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¡IMPUNIDAD TOTAL!

*Mauricio Vila se convierte en cómplice de uno de los gobernadores más corruptos de la historia moderna del Estado, Rolando Zapata Bello, pues al principio de su administración afirmó que castigaría a los responsables, pero hasta el momento sólo prevalece la impunidad.

* En un principio acusó a Zapata Bello del desvío de recursos por la cantidad de dos mil 500 millones de pesos, pero ahora mandó los expedientes a la «congeladora» e incluso ordenó a todos los funcionarios de su administración a no dar información alguna sobre el tema.

* Antes de concluir su administración, Rolando presumió los elefantes blancos hechos durante su sexenio, presumiendo la «legalidad» de las obras, pero días después, todo su teatro se vino abajo

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- En el transcurso de dos años, el comportamiento del Gobernador Mauricio Vila Dosal ha cambiado de manera radical y a favor de su antecesor, pues en un principio se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a Rolando Zapata Bello, a quien acusó del desvío de cerca de dos mil 500 millones de pesos, pero actualmente los expedientes permanecen en la «congeladora».

Por ende, Vila Dosal se convierte en cómplice de uno de los gobernadores más corruptos de la historia moderna del Estado, pues al principio de su administración afirmó que castigaría a los responsables, pero hasta el momento sólo prevalece la impunidad.

El total hermetismo de la actual administración es más radical en este rubro, pues a los funcionarios se les obligó a no dar información alguna sobre el tema, en especial a los comunicadores.

Hasta el momento, hay una total impunidad sobre el millonario desvío de recursos, solapado por Vila Dosal, quien se niega a dar a conocer el avance de las investigaciones en contra de su antecesor.

La información más reciente sobre tal anomalía data del 8 de enero de 2019 y, a partir de ese entonces, no se ha vuelto a tocar el tema, incluso, a los funcionarios se les prohibió hablar de ello y en todo momento evaden las preguntas relacionadas.

Tal es el caso de las titulares de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra y de la Contraloría General del Estado (Secogey), Lizbeth Basto Avilés, al igual que la secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya.

Del mismo modo estuvo el ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Wilberth Cetina Arjona, y ahora ocurre lo mismo con Juan Manuel León León, quien luego de su toma de posesión, en el Congreso del Estado, optó por huir de los medios de comunicación.

Desde el primer día de su administración, el titular del Ejecutivo denunció los hechos de corrupción de Zapata Bello, pero el furor sólo duró unas semanas, pues optó por el carpetazo.

Tan solo el 9 de noviembre de 2018, durante la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del Presupuesto y Ejercicio del Gasto que encabezó Vila Dosal, la SAF presentó el avance sobre el proceso de entrega-recepción y reveló que la administración estatal anterior gastó durante 2018 más dinero del que le correspondía, lo que derivó en un faltante por cerca de 1,900 millones de pesos en el presupuesto para el último trimestre del año.

Además, se dejaron las finanzas estatales con presiones adicionales de gasto por alrededor de 500 millones de pesos y contingencias como la del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSTEY), que prácticamente se encuentra sin viabilidad financiera.

Junto con estas complicaciones presupuestarias, el reporte señaló la existencia de contingencias por más de dos mil 500 millones de pesos derivadas de observaciones hechas por órganos fiscalizadores, Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de la Función Pública (SFP), correspondientes al período 2012-2018.

Estas observaciones no fueron solventadas oportunamente por la anterior administración y, ante la falta de información y la desaparición de expedientes, aumentó el riesgo de una eventual devolución de estos recursos a la Federación.

Al profundizar sobre los avances del proceso de entrega-recepción, se mencionó que se encontraron discrepancias en cuentas bancarias, facturas pendientes no registradas y adeudos por servicios no facturados, pasivos contingentes no reconocidos, información parcial y con retraso en los registros contables, ausencia del sistema de control interno, falta de apego a la contabilidad gubernamental y compromisos con el ejercicio de recursos sin soporte de ingresos presupuestados.

Durante la reunión se detalló que el faltante por mil 900 millones de pesos, de acuerdo con información documental con la que se cuenta, se debe a que en los tres primeros trimestres de 2018 el Gobierno del Estado gastó esa cantidad de recursos correspondientes al último trimestre de este año del ejercicio, los cuales se recibieron sin explicación de por medio, de manera anticipada.

La titular de la SAF, Olga Rosas Moya, afirmó que «nos hacen falta, prácticamente, 1,900 millones de pesos para terminar el año, lo cual es una situación crítica. Esto pasó porque en el tercer trimestre del año se gastó más dinero del que se debía haber gastado y pues esto nos pone en una condición complicada».

Con base en la Ley de Ingresos 2018, para el período enero-septiembre de 2018 se autorizaron recursos de libre disposición por 13 mil 812 millones de pesos, pero se recibieron 17 mil 234 millones de pesos, es decir, se tuvo un monto adicional de tres mil 421 millones de pesos, un 30 por ciento más de lo estimado, mientras para el cuarto cuatrimestre de este mismo año se estiman casi dos mil millones de pesos menos.

Los tres mil 421 millones de pesos extras que se obtuvieron fueron por la venta de bienes del Gobierno del Estado, participaciones adicionales, recursos del fondo para gasto en educación, para el fortalecimiento financiero y del fondo de contingencias económicas, el cual se otorga usualmente al final del año, pero que este caso se hizo en el trimestre anterior, de manera anticipada.

De tal manera que, se especificó, para el último trimestre se proyectó un presupuesto estimado en 5,941 millones de pesos, pero con el gasto de los recursos que llegaron por adelantado sólo se contará con poco más de cuatro mil millones de pesos, lo que complicará el cierre del ejercicio fiscal 2018 para cumplir con las obligaciones y hay otras erogaciones como el pago de aguinaldos a los trabajadores.

RESULTADOS Y DENUNCIAS

Posteriormente, el 8 de enero de 2019, el Gobierno del Estado informó que, tras «una exhaustiva revisión e investigación de casi dos mil carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, se encontró irregularidades financieras de la administración anterior por un monto de aproximadamente 533 millones de pesos, principalmente en las Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF), lo que dio paso a interponer seis denuncias, de manera inicial».

El proceso inició el 1 de octubre de 2018 y justo en el día 100 de la actual administración se dio un balance de las ilegalidades detectadas, y se dio a conocer que aún hay al menos otras 20 denuncias adicionales por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios, discrepancias administrativas, por lo que se procederá a interponer las denuncias correspondientes.

También se anunció que las 26 denuncias, en su conjunto, fueron integradas con toda la documentación correspondiente y se presentaron el 14 de enero del mismo año, ante los organismos fiscalizadores correspondientes, tales como la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Las dependencias involucradas en estas 20 denuncias adicionales son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), del Deporte (IDEY), el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.

En el caso de la Segey, se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso del Sector Salud no aparecen 260 bienes, entre ellos una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos y mobiliario y equipo administrativo.

Además, están en proceso de revisión e integración otras siete carpetas de investigación abiertas por diversos faltantes e irregularidades financieras en dependencias como las Secretarías de Desarrollo Rural (Seder) y Desarrollo Social (Sedesol), y los Institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) y para la Construcción y Conservación de la Obra Pública (Inccopy), así como otras más en la Secretaría de Salud, éstas se extenderían a un monto de 160 millones de pesos.

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Adicionalmente, la ASF, derivado de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, instruyó el inicio de la investigación para fincar responsabilidades administrativas de 43 casos de programas como Escuelas al Cien, el Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Social y de Aportaciones a los Servicios de Salud.

En ese sentido, la Contraloría Estatal hizo las tipificaciones correspondientes a los funcionarios involucrados por las irregularidades cometidas y turnará a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para que aplique las sanciones correspondientes.

La titular de la Secogey indicó que, «por instrucciones directas del Gobernador Mauricio Vila Dosal, la Contraloría Estatal, desde el primer día ha realizado un exhaustivo trabajo de revisión de los procesos de entrega-recepción, con responsabilidad y siempre con apego a la legalidad».

En este marco, la funcionaria recordó que, desde el inicio de esta administración estatal, el 1 de octubre de 2018, se realizaron 270 procesos de entrega-recepción.

Del 2 de octubre al 31 de diciembre ascendieron a mil 938, de direcciones generales, direcciones y departamentos que forman la estructura del Poder Ejecutivo, así como de entidades descentralizadas y organismos desconcentrados.

MACRO ELEFANTES

Antes de concluir su administración, Zapata Bello presumió los elefantes blancos hechos durante su sexenio, presumiendo la «legalidad» de las obras, pero días después, todo su teatro se vino abajo. El 26 de septiembre de 2018 presentó sus seis grandes proyectos y garantizó su importancia y utilidad.

Tal es el caso del Palacio de la Música, del cual dijo: «es el primer recinto del país en contar con una sala especializada en conciertos». La sala de exposiciones interactivas nos permite realizar un recorrido histórico rememorando a los principales exponentes de la música mexicana y en sus salas y salones se llevarán a cabo las más importantes labores de conservación y estudio musical en todo México.

Incluso, más de 20 mil visitantes han disfrutado de este espacio de 479 millones de pesos desde su inauguración, en la última semana de julio de 2018. Sin embargo, en ningún momento presentó las irregularidades, cuyo costo aumentó a 91.5 millones de pesos más con respecto a lo previsto, por lo que, en su momento, la ASF exigió la aclaración y justificación del oneroso gasto.

En un principio se determinó que el inmueble tendría un costo de 100 millones 854 mil pesos, pero con los «imprevistos», la cifra ascendió a 192 millones 211 mil pesos. Es decir, Zapata Bello ordenó y autorizó el cambio de losas, concreto y el piso, e incluso, la fachada, lo que provocó que el costo sea 90.6 por ciento superior a lo previsto.

El segundo ejemplo es el Centro Internacional de Congresos, inaugurado en abril de 2018, el cual se posicionó como uno de las principales sedes para la industria del turismo de reuniones en el país y, ahora, es el inmueble favorito de Vila Dosal.

El recinto, resultado de una inversión de mil 284 millones de pesos, es el primero del país construido bajo la certificación «LEED Gold», por su eficiencia energética ambiental.

De igual forma está el Hospital Materno Infantil, el cual sustituye al antiguo Centro Materno ubicado en el Centro Histórico de Mérida, con una inversión de 739 millones de pesos. El nuevo hospital cuenta con el triple de camas, el doble de quirófanos y 40 por ciento más consultorios que el antiguo, y con la más avanzada tecnología en sus nuevas áreas, que incluyen Neonatología, Telemedicina, Imagenología y Laboratorios, entre otras.

Con una inversión de 320 millones de pesos, se realizó la modernización integral del Complejo Deportivo Kukulcán, que incluyó la remodelación del Poliforum Zamná, la construcción y equipamiento de un Gimnasio Polifuncional y la modernización del Centro Acuático. Asimismo, está la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY), construida con una inversión superior a los 100 millones de pesos.

También destacó el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), con el cual se implementó el Nuevo Sistema Penal Oral y Acusatorio. Junto con su segunda etapa, el Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (CIOSPOA), representaron una inversión de 476 millones de pesos.

Incluso, está el nuevo Palacio Legislativo, recinto de 135 millones de pesos que fue inaugurado en agosto de 2015, permitiendo que la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán fuera la primera en iniciar sus labores en él.

En total, estas obras representaron una inversión superior a los tres mil 500 millones de pesos y donde fue más notable la corrupción que prevaleció.

Zapata Bello se abstuvo a resolver los temas polémicos relegados a su administración, tal es el caso de la cámara hiperbárica multiplaza, la cual fue considerada en su tiempo como una de las tres más completas en América Latina.

Finalmente, otro de los legados que tenía de sus antecesores era el Hospital General de Tekax, el cual no pudo resolver.

Sin embargo, la triste historia llegó a su fin después de casi 16 años de espera, gracias al Gobierno Federal, el pasado 15 de enero se convirtió en el primer Hospital del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) del país. La construcción del nosocomio empezó en el período del ahora ex Gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Patricio Patrón Laviada, pero se detuvo durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco, y se retomó con Rolando Zapata Bello, ambos del Revolucionario Institucional (PRI), pero no se concretó hasta que con Mauricio Vila Dosal se puso en funcionamiento, gracias al Ejecutivo Federal.

El nosocomio, con sede en Tekax, beneficia a 225 mil habitantes de 11 municipios del Sur del Estado y cuenta con 320 profesionales de las áreas médicas, enfermería, servicios auxiliares de diagnóstico, servicios generales y administrativos

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