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“HUACHO” DÍAZ, EN LA MIRA: ES ACUSADO DE CORRUPTO

*El delegado federal es investigado junto con al menos otros 17 funcionarios federales

*Actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, los cargos

*Joaquín Díaz Mena ya había sido sentenciado por realizar promoción personal durante la entrega de programas sociales

*Mientras unos cuantos, gente preparada y con experiencia, buscan empleo desesperadamente, el funcionario Díaz simplemente acomoda bien a los suyos, sólo por el hecho de ser sus parientes

*El “superdelgado” saca provecho de los programas federales para personas realmente necesitadas y, sin un ápice de empatía, se cuelga de la entrega de estos beneficios y los condiciona para autopromocionarse a sí mismo y a su partido

 

Redacción / Sol Yucatán

 

Mérida- El delegado federal en Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, ha sido acusado, junto con al menos otros 17 funcionarios federales, de presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Esta es la segunda vez que el Gobierno Federal pone en el banquillo de los acusados a “Huacho” Díaz, pues en febrero pasado fue sentenciado, junto con otros 23 delegados, por realizar promoción personal durante la entrega de programas sociales, utilizando esos apoyos para buscar algún puesto de elección el próximo año.

En el expediente SER-PSC-71/2020, la Sala Regional Especializada del TEPJF concluyó que 14 “súperdelegados” (delegados de Programas para el Desarrollo, quienes son los representantes del Ejecutivo Federal en los estados y tienen la encomienda de verificar la cobertura y aplicación de los programas sociales del Gobierno) entre los que estaba Díaz Mena, violaron el artículo 134 constitucional por hacer campaña a favor del ahora Presidente, con el reparto de programas sociales.

Sin embargo, las investigaciones revelaron que no sólo hicieron proselitismo a favor del Presidente, sino de ellos mismos.

De acuerdo con información del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar, las indagatorias en curso derivan de denuncias presentadas en 2019 y 2020.

Ahora, entre las principales acusaciones a “Huacho” Díaz y a los otros delegados federales están el hacer uso corrupto y con afán de autopromoción de los programas federales a personas mayores, becas escolares, los apoyos a mujeres y a personas discapacitadas.

Así, con esta información se siembra la duda en el Ejecutivo Federal, pues tal vez se debería elegir con más cautela los delegados por zona, ya que no es posible que Joaquín Díaz Mena continúe con este tipo de conductas, favoreciendo sólo sus propios intereses, a su partido y a sus familiares, pues la situación en la nación, y ahora con la pandemia del Coronavirus, cada vez es más difícil.

Mientras unos cuantos, gente preparada y con experiencia, buscan empleo desesperadamente, “Huacho” Díaz simplemente acomoda bien a los suyos, sólo por el hecho de ser sus parientes. Además, el “superdelgado” saca provecho de los programas federales para personas realmente necesitadas y, sin un ápice de empatía, se cuelga de la entrega de estos beneficios y los condiciona para autopromocionarse a sí mismo y a su partido.

Esta información se puede sumar a la “larga cola” que tiene “Huacho” Díaz, pues caber recordar que también se le ha acusado de ganar el doble que el Presidente de la República.

El actual delegado del Gobierno Federal declaró ingresos mensuales por 227 mil 155 pesos, más del doble de los 108 mil 744 pesos que cobra el presidente López Obrador.

Además, declaró cinco propiedades de 206 hectáreas, también posee seis vehículos de lujo comprados durante la campaña electoral y de contado.

Según su declaración, el funcionario tiene dos casas, una de 160 metros cuadrados de terreno y 110 metros de construcción, adquirida en julio de 2004, a crédito, con un valor de $450,000.

La otra tiene 250 metros de superficie y un área construida de 80 metros, comprada de contado en febrero de 2008.

En marzo de 2016 vendió otra casa de contado por $220,000, que tenía 200 metros de extensión y 80 de construcción.

Díaz Mena posee también tres automóviles: un Nissan X-Trail modelo 2015, adquirido de contado por $362,000 en 2014. Otro Nissan Sentra, modelo 2016, adquirido también de contado en $262,000 en 2015, y una camioneta pick up, chasis NP 300 y modelo 2017, que compró de contado por $245,000 ese mismo año.

El 6 de agosto de 2018, un mes después de asumir su cargo de coordinador estatal para el Plan de Desarrollo Nacional, adquirió un auto Toyota tipo Prius Premium con un precio de $436,100, el cual pagó con un crédito que a principios de 2019 ya había casi saldado. En enero sólo debía $100,000.

Díaz Mena también declara que adquirió el 30 de noviembre de 2018 varias cabezas de ganado por un valor de $3,200,000 y es dueño de dos terrenos, uno de 91 hectáreas comprado en 2009, al parecer se trata de un rancho ganadero en la carretera Panabá-San Felipe, y otro de 206 hectáreas, por el que pagó de contado $660,000 en el año 2018. Supuestamente parte de sus ingresos mensuales de $140,000 por desarrollar actividades industriales o comerciales provendría de la ganadería aunque, según su declaración rendida en mayo de 2018 cuando lanzó su candidatura a la gubernatura por Morena, éste señaló que su actividad empresarial era la ganadería, en el rancho San Joaquín, que le dejaba una contraprestación neta anual de $305,550 ($25,458 al mes).

Díaz Mena acumuló sus bienes a lo largo de una carrera política de apenas 18 años, que se inició en 2001, cuando ocupó la alcaldía de San Felipe. Luego fue diputado local, 2004-2006; diputado federal, 2006- 2009; delegado de la SEP en el Estado, 2009-2011 y de profesor de la SEP entre 2011 y 2014.

De 2013 a 2014 fungió como secretario de Acción de Gobierno del PAN en Yucatán, con un ingreso anual de $168,000. De 2014 a 2015 fue coordinador nacional de Asuntos Indígenas del PAN nacional, donde acumuló ingresos anuales por $480,000 y de 2015 a 2018, repitió como diputado federal del PAN, con ingresos anuales de $1,687,617.

En otra parte de su declaración patrimonial, el funcionario federal reconoce que tiene dos cuentas bancarias, una por $680,000 y otra por $180,000 y deudas por un monto de $1,222,254, incluyendo un crédito hipotecario por $1,052,254.

Díaz Mena acumuló sus bienes a lo largo de una carrera política de apenas 18 años, iniciada en 2001.
También se indicó que ha sido acusado de enriquecimiento, por lo que se pidió al Gobierno Federal que el dinero en Yucatán no se utilice para aspiraciones políticas personales, sino para el desarrollo de programas por el bien de la comunidad.

Sin duda no hay que perder de vista al “súperdelegado” en Yucatán y no porque esté haciendo muy bien las cosas, sino que en realidad es al revés, está generando mucha preocupación entre empresarios y ejidatarios.

Tal como ocurrió con Carlos Lomelí en Jalisco, tras perder las elecciones para Gobernador fue nombrado virrey por mandatario mexicano y al parecer anda muy metido en la especulación de tierras. Tan es así que su operador «agrario» es Alfonso Pereira Palomo, un empresario conocido como “El Mosco” y que fue acusado de despojo a ejidatarios de Yucatán y Campeche.

Habrá que ver si Díaz Mena no pasa de súper delegado a súper latifundista en la península yucateca.
Y no solamente eso, Joaquín Díaz Mena es señalado del desvío de millones de pesos para utilizarlos en cuestiones particulares.

Díaz Mena presuntamente utiliza el programa de Becas Benito Juárez para prebendas a amigos y conocidos, los cuales son manejados por Aremy Morales, Adela del Carmen Escamilla, José Manuel Menéndez , Yoana Ku Alpuche y Alberto Pérez, quienes presuntamente no tienen conocimiento en el tema de programas sociales, los cuales manejan a su antojo y reparten las becas a quienes ellos eligen de acuerdo a intereses y su conveniencia, mientras la otra parte es utilizado por Diaz Mena para fines particulares y mediáticos.

En la plataforma de la Secretaría del Bienestar a nivel federal se tiene registrados apoyos a alumnos, los cuales no se entregaron, además de que no existen registros en la delegación estatal de que dichos apoyos fueron repartidos, pero sí los reportan en la plataforma nacional.
Según los señalamientos se estima que más de 200 millones de pesos no han sido reportados y tampoco entregados.

Aunado a ello, el delegado federal es señalado de querer apropiarse de una franja de manglares.
El delegado federal tuvo que huir de San Felipe a bordo de una embarcación luego de que vecinos, hartos de sus engaños y molestos por el negocio ilegal y descarado que hace de sus tierras y propiedades, le cerraron los caminos vehiculares y persiguieron armados con piedras. En Yucatán, el Comité Estatal de Morena también se vio envuelto en un escándalo sexual luego de que M. S. M. P., una joven servidora, denunciara a su coordinador Luis Felipe Conrado Och, quien también es secretario de Organización del partido, de haberla violado en una casa de Tizimín, a donde la llevó mediante engaños.

En el mismo tenor, en Yucatán se ha pedido que se investigue al partido Morena pues se le acusa de utilizar las entregas de apoyos para crear redes de coacción del voto y de que gente del partido, a cargo de Mario Mex Albornoz, ofrece y condiciona la entrega de apoyos y becas.

Asimismo, Mario Mex ha sido acusado por los propios militantes de corrupción y de no entregar cuentas claras de más de 24 millones de pesos que ha recibido durante su gestión.

De hecho, al darse a conocer esta información varios gobernadores acusaron al Presidente de conferir a sus delegados poderes que se equiparan a las atribuciones de los propios gobernantes. A su vez, dada su exposición a nivel estatal, tales funcionarios se posicionaron como naturales candidatos a las gubernaturas de los estados donde operan. En la primera andanada de acusaciones, el Presidente de la República calificó “esos actos de corrupción” de los delegados y del partido como “politiquería, por utilizar los programas sociales en su provecho personal”.

Grave denuncia
de acoso sexual

Por su parte, el “superdelegado” de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, acumula la mayor cantidad de indagatorias abiertas por la SFP en su contra (8 en total). El expediente 2019/DE70 se inició a partir de una denuncia que acusa al funcionario de cometer actos de proselitismo político en comunidades de Tamazunchale, donde el delegado, presuntamente, dijo que los programas sociales llegaban gracias a él y a la delegada regional Briseida García.

Otra investigación en curso contra el “superdelegado” potosino, la 2019/DE31, está relacionada con la megafiesta que el funcionario organizó por su cumpleaños en abril del año pasado y que, según la denuncia, habría costado 2 millones de pesos. Otras tres investigaciones señalan probables despidos injustificados.
Como se mencionó, la denuncia más grave contra el delegado de San Luis Potosí, Gabino Morales, forma parte del expediente 2019/DE79, donde se le acusa de abuso sexual y acoso laboral cuando se desempeñaba como dirigente estatal de Morena.

De hecho, en febrero de 2019, diputadas federales de Morena demandaron al Presidente de la República destituir a Morales Mendoza, quien, señalaron, ha continuado al frente del cargo público pese a que ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado “por hostigamiento, amenaza, difusión ilícita de imágenes, abuso sexual y violencia política”. Además, sostuvieron, fue inhabilitado por el órgano disciplinario del partido, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), sin consecuencias para él.

Sin embargo, Morales Mendoza se ha limitado a decir que “no ha tenido ninguna notificación” de las investigaciones de la SFP en su contra, aunque no se pronunció sobre el contenido de éstas.

Los “súperdelegados” acusados

Como se mencionó, además de “Huacho” Díaz están acusados los delegados federales Aldo Ruíz (Aguascalientes), Juan Carlos Loera (Chihuahua), José Antonio Aguilar Castillejos (Chiapas), Índira Vizcaíno (Colima), Mauricio Hernández Núñez (Guanajuato), Rodrigo Abdala (Puebla), Gabino Morales (San Luis Potosí), José Jaime Montes Salas (Sinaloa) y Jorge Luis Taddei (Sonora), entre otros más.

Cabe señalar que tres de los funcionarios investigados dejaron su cargo en busca de la candidatura de Morena al Gobierno de sus estados. Se trata de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua; Índira Vizcaíno Silva, de Colima, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero, quien es hermano de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

De igual forma, los funcionarios investigados por el OIC a instancias del TEPJF son los delegados de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval; Estado de México, Delfina Gómez; Veracruz, Manuel Huerta; Yucatán, Joaquín Díaz Mena; Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera; CDMX, María Cristina Cruz, y Coahuila, Reyes Flores Hurtado.

También Roberto Pantoja, de Michoacán; Katia Meave, de Campeche; José Antonio Aguilar Castillejos, de Chiapas; Mauricio Hernández, de Guanajuato; Rodrigo Abdalá, de Puebla; Gabino Morales, de San Luis Potosí, y Aldo Ruiz, de Aguascalientes.

Cabe señalar que destaca el caso del delegado de San Luis Potosí, Gabino Morales, a quien en el expediente 2019/DE79 se le acusa de abuso sexual y acoso laboral cuando se desempeñaba como dirigente estatal de Morena; también se le señala de agresiones sexuales en contra de mujeres que trabajan como Servidoras de la Nación.

Las investigaciones

Un caso es el de la delegada de Colima, Índira Vizcaíno, quien renunció al cargo el 31 de octubre. La indagatoria, con el folio 2019/DE308, inició a raíz de una denuncia presentada por la diputada federal morenista Claudia Yáñez Centeno, también de Colima, quien acusó a Vizcaíno, tanto en la SFP como en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE, antes Fepade), de hacer un uso discrecional de los recursos de programas sociales para hacer campaña.

Otro delegado que es investigado por promoción de su imagen con recursos públicos es el sinaloense José Jaime Montes Salas, a raíz de una denuncia integrada en el expediente 2020/DE555. La acusación afirma que, en medio de la pandemia, el funcionario hizo campaña con la entrega del programa de pensión para adultos mayores “68 y Más”, en compañía del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.
A principios de octubre se dio a conocer en medios que otro delegado, el veracruzano Manuel Huerta, también fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por presunto abuso sexual, pero no se pudo corroborar si en la SFP existen denuncias por estos hechos en contra del funcionario, ni si la institución ha iniciado de oficio alguna investigación al respecto.

Por su parte, hasta hace poco Juan Carlos Loera fue el delegado federal de Chihuahua, cargo que dejó para contender por la candidatura de Morena al Gobierno Estatal. Pero esta semana retomó su curul como diputado federal.

En el expediente 2019/DE45, la SFP investiga al funcionario por presunto nepotismo, debido a que una sobrina suya, Myrna Brighite Granados de la Rosa, habría sido contratada en la delegación que él encabezó.
Este señalamiento de nepotismo alcanza hasta a la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pues la sobrina del ahora exdelegado trabajó en 2019 como su secretaria particular con un sueldo de 45 mil pesos mensuales, todavía teniendo la licenciatura trunca.

La acusación incluye a dos compadres de la subsecretaria Montiel: Luis Fernando Duarte González, delegado regional en Parral, y su esposa, Ishtar Ibarra Barraza, directora de área de Bienestar en la Ciudad de México. Cabe señalar que el año pasado Montiel fue madrina de bautizo de una de las hijas de ese matrimonio.

La denuncia añade que Ishtar Ibarra vive en Chihuahua, a pesar de que, por el cargo que tiene, debería despachar en la capital del país.

Otros parientes de De la Rosa tienen cargos en la SEP, el SAT y el IMSS, según registros públicos. El ahora diputado federal señaló en entrevista que su sobrina nunca trabajó para él directamente en la delegación estatal.

“A mí se me notificó de una entrevista que me harían funcionarios de la SFP, la cual se realizó hace ya casi un año, en la que se aclaró esto; esta persona, yo no sé si en el vínculo familiar sea efectivamente mi sobrina, los sobrinos son los hijos de los hermanos, y ella es hija de una prima, que no estuvo, nunca jamás, bajo mi coordinación, ni en la delegación ni en Chihuahua, y eso seguramente se aclaró, porque no hubo más que yo me haya enterado, al menos hacia mí, alguna investigación, señalamiento o sanción”, sostuvo.

Una denuncia semejante de nepotismo concierne al “superdelegado” de Aguascalientes, Aldo Emmanuel Ruíz Sánchez. Como parte del expediente DGDI/DE84, se señala que dos primos del funcionario, Mariana Acela Picazo Sánchez y Miguel Ángel Sánchez Ramos, fueron contratados bajo el mando de Ruíz Sánchez.
La acusación expone que ambos familiares ingresaron al servicio público a la entonces Coordinación Nacional de Prospera, que inicialmente dependió de la delegación a cargo de Ruíz Sánchez y posteriormente migró a la SEP.

El delegado reconoció el parentesco familiar, pero aseguró que él no fue responsable de la contratación de sus primos. Además, dijo que nunca trabajaron directamente para él.

“Yo no he contratado familiares directos en la delegación de Bienestar, eso es una denuncia que nos llegó el año pasado, se respondió que estas personas que se señalan no están trabajando conmigo directamente, no están en Bienestar. Yo no soy el responsable de las contrataciones, para eso hay un responsable, en lo que a mí me toca, en mi responsabilidad, yo no he permitido ni promocionado familiares”, sostuvo.
Otras dos indagatorias contra Aldo Ruíz están relacionadas con presuntos despidos injustificados, y una más con la promoción personalizada denunciada por el TEPJF.

La hasta hace poco delegada de Colima, Índira Vizcaíno, también fue denunciada por presunto nepotismo, en el expediente con folio 2020/DE27.

La denuncia señala que la hermana de la ahora ex delegada, Juaenedi Vizcaíno Silva, ingresó a trabajar a la Secretaría de Bienestar al mismo tiempo que su pariente con el cargo de asesora de la titular de la dependencia, en ese entonces María Luisa Albores.

Posteriormente, a partir de este año, Juaenedi Vizcaíno fue ascendida a Directora de Vinculación con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), que está bajo la coordinación de la Secretaría del Bienestar.

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