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IMPUNES LOS ROBOS DE RENÁN

*La Auditoría Superior del Estado de Yucatán  encubre un desfalco del alcalde de 18 millones de pesos. Figuraron pagos sin justificación en el Comité Permanente del Carnaval de Mérida por 3 millones 375 mil pesos y un pago de 2 millones 220 mil pesos por concepto de “Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente”

*Se pagaron 857 mil pesos por concepto de mantenimiento de parques y jardines, sin que mediara contrato con proveedor alguno o comprobante fiscal digital. “Ladrones de guante blanco”

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), informó que el alcalde de Mérida, Yucatán, Renán Barrera Concha, sigue sin comprobar 18 millones 646 mil 500 pesos del presupuesto 2019 de la comuna a su cargo.

Lo anterior salió a relucir durante la tercera entrega de los informes individuales de la Auditoría, así como el informe general ejecutivo del resultado de fiscalización superior, ambos de la cuenta pública 2019, entregada en abril pasado.

En él se puede observar cómo se le hicieron 16 observaciones de las que solo fueron solventadas 5, nueve quedaron pendientes de solventar y dos no tuvieron respuesta.

Figuraron pagos sin justificación encontrados en el Comité Permanente del Carnaval de Mérida por 3 millones 375 mil pesos; un pago de 2 millones 220 mil pesos efectuado el mes de agosto de 2019 por concepto de “Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G.

Corriente”, sin documentación que justificara la obligación de la aportación; y el pago de 857 mil pesos por concepto de mantenimiento de parques y jardines, sin que mediara contrato con proveedor alguno o comprobante fiscal digital.

Además, se encontraron pagos por el orden de 15 millones 308 mil pesos por diversas obras que presentaron todo tipo de inconsistencias en sus expedientes.

La posible afectación por el orden de los 18 millones 646 mil 500 pesos a la hacienda pública fue resultado de la fiscalización de la cuenta pública del alcalde Renán Barrera Concha. Y como resultado de la misma, se vertieron 16 observaciones; de las que se justificaron 5 mediante la entrega de documentación que avalara las transacciones observadas, 9 fueron medianamente justificadas y dos no fueron solventadas.

Estos datos fueron resultado de la auditoría efectuada a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 llevado a cabo por la ASEY, sobre una muestra de 2 mil 081 millones 116 mil 400 pesos, que a su vez representaba el 67% de un universo presupuestario de 3 mil 770 millones 144 mil 200 pesos, del Fondo de Participaciones y Recursos Propios y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

De esta manera, como resultado de la fiscalización, se analizaron desde los tipos de Control Interno, que maneja el municipio en el manejo de los recursos; hasta el Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y el Cumplimiento de la Ley de Ingresos.

Todas ellas fueron observadas, pero deslindadas ante la información y documentación que la entidad fiscalizada proporcionó para acreditar las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

En cuanto a los puntos referidos al Registro de Información financiera de las operaciones; la Promoción de Responsabilidad Administrativa; el Destino de los Recursos; las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; todas ellas fueron solventadas parcialmente, pero generaron la acción de levantar el pliego de observaciones 154/2020 y la promoción de responsabilidad administrativa.

En tanto que, el punto referente a la Inversión Pública en Obras y Acciones Sociales por Contrato, este fue solventado parcialmente y generó la promoción de responsabilidad administrativa ante inconsistencias encontradas en diversos expedientes técnicos de obras autorizadas por la comuna, por encontrar documentación faltante, o la adecuada integración de los expedientes técnicos de obras.

Los contratos con inconsistencias fueron el: EL19-FICON-6133-033 con objeto “Ampliación del alumbrado público”, con importe ejercido de 2 millones 055 mil 400 pesos; el VT19-FICON-6151- 037, con objeto “Construcción de calle” por un monto de 2 millones 470 mil 200 pesos; el VT19- FICON-6142-044, con objeto “Construcción de sistema de drenaje pluvial, construcción de pozos de drenaje pluvial”, con importe ejercido de 1 millón 645 mil pesos.

Así también, el 0C19-FICON-4431-135 con objeto “Construcción de techado en área de impartición de educación física” con importe ejercido de 3 millones 534 mil 400 pesos; el VT19-FICON-6141- 079 con objeto “Construcción de guarniciones y banquetas” con importe ejercido de 1 millón 468 mil 700 pesos; así como en el acuerdo EL19-FICON-6133-004 hecho con Ingeniería Hidráulica del Caribe, con objeto “Ampliación de electrificación” con importe ejercido de 2 millones 447 mil 700 pesos y el denominado AP19-FICON-6131-051 con objeto “Ampliación de red de agua potable” con importe ejercido de 1 millón 686 mil 600 pesos.

Las acciones no solventadas, o mejor dicho no justificadas por la entidad auditada, fueron los puntos referentes al Cumplimiento del Presupuesto de Egresos; y el de los Servicios Personales; mismas que generaron una acción en la promoción de responsabilidad administrativa, la primera; y la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, la referente a los servicios personales.

Sin duda, estos dineros faltantes, por no decir lo obvio, “desviados”, los terminarán pagando como siempre sucede en los desvíos públicos, el pueblo al que se le roba su presupuesto. En este caso, cada uno de los 892 mil 362 habitantes que tiene Mérida, a través de los impuestos y servicios municipales.

No cabe duda, el robo al erario público, es el mejor negocio ilícito que se pueda cometer, pues no es considerado como delito grave, ni quien lo comete es considerado un criminal pese a que, con sus acciones, les roban hasta el futuro a generaciones que ni siquiera han nacido aún.

Peculado, ese es el nombre que se la da a esta acción que en tantas ocasiones ha llevado a cabo Barrera Concha. Peculado, palabra que, al buscarla en el diccionario, en ningún lado aparece que se trate de un delito grave, no, al contrario, en todo caso le llaman “malversación de fondos públicos”, como queriendo dejar como un tonto al político señalado del mismo, pero que en realidad de tonto no tiene un solo pelo, sino todo lo contrario.

En sí, en el derecho mexicano, se le considera un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado, por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. Pero se protegen tanto los unos a los otros, que cuando entra un nuevo servidor público, le palomea la cuenta al alcalde saliente y así sucesivamente. Y cuando sí se acusa a algún servidor de peculado, ahora falta comprobárselo y para ello es que hacen uso una y otra vez de tanta empresa facturera de las que se valen los políticos deshonestos.

Y llegando a este punto; de verdad que, que lamentable es ver, como la misma Ley protege a esta clase de sinvergüenzas y en cambio criminaliza acciones que en algunas ocasiones llevan a cabo personas de escasos recursos en la búsqueda de su manutención diaria, como es la de salir a las calles a vender (ambulantaje) o poner un negocio irregular (evasión fiscal).

¿Observan la diferencia en la misma connotación de las palabras? Peculado se escucha y lee como algo elegante, por lo que quien lo comete es considerado un ladrón de guante blanco; alguien que viste y huele bien, y no te podría dañar con su acción, aunque en realidad le esté robando el futuro a tus propios hijos.

En cambio, un vendedor ambulante en la mayor de las ocasiones es minimizado como persona y a veces hasta tratado peor que narcotraficante. Mientras que un evasor fiscal -para quienes ostentan el poder-, es el peor de los criminales, pues hay que recordar que gracias a los impuestos que pagamos todos en la compra de todo tipo de mercancías y pago de todo tipo de servicios, es como los considerados a sí mismos “monarcas” del país, se embolsan cada mes centenares de miles de pesos como salario de sus “servicios”. Cantidades que la inmensa mayoría de este país, jamás verá en toda su vida; ni si siquiera 50 mil pesos juntos, de manera honrada, claro está.

Hay que recordar que Barrera Concha, pese a comprobársele su más que clara participación en el desvío de esos 18 millones 646 mil pesos de las arcas de la Ciudad Blanca, y en otros desvíos más en los que ha participado como alcalde; con todo y ello, participó en los pasados comicios, mismos que ganó para cubrir lo que será su tercer periodo de gobierno al frente de la capital yucateca.

Dios proteja los bolsillos de los yucatecos de esos “flamantes” servidores públicos, que “trabajando en favor” del pueblo que los eligió, hacen peculado de los dineros públicos cada vez que contratan algún tipo de servicio para la comuna.

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