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INFONAVIT EN LA MAFIA AGRARIA

INFONAVIT EN LA MAFIA AGRARIA

* El Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores se incorpora a la mafia agraria – inmobiliaria, integrada por empresarios y funcionarios, entre ellos  Mauricio Vila Dosal, así como políticos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional

 

* No es casual que la primera acción de reactivación económica en Kanasín promovida por el Gobernador es en beneficio de las empresas constructoras ligadas a las mafias agrario inmobiliarias donde el Infonavit hizo su aparición como nuevo ente involucrado

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- El Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) se incorpora a la mafia agraria – inmobiliaria, integrada por empresarios y funcionarios, entre ellos está el gobernador Mauricio Vila Dosal, así como políticos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (Prian).

En un principio, en la corrupta asociación no habían funcionarios federales, pero ante los logros obtenidos se optó por incorporar al Infonavit, y los primeros resultados ya son un éxito para la mafia.

Uno de los principales promotores del despojo de las tierras ejidales de México fue el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien se convirtió en un protector de las mafias agraria inmobiliarias del país, fenómeno que también se reflejó en Yucatán.

Durante su sexenio, se cometió el despojo de las tierras del ejido de Kanasín, de donde se obtiene el financiamiento de numerosas campañas políticas, entre ellas, la de Vila Dosal.

No es casual que la primera acción de reactivación económica en Kanasín promovida por Vila Dosal es en beneficio de las empresas constructoras ligadas a las mafias agrario inmobiliarias donde el Infonavit hizo su aparición como nuevo ente involucrado.

Para cerrar el círculo de corrupción, en julio de 2020 se entregó el proyecto de construcción del fraccionamiento Gran San José Arboledas, el cual incluye a X’tolok, una zona conocida por sus vestigios arqueológicos, a la Constructora San Marino, de la propiedad de Juan Manuel Díaz Ponce, y administrada por Esteban José Correa Bolio y Alberto Castellanos Millet.

La empresa Patrimonio Kanasín fue el instrumento que usaron Andrés Granier Melo, ex gobernador de Tabasco junto con su tesorero Juan Manuel Sainz Pineda y, sus socios yucatecos Esteban José Correa Bolio y Alberto Castellanos Millet para lavar millones de pesos a través del despojo de tierras ejidales de Kanasín de donde se patrocinaron campañas políticas del militantes del Prian.

Por ende, uno de los eslabones que unen esta cadena de corrupción de fraudes y despojos de tierras ejidales, es el financiamiento de la campaña política de Edwin Bojórquez Ramírez y la de Vila Dosal, los cuales son la conexión de Esteban José Correa Bolio, con Pedro Solís Millet.

Las parcelas ejidales, 393, 394, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 410, 411, 412, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, y 441 fueron asignadas a los falsos ejidatarios del grupo Tabasco-Patrimonio Kanasín, tal el caso de José Manuel Saiz Pineda, Juan José Saiz Zarza, Lorenzo de Jesús Medina González, Marvin Javier Carrillo Góngora, Antoni Israel de Guadalupe Osorio Loria y Francisco Humberto Cob Baeza.

Todos ellos fueron integrados en la fraudulenta asamblea ejidal del 26 de diciembre de 2010, y entre los nombrados están los operadores de Esteban José Correa Bolio y Francisco Humberto Cob Baeza, a quien le asignaron las parcelas 420 y 421 compartida con Juan José Saiz Zarza.

Estas parcelas ocupan lo que hoy se conoce como Cerrito-Mulchechen y el fraccionamiento Cielo Alto, construido por Crear Hogares, propiedad de Pedro Solís Millet, amigo íntimo del gobernador panista, a quien reveladoramente se le adjudica la propiedad de varias de esas parcelas en la escritura pública número 321 de fecha 21 de diciembre de 2012

Cabe señalar que esas tierras aún están en juicio agrario, los nombres que destacan en las transacciones de compraventa de esas tierras aparte de Pedro Solís Millet, son Jorge Carlos Campos Pacheco, Mauricio Martínez Zapata, Roberto Castillo Serrano, Fernando José Berny Ortiz y el ex fiscal General del Estado, Wilbert Antonio Cetina Arjona.

Pese a las irregularidades cometidas, existen dos entes, Afianzadora Sofimex Y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), las cuales cometen fraudes millonarios al vender los lotes de las tierras en conflicto, por lo que estafan a los ciudadanos que buscan comprar un terreno.

Justamente de las rutas fraudulentas ya descritas es de donde presuntamente proviene el dinero que aseguran panistas de Kanasín, monto que es entregado por Esteban José Correa Bolio en casa de Mario Bojórquez Gamboa, mejor conocido como “el amigo Yodi”, quien es primo del candidato Edwin Bojórquez Ramírez.

Por ende, el recurso que creó discordia entre los actuales beneficiarios del dinero sucio y el ex dirigente municipal Víctor Manuel Uc Tziu, se derivó en un espectacular montaje para culparlo de violación, porque gastó una buena parte del monto proveniente de fraudes y lavado de dinero del despojo de tierras.

Nido de corrupción

El IVEY se convierte en el nido de la corrupción de la mafia perfecta establecida por el ex gobernador Rolando Zapata Bello, y que actualmente impone Mauricio Vila Dosal, al despojar de sus terrenos a ejidatarios y empresarios para venderlos a inmobiliarias vinculadas con el lavado de dinero.

A partir de 2016, y hasta la fecha, la dependencia intensificó el despojo de tierras y encubrió los delitos con “ventas legales” a prestanombres y empresarios identificadas dentro del crimen organizado, dada que las ganancias son millonarias.

La principal inmobiliaria es la denominada “Cartelo de la Riviera”, la cual, luego de comprar los terrenos, bajo engaños manifiestan que se trata de lotes de gran plusvalía, que cuentan con todos los servicios, tiene una buena ubicación con ciudades, pero se trata de una vil mentira ya que son montes sin delimitar, y la población más cercana está a varios kilómetros.

La IVEY es copartícipe de “compras simuladas” y evidentemente fraudulentas, en contubernio con conocidos prestanombres de políticos y de los “empresarios/beneficiarios/cómplices”, actos delictivos bajo la protección y complacencia de Zapata Bello, y ahora solapada por Vila Dosal.

La mafia perfecta ha llevado a la quiebra a empresarios que se oponen a sus mandamientos, sin embargo, algunos de ellos han logrado salir adelante sin el apoyo de las cámaras empresariales.

Ante tal arbitrariedad, se han interpuesto denuncias ante la FGE, muchas de las cuales han quedado congeladas, por lo que es millonario el monto del daño patrimonial acumulado, a consecuencia del interés mensual, pues algunos casos ya llevan ocho años, por lo que mientras más tiempo pase, mayor será el monto que deberá pagar el Ejecutivo.

La descarada sociedad que avalada la mafia perfecta está compuesta por Fernando Francisco Ponce García, Juan Manuel Ponce Díaz, Nerio Torres Arcila, Armando Palma Peniche, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, el director del IVEY, Carlos Viñas Heredia y el secretario de Seguridad Pública (SSP) Luis Felipe Saidén Ojeda, entre otros.

Zapata Bello logro incorporar a la iniciativa privada a su plan de corrupción, destinando millonarios recursos para el beneficio recíproco, por lo que el gobierno del Estado tuvo el control sin tener la oposición de los empresarios, y el desvío de recursos fue de varios millones de pesos.

Vila Dosal descubrió tal anomalía y de manera pública anunció que interpondría denuncias penales, pero al comprender el poder que tenía como legado decidió dar “dar carpetazo” al asunto.

Entre los más afectados por la Mafia Perfecta está José Ponce Laviada, quien ha sido víctima de tres administraciones gubernamentales, empezando con Ivonne Ortega Pacheco, quien ordenó el saqueo de la empresa Tejidos Naturales, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Para ello, se pidió a gamberros que saquearan el lugar, y en los alrededores estaban los elementos de la SSP, y de manera casual un agente ministerial de la FGE reportó la anomalía y arribaron los “judiciales”, quienes confirmaron el ilícito.

De manera inmediata interpuso la respectiva denuncia penal y se estableció el robo de 35 kilómetros de cobre, con un valor de 12 millones de pesos, “el problema no fue el valor directo, sino el costo de la reparación, el cual ascendió a 20 millones de pesos”.

Lo peor de todo, han trascurrido 12 años, y hasta el momento sigue abierta la carpeta de investigación, por lo que el monto debe ascender a 100 millones de pesos.

Durante la administración de Zapata Bello, siguieron los problemas en su contra de sus empresas, y la situación empeoró con Vila Dosal

Recordó que el 31 de octubre de 2020 se registraron eventos violentos e ilegales en contra de una propiedad donde se pretendían conjugar actividades productivas de las agroindustrias henequenera y forestal, ubicada en Muxupip.

De igual forma, interpuso una denuncia penal por invasión violenta, robo y destrucción, sobre una planta desfibradora de henequén y aserradero, la cual ocupa de manera pacífica e ininterrumpida desde 1992.

Ponce Laviada, de acuerdo con la denuncia interpuesta, un grupo de golpeadores armados con mazos, picos y palas, así como maquinaria pesada, ingresó a su desfibradora a saquear inventarios, maquinaria, equipos e instalaciones, y destruir una nave industrial de tres mil 500 metros cuadrados y cerca de 400 metros cuadrados de oficinas y bodegas de obra civil.

De igual forma, amenazaron a un par de veladores, quienes optaron por dar parte a la Policía Municipal de Muxupip, cuyos agentes constataron el delito que se cometía.

Según el expediente, los golpeadores, se negaron a dar otra información, más que actuaban a nombre de un tal Carlos Méndez, originario de Motul, y quien según ellos era propietario del terreno donde se encuentra la Desfibradora Felipe Carrillo Puerto.

Cabe destacar que la Planta desfibradora Felipe Carrillo Puerto ubicada en la carretera Mérida-Muxupip, fue adquirida a la extinta Cordemex en 1994, por Desfibradoras del Noroeste de Yucatán, SA de CV, empresa a su vez fue adquirida por Ponce Laviada.

En el documento se menciona que cuando los veladores notificaron a la policía de Muxupip, los elementos llegaron al lugar de forma inmediata, y lo cercaron para evitar que varios de los golpeadores escaparan.

Sin embargo, al lugar la patrulla de la SSP número 6664, a cargo del comandante Oswaldo Dorantes, quien en todo momento protegió a los delincuentes, quien aclaró a Ponce Laviada que el terreno es de un tal “Carlos Méndez”, pero el uniformado se negó a entregar la identificación y los supuestos documentos de propiedad.

Al enterarse de lo ocurrido, el empresario solicitó la intervención de la SSP a través de la línea de emergencia 911, y cuando llegó al lugar, ahí se encontraba “Carlos Méndez”, quien se negó a identificarse.

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