la Prodemefa, todo ello en beneficio de la contraparte», abundó.

Influyente de Quintana Roo

Rivero Díaz señaló que a su hija se la quitaron en 2017 y la FGE mantiene «congelado» el expediente, procurando que la menor de edad cumpla los 17 años y pueda entonces elegir con quien quedarse, específicamente, ir con su progenitora y seguir gozando todos los privilegios que sus abuelos maternos le dan.

La afectada comentó que su padre es Daniel de Jesús Rivero Castillo, quien fue exfuncionario público de Quintana Roo, y la madre de la afectada es Malena Díaz Moguel.

«Mi gran pecado fue el descubrir a mi mamá con su amante, por lo que la acusé con mi papá, quien nada hizo al respecto, pues todas las propiedades están a nombre de su esposa, por lo que mis progenitores se fueron en mi contra, me quitaron a mi hija y ahora viven felices los cuatro», expresó.

Aclaró que el 28 de mayo de 2017 interpuso una denuncia por la sustracción de su hija, pero «durante dos años mi carpeta de investigación está en blanco, ya que Ciau Flores no efectuó diligencia alguna, no pidió una valoración física ni psicológica para la menor, entre otras arbitrariedades».

Enunció que tal fue el descaro que la funcionaria del Ministerio Público quitó un documento esencial, a favor de la demandante, en el cual señala que no hay elementos para judicializar la carpeta, pues los familiares, amigos y vecinos declararon a favor de ella.

«Cuando se revisó el expediente dijo que no han entregado la documentación correspondiente, afortunadamente le tomé una foto y demostré que miente», abundó.

Resaltó que en ambos casos en lo que no se efectuaron las diligencias, Ciau Flores avisó a los progenitores de la denunciada, quienes viven en Quintana Roo, pero sin enviarles la respectiva notificación oficial, motivo por el cual ellos lograron interponer una contrademanda.

La menor de edad fue trasladada al Caimede, pero los abuelos maternos pagaron para que tenga privilegios, tal el caso de que pudiera ir a una preparatoria privada, además que la joven cuenta con teléfonos celulares de lujo y otros beneficios.

Para demorar aún más el expediente, Ciau Flores envió el caso a la FGE de Quintana Roo, cuyo personal, al ver que su homóloga de Yucatán no efectuó valoraciones de la menor de edad ni de la denunciante, devolvió el caso.

«Si la autoridad yucateca hubiera actuado conforme a protocolo, se habría movilizado la recuperación de la menor y ésta se encontraría con su madre, pero la intensión es que cumpla con la mayoría de edad y elija con quien quedarse, y todas las de ganar la tienen sus abuelos, quienes le han dado en exceso», subrayó Quintal Narváez.

El peor de los padres

La abogada presentó a Rodríguez Gómez y explicó que «la señora ha sufrido de violencia de todo tipo y en grandes proporciones, por parte de su marido y de las mismas autoridades. Se tiene el estado de salud de la señora de verdadero elevado estrés, derivado por la separación de sus hijos ante la impotencia que siente de las autoridades a las que ella recurrió, pues lejos de ayudarla, Prodemefa le quita a sus vástagos».

Remarcó que han pasado ocho años y la señora sigue el proceso sin poder tener en realidad el contacto con sus hijos, pues en todo momento, su ahora exmarido, Orlando Andrés López Dzib, le pone constantemente amparos para impedir que vea a sus hijos, para lo cual soborna al personal de la FGE para que le notifiquen de manera previa y pueda proceder ante un juez.

También ha sobornado a los funcionarios de la Prodemefa para que elaboren documentos falsos en contra de ella, manifestando que tiene severos problemas de salud mental.

Actualmente, sus dos hijos están en manos de los abuelos paternos, mientras el padre de ellos formó otra familia y los abandonó.

La afectada narró que su caso data del 2013, cuando su exmarido sustrajo a la hija del matrimonio cuando salía de la escuela primaria y quiso hacer lo mismo con su hijo de un año 8 meses, pero debido al rigor que hay en el Centro de Educación Inicial (Cendi), no se lo entregaron.

El susodicho llevó a la menor a la casa de los abuelos de ésta, Orlando Humberto López Campos y Guadalupe Isolina Dzib Sulub, quienes «en todo momento me negaron a mi hija».

La afectada pidió la intervención de la Prodemefa, pero su estrategia le salió contraproducente, ya que pasó de ser víctima a la victimaria, y por ende le quitaron a su hijo.

Recordó que el 19 de julio de 2019, la extitular de la Prodemefa, Cinthia Giuliana Pacheco Garrido, la citó y fue ahí donde le quitaron a su hijo por cometer en contra de él agresiones físicas, psicológicas y económicas.

Mencionó que, por recomendaciones de un abogado, se trasladó a la FGE, por lo que al llegar a la agencia 29, la cual es especializada en niños y adolescentes, «se le cayó el teatro a todos y se procedió a entregar al niño a la madre», aunque tiempo después, un juez dictaminó que el menor debía estar con su padre.

La querellante interpuso una denuncian ante la FGE y la carpeta de investigación quedó «congelada» por tres años y, durante el proceso, el menor de edad fue enviado al Caimede.

Rodríguez Gómez es profesora de educación especial y, a pesar que paga la pensión de sus hijos, el 40 por ciento de su salario, no le permiten verlos; con todo y que peleó por la convivencia con ellos, nuevamente se la negaron.

Aunque el Juez Segundo de lo Familiar le permitió tener a sus hijos por la tarde, su exmarido interpuso un amparo para que la Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictaminara que no los puede ver, ya que no tiene la idoneidad para ello.

Mientras López Dzib utiliza recursos legales para atrasar el proceso e impedir que ella vea a sus hijos, los abuelos de los menores, quienes son jubilados de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), mueven sus influencias para que constantemente la muevan de horario y de escuelas, de tal manera que pierda toda oportunidad de estar con ellos.

Finalmente, la representante del Movimiento Yucatán Ya No Más Negocios con Nuestros Hijos afirmó que «el mismo sistema se encarga de la ruptura del vínculo familiar, ante el tortuguismo, la omisión y la corrupción que impera».

Desde el punto de vista legal, por tratarse de un menor de edad, el proceso sólo debe de tardar tres meses, cuando mucho cinco, pero en el caso de Rodríguez Gómez lleva ocho años.

Lo peor de todo es que cuando ha tenido de cerca a sus hijos, «la mayor me reclama por qué los abandoné y me dice que por mi culpa su hermanito estuvo en el Caimede, por lo que es notable que su papá y sus abuelos hablan mal de mí», expresó la afectada.

«Son sólo dos ejemplos de los cientos de casos que hay en el Estado, si a mí me hubieran dicho, hace 15 años, que en Yucatán impera la corrupción para quitarte a tus hijos, me hubiera reído, pero es una lamentable realidad», concluyó.

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