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¡INSEJUPY, CORRUPTA!

* Queda claro que magistrados, funcionarios estatales, notarios y empleados del Instituto De Seguridad Jurídica Patrimonial De Yucatán (INSEJUPY) forman parte de una red dedicada a la estafa de predios de alta plusvalía, mediante la inoperancia de la Fiscalía General del Estado, ministerios públicos y jueces. La Confederación Nacional de Seguridad y Justicia (CONASEJU) reiteró su llamado al Gobernador para que se investigue y se conozca a qué personas está protegiendo la Fiscalía, ante el nulo avance en la investigación sobre un despojo.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – A más de un año de la denuncia presentada por la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia de México A. C. (CONASEJU), a través de su Comité Directivo Nacional, encabezado por el Doctor en Derecho Jorge Miguel Aldana Ibarra, debido al despojo de una propiedad, las autoridades estatales encabezadas por Mauricio Vila Dosal no han realizado pesquisa alguna en la carpeta de investigación P3/585/2018, lo que sí ha quedado claro es que magistrados, funcionarios estatales, notarios y empleados del Instituto De Seguridad Jurídica Patrimonial De Yucatán (INSEJUPY) forman parte de una red dedicada a la estafa de predios de alta plusvalía.

Por lo que queda latente que el Gobernador Mauricio Vila Dosal encubre una mafia que se dedica a despojar de bienes inmuebles mediante la inoperancia de la Fiscalía General del Estado, ministerios públicos y jueces.

Hasta el momento no se ha dado a conocer ningún caso de sanción o denuncia contra funcionarios del Registro Público de la Propiedad, así como tampoco el Ejecutivo del Estado ha emitido una sanción contra algún notario, a pesar de existir procedimientos y resoluciones administrativas del Consejo de Notarios, donde se han recomendado medidas que la Consejería Jurídica se ha negado a considerar en beneficio de los funcionarios estatales con quienes los notarios demandados guardan relación o intereses.

Lo anterior, luego de que los dos delegados de la Conaseju en el Estado, Miguel García y Héctor Martínez, han sido víctimas de negligencia, apatía y hasta posible corrupción.

La Conaseju reiteró su llamado al Gobernador Vila Dosal para que se investigue y conozca a qué personas están protegiendo el personal de la Fiscalía General del Estado, ya que las omisiones entorpecen las investigaciones y manipulan dolosamente las actuaciones que por ley están obligados a realizar.

De acuerdo con la carpeta de investigación P3/585/2018, los delegados fueron despojados de un inmueble que arrendaban para uso de oficinas, por el cual firmaron un convenio notarial de garantías, así como la firma de 24 pagarés ante un notario público. Además de dejar como garantía las escrituras de una propiedad de uno de los delegados.

Sin embargo, en septiembre de 2019, el inmueble fue invadido por los supuestos dueños, quienes con documentos apócrifos se apoderaron del mismo y lanzaron a la calle a los delegados de la Conaseju, sin importarles que dentro del mismo había un automóvil, mobiliario, documentos importantes y un perro. Los supuestos dueños se vieron beneficiados por los impartidores de justicia, así como por el ministerio público.

De igual manera, los delegados se enteraron que el inmueble que quedó como garantía sería rematado, con lo que el robo en total podría ser superior a los 3 millones de pesos.

La Conaseju, así como el Colegio de Abogados y la Barra Nacional de Abogados, afirman que dicha carpeta de investigación tiene todos los elementos para establecer que existen actos que no son apegados a estricto derecho por parte de los funcionarios involucrados de la Fiscalía del Estado, ya que, de no existir las omisiones existentes, esa carpeta ya se debió haber vinculado a proceso desde hace varios meses atrás. Basta decir que la denuncia de los hechos que dan motivo a la misma se hizo hace más de dos años a la presente fecha.

Por tal motivo, la Conaseju hizo un llamado al Gobernador Mauricio Vila Dosal para que intervenga en ese asunto, para que aquellos funcionarios públicos que estén actuando fuera de la ley se les finque responsabilidad por sus actos, convalidando la imagen del Estado como el más seguro del país, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en materia de impartición de justicia.

Basta decir que en dos ocasiones se solicitó audiencia con el Gobernador para tratar este asunto, sin que haya respondido a la fecha, para que sean recibidas las víctimas del delito.

La Conaseju dio a conocer que, ante la cerrazón del Gobierno de Vila Dosal, el asunto ya es del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

IVONNE ORTEGA SOLAPÓ LA MAFIA INMOBILIARIA

Durante el sexenio de Ivonne Ortega Pacheco el notario Carlos Evia Salazar fue uno de los fedatarios preferidos de su gobierno. En el caso de la Consejería Jurídica, los tres titulares que la han ocupado, dos fueron aspirantes en 2018 a notario: Ernesto Herrera Novelo y Jorge Esquivel Millet. El segundo ha dejado de ser aspirante para ser notario titular, pero extrañamente, después de esperar más de diez años en la lista de prelación designó a una notaria suplente, que había esperado su nombramiento menos de dos años, violentando el derecho de prelación que por mínimo decoro y ética debió respetar.

Bajo ese conflicto de intereses el Gobierno Estatal de Ivonne Ortega delegó el tema notarial, jurídico e inmobiliario en su momento, a dos aspirantes a notario, ambos ampliamente vinculados con las actividades empresariales y de corretaje inmobiliario, pero desconocedores de la administración pública y en el caso del titular de la Consejería Jurídica, Carlos Pavón Flores, a pesar de tener más de un año en el cargo, aún depende de su hermano Raúl Pavón, director jurídico, para cualquier mínima toma de decisiones.

En el Gobierno de Patricio Patrón, en el Estado y en el municipio de Mérida, ambos gobernados por el PAN, decidieron nombrar a dieciséis notarios en funciones en puestos de primera línea jurídica, los excesos llevaron al Gobierno de Ivonne Ortega a aprobar la duplicidad entre las funciones notariales y la administración pública. Así se abrió la puerta para que los notarios titulares puedan designar a un aspirante a notario como notario suplente sin importar la responsabilidad solidaria y mancomunada de la fe pública.

Uno de los jefes de la mafia inmobiliaria yucateca, Arturo Millet Reyes, embaucó a un corrupto, Wilbert Cetina Arjona. Millones de dólares lavan anualmente estos personajes que, desde varias administraciones estatales pasadas, han contado con el apoyo incondicional del jefe del Ejecutivo en turno, como es el caso de Ivonne Ortega y el actual mandatario Mauricio Vila Dosal.

Arturo Millet Reyes, un defraudador ampliamente conocido, ex propietario de los Venados de Yucatán, es uno de los artífices de la caída del entonces Fiscal General de Yucatán, Wilbert Cetina Arjona, quien fue favorecido y operó para que la denuncia por fraude de dos millones 800 mil dólares no prosiguiera tras integrar de manera errónea y adrede el expediente.

Las denuncias en contra de Millet Reyes datan de varios años, quien se ha apropiado de terrenos ejidales que ha convertido en desarrollos inmobiliarios.

Millet tiene como socio a Hugo César Flores Toba, quien es compadre de la representante de Movimiento Ciudadano Ivonne Ortega Pacheco.

Pero no sólo eso, estas dos empresas han estado envueltas en escándalos por conflictos de tierras.

Millet Reyes se escuda en que su esposa, Gabriela López Gómez, quien es senadora suplente de Morena, apareciendo como compañera de fórmula de Marybel Villegas Canché, quien busca la gubernatura de Quintana Roo.

IVEY, INVOLUCRADO EN ROBO DE TIERRAS

Luego de que se diera a conocer el despojo de viviendas a «paracaidistas» en el Sur de Mérida por parte del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), ha salido a la luz que ejidatarios de Cinco Colonias denunciaron a esta dependencia por haberse apoderado ilegalmente de sus terrenos y de venderlos a particulares y a una institución bancaria. Por la injusticia, los afectados solicitaron que el Gobierno del Estado de Yucatán les devuelva o indemnice a los 345 campesinos afectados, quienes alegaron que se vieron perjudicados por el titular del IVEY, César Escobedo May.

De acuerdo con el comisario ejidal de Cinco Colonias, Pedro Villalobos García, el IVEY tiene en su poder hectáreas de tierras que está vendiendo a particulares, así como a una institución financiera de renombre, terrenos que ilegalmente la dependencia invadió en el Sur de Mérida.

Villalobos García mencionó que están reclamando un pago de 73 millones de pesos por 18 hectáreas de terrenos, las cuales están en litigio en el juzgado tercero federal, con lo cual buscarán desenmascarar al titular de esa dependencia.

Agregó que los afectados quieren el pago de 73 millones de pesos para resolver el conflicto o de lo contrario van a cobrar por metro cuadrado las 18 hectáreas en el cual se construye el fraccionamiento Robles Alborada en Mérida, donde existen alrededor de 122 casas.

Asimismo, señaló que aunque el Gobierno de Yucatán les ha dicho que les pagarán con terrenos en la comisaría umanense de Oxcum, los campesinos afectados no han querido aceptar este pago, debido a que esperan que el juzgado tercero federal resuelva favorablemente sobre el ejido de Cinco Colonias.

MILLONARIO DAÑO PATRIMONIAL

Derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán estima una posible afectación de 15 millones de pesos a la hacienda pública. Se analizó el control interno instrumentado por la entidad fiscalizada, con base en el Marco Estatal Integrado de Control Interno (MICI) implementado por el Sistema Nacional de Fiscalización, aplicando un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.

Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se tiene lo siguiente:

Ambiente de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: procedimientos de vigilancia, detección y documentación de violaciones a los valores éticos de la entidad, mecanismos de información a las instancias superiores; existencia de Comités o grupo de trabajo de: Ética e Integridad, Auditoría Interna, Administración de Riesgos, Control y Desempeño Institucional, evaluación de desempeño del personal.

Administración de Riesgos, nivel Bajo: Existe un riesgo alto de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Plan o programa estratégico, indicadores de cumplimiento, metas cuantitativas, parámetros de cumplimiento, objetivos y metas específicos, por área de la estructura organizacional, difusión de planes o programas estratégicos y objetivos específicos, identificación de riesgos, metodología para identificación, evaluación, administración y control de riesgos, metodología para la administración, revisión e información de riesgos de corrupción.

Actividades de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Comité de tecnologías de Información y comunicaciones, programa de adquisición de equipos y software, políticas de seguridad para sistemas informáticos y de comunicación, plan de recuperación de desastres para sistemas informáticos.

Información y Comunicación, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Planes o programas de sistemas de información, Evaluación de Control Interno, Establecimiento de actividades de control para riesgos identificados, Documento para planes de recuperación de desastres para sistemas informáticos.

Supervisión, nivel Bajo: Existe un riesgo alto de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Programa de acciones de problemas detectados, seguimiento de acciones, Autoevaluaciones de Control Interno y programa de trabajo para atender deficiencias detectadas.

La entidad fiscalizada no realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances, en incumplimiento al artículo 34 y cuarto transitorio del 1 de enero de 2009 de la LGCG.

La entidad fiscalizada no registra el gasto en su fecha de realización, en incumplimiento al artículo 34 de la LGCG.

La entidad fiscalizada no cuenta con lista de cuentas alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, en incumplimiento al artículo 37 de la LGCG.

La entidad fiscalizada no realiza el registro de las etapas del presupuesto de egresos: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, en incumplimiento al artículo 38 fracción I de la LGCG.

La entidad fiscalizada no realiza el registro de las etapas del presupuesto de ingreso: estimado, modificado, devengado y recaudado, en incumplimiento al artículo 38 fracción II de la LGCG.

La entidad fiscalizada no emite mediante su sistema el Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también debería identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa): Administrativa, Económica, Por objeto del gasto y Funcional, en incumplimiento a los artículos 46 y 47 de la LGCG.

La entidad fiscalizada no dispone de clasificadores presupuestarios armonizados, en incumplimiento al artículo cuarto transitorio del 1 de enero de 2009 de la LGCG.

La entidad fiscalizada no dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley, en incumplimiento al artículo cuarto transitorio del 1 de enero de 2009 de la LGCG. Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC.

La entidad fiscalizada no realiza el registro automático y, por única vez, en incumplimiento a los artículos 16 y 40 de la LGCG.

La entidad fiscalizada no interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas, en incumplimiento a los artículos 19 fracción IV y 41 de la LGCG.

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