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INVESTIGAN RIQUEZA DE FÉLIX GONZÁLEZ, EXGOBERNADOR DE QUINTANA ROO 

 *Relacionado de tener nexos con el narcotráfico, con la mafia rumana y por enriquecimiento inexplicable, Félix Arturo González Canto, familiares y amigos cercanos, son investigados por sus fortunas 

 *Su nombre fue nombrado en el famoso “Juicio del Siglo» en contra de “El Chapo” Guzmán donde se dijo que había recibido sobornos por parte del narcotraficante para dejar trabajar a su Cártel 

 *DEA, Interpol, Fiscalías Anticorrupción, en coordinación con la UIF, con un bajo perfil intercambian información para obtener el hilo real de dónde ha salido la fortuna que amasó el político quintanarroense 

Redacción/Sol Quintana Roo / Sol Yucatán

Ciudad de México.- Infinidad de versiones han sido señaladas en relación al ex gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto. La mayoría de ellos acusatorias con pruebas en las cuales se le ha involucrado con la mafia rumana, desfalcos durante su administración como Jefe del Ejecutivo (2005-2011) y ahora también es investigado por la basta fortuna que tiene en su poder y que le ha sido difícil de comprobar.

Esto, sin tomar en cuenta que en el famoso “Juicio del Siglo, que se llevó al cabo en la ciudad de Nueva York, en el 2018, el nombre del también ex senador de la República por Quintana Roo, fue nombrado como uno de funcionarios que recibieron sobornos por parte de la organización de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera.

Esto, de acuerdo con Jesús “El Rey” Zambada, quien declaró que entregaba sobornos a Leticia Rodríguez Lara (a) “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún, hoy presa en Puebla.

En esa acusación, se dijo que Zambada había desembolsado la cantidad de entre 100 mil, 500 mil y hasta un millón de dólares en sobornos a gobernadores, policías ministeriales y comandantes de la PGR, entre otros.

También, en esa declaración dijo que entregó dinero a “Doña Lety”, con el fin de que ella fuera enlace con los gobernadores, para que ellos dejaran “trabajar” a la gente de “El Chapo”.

De acuerdo con las declaraciones de Zambada, los sobornos iniciaron en año 2005, cuando Félix Arturo González Canto comenzó su mandato constitucional y finalizaron en 2016, cuando finalizó el gobierno de su sucesor, Roberto Borge Angulo, hoy preso en Ayala, Morelos.

CON LA MAFIA RUMANA

La Administración para el Control de Drogas (DEA), hace un par de días, destapó la cajita de pandora en el país y exhibió una podredumbre política, en especial, en Quintana Roo, donde vinculó a los ex gobernadores Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, respectivamente, con la mafia rumana liderada por Florian Tudor.

Posteriormente, a esto se hicieron llegar miles de comentarios en redes sociales, prensa escrita, digital y en especial en las plumas que se hicieran ricas entre 2005-2011, cuando estuvieron al servicio del entonces gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto.

Incluso, el político cozumeleño hizo alarde del hecho en una entrevista pagada y planeada, en la cual dijo que nada era cierto e incluso, seguía comprando con sus tarjetas bancarias.

Posteriormente, apareció una notificación con fecha 22 de enero de 2021, en la cual se le citaba a comparecer por el tema. Según versiones reales, antes esta misiva decidió poner a andar su red de impunidad y comenzar a cobrar favores e incluso, tomó parte en ello su principal alfil, la senadora Marybel Villegas Canché, quien intercedió por él.

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, estos personajes al igual que políticos de otros partidos, incluidos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estaban integrados a la red.

Estas versiones dieron como resultado que en Quintana Roo se alborotara el “gallinero” al darse a conocer que una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena estarían ligados con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes, informó el gabinete de seguridad del gobierno federal.

Los ex gobernadores de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, respectivamente, así como a diputados del Partido Verde y ex alcaldes priístas y perredistas de la entidad, participaban en esta red de protección. También operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo.

El líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y ex diputado local en Ciudad de México, René Bejarano, otro de los señalados como uno de los principales vínculos de Tudor. A través de varios colaboradores, usó a Morena, para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún.

El funcionario logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países, siendo Cancún su centro de operaciones.

Políticos del Partido del Trabajo y Morena fueron vinculados con el tráfico de indocumentados cubanos. En la lista de conexiones es notoria la presencia de políticos emanados del Partido Verde Ecologista de México, diputados locales y la presidenta municipal de Puerto Morelos. Al menos dos ex alcaldes de Cancún están en la mira de las autoridades federales.

SUS PROPIEDADES

Retomando el tema, las autoridades Anticorrupción estatal y federal, respectivamente, investigan al ex Jefe del Ejecutivo de Quintana Roo por posible enriquecimiento ilícito, así como hasta a sus parientes cercanos y algunos ex colaboradores. Esto debido a que no cuadran las cifras.

Es decir, lo obtenido por concepto de cerca de 25 años de trabajo como político desde su colaboración en el Instituto de la Vivienda en el gobierno de Mario Villanueva Madrid; como presidente municipal de Cozumel; diputado, senador y hasta como gobernador y presidente del PRI Estatal, en diversas versiones.

Sol Quintana Roo en reiteradas ocasiones ha publicado que le han sido incautadas un total de 46 propiedades por parte de las autoridades estatales y federales, respectivamente.

De acuerdo con información obtenida las propiedades se encuentran dos en el municipio de Benito Juárez y que están inscritas con los folios 163149 y 3334665 y cuatro más en el municipio de Cozumel donde los bienes inmuebles quedaron inscritos bajo los folios 2336, 15356, 15357 y 2199, respectivamente.

La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, en coordinación con autoridades federales, continúa investigando la procedencia del dinero con que fueron adquiridas cada una de las que se rastrea su procedencia y compra-venta.

Las pesquisas se intensificaron luego de que Jesús “El Rey” Zambada revelará, durante su declaración en el famoso juicio del siglo realizado en Nueva York en contra de “El Chapo” Guzmán, los sobornos millonarios que los ex gobernadores priistas recibieron por parte del Cártel de Sinaloa y en los cuales mencionó al ex senador por Quintana Roo.

Hasta el momento al ex gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, se le han incautado alrededor de 46 propiedades en distintos puntos del Estado que estaban registradas a su nombre, y otras, “escrituradas” a sus prestanombres.

ESTRECHA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES

En coordinación con la Fiscalía Anticorrupción Estatal y Federal, respectivamente, triangulan información sobre las investigaciones realizadas con el objetivo de lograr incautar otras, pero ahora en el extranjero.

Las Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo investiga propiedades del ex gobernador en el extranjero, principalmente en las ciudades Nueva York y Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica, mismas que podrían ser recuperadas de ser comprobado que fueron adquiridas con dinero del erario público.

Aunado a esto, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, en coordinación con la Interpol, investigan la procedencia del dinero con que fueron adquiridos los bienes-inmuebles que posee en los Estados Unidos de América y otros países de Europa.

Eso, sin tomar en cuenta que la Fiscalía General del Estado también retomó viejas denuncias e investigaciones, así como reabrió casos anteriores, debido a que se sospecha que el ex fiscal Miguel Ángel Pech Cen se dedicó a protegerlo durante toda su gestión.

Se presume que el ex gobernador González Canto cuenta con propiedades de alto valor adquisitivo en la Ciudad de México, Miami y Nueva York, en la unión americana, así como en Dubai y Francia, en el Viejo Continente.

Las investigaciones se han incrementado y extendido hacia otros puntos del globo terráqueo, teniendo como principal arista de indagación la procedencia de los dineros.

Esto, debido a los testimonios del narcotraficante preso en Estados Unidos, Jesús “El Rey” Zambada, que entre sus declaraciones mencionó el nombre del ex gobernador de Quintana Roo. Tema que desarrollamos líneas abajo.

EXCENTRICIDADES

De acuerdo con información obtenida de manera exclusiva, se sabe que Félix Arturo González Canto cuenta con un castillo en Francia que supera los 2.5 millones de euros.

Un condominio de lujo en la torre Hutton Grand de Dubai, con valor superior a los 200 mil euros; un departamento en Miami, Florida, de 500 mil dólares; un yate de un millón de euros, entre otras propiedades.

Se presume que el dinero con que se adquirieron esas propiedades pudieran ser producto de los sobornos denunciados por “El Rey” Zambada y que por ello permitían desviar o paralizar cualquier investigación en marcha por las autoridades sobre asesinatos a rivales.

Dicha acusación en contra el ex senador Félix Arturo González Canto se suma a las otras cinco denuncias en su contra, una de ellas estatal y cuatro del fuero federal como lo ha publicado oportunamente Sol Quintana Roo.

EL MÁS RICO DE QUINTANA ROO

Al término de su mandato, en abril de 2011, González Canto habría sido considerado como el político más rico de todo el Estado, aunque para ello heredara a los quintanarroenses una enorme deuda que sólo podría pagarse hasta los siguientes 20 años, es decir hasta el 2031, aunque con el aumento de la deuda en el sexenio de Borge Angulo se estima que será hasta después del 2050.

Con una especial visión para las finanzas, fue más empresario que gobernante y mediante una y mil formas amasó su fortuna desde el gobierno, con lo que pudo hacerse dé, al menos, una veintena de propiedades, además del control monopólico de diversos negocios en el Estado.

En Chetumal, la familia González adquirió cuatro inmuebles contiguos en la colonia Campestre, para construir toda una mansión. Una de esas casas se la compraron a la señora Amparo Angulo en 10 millones de pesos; la mitad la pagó en efectivo y la otra mitad en concesiones para taxis.

Para entonces ya había sospechas de que se había enriquecido de manera ilícita, pues pese a su sociedad con el poderoso empresario libanés Isaac Hamuil, era un secreto a voces que el verdadero dueño de empresas, hoteles y plazas comerciales era González Canto.

Obviamente, para que el negocio funcionara fue necesaria la intervención de familiares, socios, amigos y compadres, a los que colocó en posiciones clave, principalmente relacionadas con obras y adquisiciones públicas, entre ellos a Francisco Alor Quesada, Gabriel Medicuti Loría, Andrés Ruiz Morcillo, Ricardo Pech y a su inseparable asesor y compadre, Omar Giácoman Alborta.

Pero sin duda, uno de los mayores botines de González Canto fue Isla Blanca, en Isla Mujeres. Con la complicidad González Canto, así como operadores políticos y empresarios voraces, el neolonés Felipe Enríquez Hernández, se apoderó en 2010 de más de 440 mil metros de costa en Isla Blanca, al norte de Cancún, así como en el Ejido de Ucú, al poniente de la Ciudad de Mérida, cuyo potencial turístico es calculado en cientos de millones de dólares y el cual pagó el ex secretario de Finanzas de Roberto Borge, Juan Pablo Guillermo Molina. Negocio redondo.

Esa clase de “negocios”, que ha redituado una incalculable riqueza a González Canto, lo mismo que al frustrado presidente municipal de Monterrey, Felipe Enríquez, muestra con todo descaro el tráfico de influencias y la impunidad en todo su esplendor.

Esas fortunas solamente fueron posibles, mediante los nexos con los ex gobernadores Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y González Canto, de Quintana Roo, así como por los vínculos entre Natividad González Parras, ex mandatario de Nuevo León y Luis Francisco Enríquez, operador financiero de su hermano Felipe.

Enríquez, con la complicidad de González Canto creó la empresa Raíces Consultoría, S.A. de C.V., por medio de la cual se apropió de 40 hectáreas en Isla Blanca y de otras cuatro en Mérida, Yucatán, así como de otras tres para negociar las tierras que han estado en litigio desde hace años, porque el Ejido José María Pino Suárez de Quintana Roo reclama su posesión en Punta Piedra”.

Tras el desalojo y despojo de las tierras se iniciaron operaciones en varios predios en la zona de Punta Piedra, un paraje de costa ubicado entre las ruinas de Tulum y la reserva de biosfera de Sian Ka’an.

El área total del terreno, con unos 300 metros de frente al mar Caribe, es de 31 mil 274 metros cuadrados. Lo mismo hizo el regiomontano en Isla Blanca, con el apoyo de González Canto, donde sabedor de una serie de litigios sobre la tenencia de la tierra se apropió de 30 kilómetros de terrenos de playas vírgenes.

También, se logró saber que Enríquez Hernández participó en la construcción de un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dólares, a construir en los siguientes 12 años, es decir los trabajos concluirán, en teoría, hasta el 2022, en el que 9 mil 600 cuartos de hotel, quedarían en 221 hectáreas en el municipio Isla Mujeres, de Quintana Roo.

Esa trama inmobiliaria jugó un papel preponderante el ex gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de 19 hectáreas de Isla Blanca, que vendió por 169 millones de pesos, a finales del 2008, a Hugo Flores Toba, cuñado de Enríquez, además de que “ayudó” a que adquirieran otras 21 hectáreas, para hacer el total de 40.

Como Mario Villanueva estaba preso, los compradores decidieron darle sólo una parte y no toda la millonada prometida, por lo que, desde su celda, los demandó por fraude, presiones y amenazas, ya que, al ser enterados de la denuncia, sus abogados fueron intimidantes para que se desistieran de su acusación contra González Canto y Enríquez Hernández.

Félix Arturo González Canto, desde su inicio en la política, mostró su verdadera cara. Su maquiavélica forma de gobernar lo llevó a convertirse en el dueño de Quintana Roo. Compró a quién tenía que comprar, negoció con quien era necesario y entregó parte del botín a sus cómplices.

Fue, durante más de 11 años quien mandaba en el Estado; incluso, puso a Roberto Borge Angulo en su lugar, quien al tener lealtad incondicional cargó con los delitos de su antecesor y eso, más sus saqueos personales, lo mantienen preso en Ayala, Morelos.

Hoy está cercado, está siendo mermado, sin fuero legislativo, y en cualquier momento podría ser detenido y encarcelado o llevado ante el banquillo de los acusados para que rinda su declaración y aclare todos los puntos anteriores. Félix Arturo González Canto está a punto de caer.

LAS INCAUTACIONES DE MAYO DE 2019 A LA FECHA

Hasta el día de hoy, de acuerdo con datos en poder de Sol Quintana Roo, suman alrededor de 46 las propiedades que le han sido “resguardadas” debido a una investigación para saber, a ciencia cierta, la procedencia de las mismas.

Sol Quintana Roo, en su edición 49 informó que le fueron aseguradas las primeras 22 propiedades (en el mes de mayo), más 18 que se le fueron agregando, haciendo un total de 40 las que están “resguardadas”, debido a que se investiga su procedencia.

Sin embargo, las Fiscalías antes mencionadas continúan las pesquisas, debido a que se sospecha que dichos inmuebles fueron adquiridos con dinero del erario público de Quintana Roo, esto cuando fungió como gobernador en el período 2005-2011.

Una de las últimas aseguradas y que informó Sol Quintana Roo de manera exclusiva fueron las instalaciones del hotel Westin Cozumel, que pertenecen según documentos al ex senador y su tapadera directa, el también ex gobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso en Ayala, Morelos.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la red de reporteros de esta Casa Editorial, Borge Angulo resultó ser el propietario del inmueble, su socio directo es su mentor González Canto, ambos personajes involucrados en el saqueo por 11 años que fue objeto el estado de Quintana Roo.

De igual manera, en 2017, Sol Quintana Roo informó que Édgar Méndez Montoya y Juan González Angulo, supuestos accionistas, invirtieron en la apertura del hotel y de acuerdo con autoridades no se reportaron ingresos para construir un hotel de dicha magnitud.

En esa época, fue el mismo Roberto Borge Angulo quien colocó la primera piedra en la inauguración del Hotel Westin Cozumel, ocurrida el 10 de julio de 2014, acompañado por algunos accionistas que “invirtieron” en dicho recinto, en el cual se aportaron 109 millones 124 mil 800 pesos para adquirir el terreno donde se construyó el Westin Cozumel.

El resto de los socios aportaron los 108 millones de pesos restantes para la constitución de la sociedad Isla Cabañas, propietaria del Westin Cozumel. Westin Cozumel cuenta con 156 habitaciones de lujo, alberca semiolímpica y otra con agua de mar.

Una denuncia interpuesta ante la PGR (hoy Fiscalía General de la República), a presuntos prestanombres de Roberto Borge por operar con recursos de procedencia ilícita se realizó el 28 de noviembre del año anterior.

PRIMERAS PROPIEDADES INACUTADAS

Las primeras propiedades que le fueron incautadas son las siguientes: El predio ubicado en la fracción I, lote 23, de la carretera costera Norte, kilómetro 4 + 800, zona hotelera Norte de la ciudad de Cozumel, Quintana Roo.

Isla Cabañas S.A. de C.V., con Folio Mercantil 3583*4.

El predio ubicado en la carretera costera Norte, Fracción 6, número exterior 4_A, con una superficie de 178.00 metros cuadrados.

Y por último, el predio ubicado sobre la carretera costera Norte, marcado con el número 4, Fracción 5, con una superficie de 184.50 metros cuadrados. Predio perteneciente MARQCOZ S.A. de C.V.

Cabe mencionar que las Fiscalías Anticorrupción de Quintana Roo y Federal, respectivamente, investigan también propiedades en el extranjero, principalmente en las ciudades Nueva York y Miami, mismas que podrían ser recuperadas de ser comprobado que fueron adquiridas con dinero del erario público, eso sin mencionar algunas ciudades más en Europa y Asia.

INVESTIGADO POR LA CONTRALORÍA ESTATAL

La Secretaría de la Contraloría del estado de Quintana Roo es otra dependencia que tiene en su poder carpetas de investigación en contra del ex gobernador Félix González Canto, por el posible daño provocado por la venta ilegal de 85 terrenos propiedad del Estado y del cual obtuvo más de 71 millones de pesos.

Los bienes inmuebles que entregó a sus allegados, socios y/o presta-nombres se “negociaron” al través del desaparecido Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), por cierto, que él mismo creó durante su administración y en el cual estuvo al frente su comadre Gina Patricia Ortiz Blanco.

Los predios están ubicados en el municipio de Tulum (33), Solidaridad (52) en un total de 920 millones 481 mil 703 operaciones que arrojaron 849 millones 406 mil 915 pesos.

Por estas acciones, González Canto compareció ante la Secretaría de la Contraloría en las oficinas de la Subsecretaría de Resoluciones y Normatividad, tras notificación recibida en los primeros días de ese mismo mes.

En las posibles empresas que fueron beneficiadas están Mayazama S.A. de C.V., a quien se le cedieron 321 hectáreas; un terreno de poco más de 31 hectáreas que pertenecía a la Universidad de Quintana Roo (UQROO), cuando el actual senador José Luis Pech Várguez fungía como rector.

Los beneficiados: Omar Giacoman, Francisco Alor, Gabriel Mendicuti, Andrés Ruiz Morcillo, Ricardo Pech, Sonia Patricia Martín Villanueva, Gina Patricia, Andrés Canul, Eliézer Villanueva, Roberto Borge Ángulo y Rubén Barahona

FAMILIARES, SOCIOS Y AMIGOS

Félix Arturo González Canto durante su gestión como gobernador de Quintana Roo realizó la venta ilegal de aproximadamente 85 terrenos propiedad del Estado, mismos que entregó a familiares, empresarios, consorcios hoteleros, notarios y hasta amigos, siendo su lugar de movimiento los municipios de Tulum y Playa del Carmen. También está la empresa Aldeas de La Costa Maya S.A. de C.V., representada por González Angulo.

Otro favorecido y denunciado en múltiples ocasiones por Sol Quintana Roo, fue presuntamente Ricardo Antonio Vega Serrador, el “Zar de las Gasolineras”; el Notario Armando Abraham Llanes Acereto; el empresario Eloy José Cáceres Delgado.

El ego personal del ex gobernador fue tal, que durante su gestión gastó en su imagen, mil 500 millones de pesos. En sólo seis años –2005 a 2011– logró colocar a su entidad como la más endeudada del país, con los índices más elevados de alcoholismo, drogadicción, suicidios y embarazos entre los jóvenes.

Con una deuda superior a los 21 mil millones de pesos, mil 600 por ciento arriba de la que dejó su antecesor, Joaquín Hendricks, hipotecó el futuro de los quintanarroenses para los próximos 30 años.

Hasta el momento continúa siendo el gobernador más rico que haya existido en Quintana Roo, con propiedades, concesiones y franquicias en todo México y propiedades en el extranjero.

TAMBIÉN LA SEIDO LO INVESTIGA

Las líneas de investigación del gobierno federal contra el robo de gasolina se siguen extendiendo a todos los niveles a tal grado que ni el zar gasolinero, Ricardo Vega Serrador, se ha quedado exento de figurar entre los beneficiados con la gasolina robada.

Con las actuales pesquisas, suman ya dos líneas de investigación de la FGR contra al empresario Ricardo Antonio Vega Serrador, conocido como El Zar de la Gasolina en el sureste del país.

La línea de investigación más reciente es por la presunta compra clandestina de varios millones de litros de gasolina robada, hecho que presuntamente fue denunciado por uno de los altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) detenidos por estar involucrados en el saqueo del combustible.

Autoridades federales confirmaron que la indagación contra el empresario Vega Serrador, cercano al ex gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, inició con una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y que está dando continuidad la FGR.

De acuerdo con informes federales, desde hace varios años, el empresario habría adquirido combustible de sospechosa procedencia para abastecer a por lo menos 30 por ciento de las 200 gasolineras con las que cuenta el corporativo así cargo.

Según las fuentes, desde hace varios años habría adquirido de manera clandestina millones de litros de gasolina, principalmente de las estaciones de abasto del combustible que se encuentran en el centro del país.

Y si bien los abogados de Vega Serrador se negaron a proporcionar información al respecto, trascendió que elaboran sendos amparos con cualquier medida cautelar de la Secretaría de Hacienda y la FGR.

Esta es la segunda ocasión en la que el zar de la gasolina en el sureste mexicano, Ricardo Antonio Vega Serrador, se ve involucrado en escándalos sobre operaciones ilícitas.

En 2014, inició una investigación por lavado de dinero contra el magnate. Como parte de la carpeta de investigación UEIORPIFAM/168/2014, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en un principio instruyó congelar 198 cuentas bancarias de él y sus empresas, que conforman Corpogas.

Los informes oficiales, señalaban que la SEIDO pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) concretar el aseguramiento de las cuentas en esta indagatoria, donde también se investiga una posible defraudación fiscal.

La información difundida en aquella investigación, revela que la SEIDO solicitó “se proceda de inmediato al aseguramiento precautorio de todas y cada una de las cuentas bancarias y/o contratos de cualquier tipo, ahorro, inversión, cheques, cajas de seguridad, fideicomisos, crédito con garantía, valores, bursátil, así como de todas las tarjetas de crédito, débito y prepago, que conste en las instituciones de banca múltiple y de desarrollo”, dice la petición de la FGR a la CNBV.

Sin embargo, fuentes extraoficiales indicaron que Vega Serrador hizo gestiones ante altos funcionarios del gobierno federal y legisladores encabezados por su presunto socio el entones senador Félix González Canto para liberar sus cuentas bancarias, argumentando que en las empresas había socios ajenos a los hechos indagados.

Y si bien las fuentes afirmaron que sus gestiones fueron exitosas, aunque la investigación en su contra sigue su curso.

Una línea de investigación contra el empresario deriva de una operación financiera con Grupo Gasolinero México.

Otra vertiente de la pesquisa se relaciona con operaciones que presuntamente hizo una filial de Corpogas con una empresa del contador Víctor Manuel Álvarez, y que estarían relacionadas con la compra de factura, y es aquí donde precisamente cobran vigencia las actuales líneas de investigación de la Federación contra el zar de la gasolina en Quintana Roo.

Los abusos del magnate cuyo nombre figura entre los “huachicoleros” de cuello blanco no son nuevos. Ya desde la administración del entonces gobernador Félix

González Canto, antecesor de Borge Angulo, el nombre de Vega Serrador ha estado vinculado con señalamientos de favoritismos y promotor de tráfico de influencias, mismos que quedaron al descubierto en la compra de Villas Estudiantiles del CREA, un terreno de 10 mil 015 metros cuadrados perteneciente al patrimonio estatal.

El 3 de febrero de 2011, dicho predio fue vendido por el IPAE a la inmobiliaria Caveri, una de las cuatro inmobiliarias pertenecientes a Ricardo Antonio Vega Serrador, las otras tres inmobiliarias de su propiedad son: Xcacel, Maguves y Cigarra.

La relación de Vega Serrador con los ex mandarinos de Quintana Roo, Félix González Canto y Roberto Borge Ángulo queda al descubierto en un análisis de sus socios empresariales. Por ejemplo, la compañía de Santiago Samuel Jiménez Moreno y Anuar Fayad, denominada Inmobiliaria Maltico, fundada el 22 de junio de 2004.

Jiménez Moreno es otro empresario gasolinero que públicamente ha sido señalado de pertenecer a la red del exgobernador Borge, por la adquisición de terrenos a precios que están muy por debajo del mercado.

Además, en Quintana Roo, el empresario Ricardo Vega Serrador controla la tercera parte de las estaciones de distribución de combustible, gracias a las facilidades otorgadas por su socio el ex gobernador Félix González Canto.

En Quintana Roo habían existe 180 gasolineras, de la cuales el 60 por cierto la mitad son controladas por los socios Ricardo Vega Serrador y el empresario yucateco Emilio Loret de Mola Gomory.

La empresa matriz de Vega Serrador se llama Corpogas pero las franquicias son operadas a través de 30 diferentes sociedades anónimas. Entre ellas figuran Servicio Mar Caribeño S.A. de C.V., Servicio Kohunlich S.A. de C.V., Gas Taurus S.A. de C.V., Servicios Jazmín S.A. de C.V., Estación de Servicio Los Avallanos S.A. de C.V., Inmobiliaria Claveles S.A. de C.V., Estación de Servicio La Costa S.A. de C.V., Servicio Orquídeas S.A. de C.V., Inmobiliaria Tres Islas S. A. de C. V., Servicio Delnes S.A. de C.V., Servicio Rimatove S.A. de C.V., Servicio Caimanes S.A. de C.V., Inmobiliaria Monosabio S.A. de C.V., entre otras.

La mayoría de estas sociedades anónimas fueron creadas durante los sexenios de los ex gobernadores Joaquín Hendricks Díaz y Félix González Canto

DEA VINCULA A FÉLIX Y A BORGE CON EL CRIMEN ORGANIZADO

De 2005 a 2016 la impunidad y la justicia fueron ciegas. Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, vivieron en las sombras, bajo un manto protector de impunidad que habían creado y de la cual sacó todo el provecho posible.

Días después de haber protestado como gobernador constitucional de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se reunió en su natal Cozumel con algunas personas de “criterios amplios”, con quienes según algunos cercanos fueron los que pusieron el dinero para su campaña… Con los “gruesos” de la mafia en Quintana Roo, quienes hicieron poderoso al “Gato” Félix.

Con los líderes de las malas costumbres, con quienes envenenan a los jóvenes y a los miles de turistas que visitan las paradisíacas playas quintanarroenses… Con los encargados de las plazas, los jefes de la mafia, con quienes se pactó territorios y lugares para “trabajar” sin ser molestados, claro antes de la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se destapó una carnicería que hasta la fecha continúa.

Por esas acciones es que la Subprocuraduría Especial en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició una investigación, paralela a la que enfrenta el ex gobernador por lavado de dinero y desvío de fondos públicos.

De acuerdo con información obtenida de la Procuraduría General de la República (PGR), los federales investigan, hasta el momento, el nexo directo de Borge Angulo con “Doña Lety”, esto debido a documentos obtenidos luego de la incautación de un par de cajas privadas pertenecientes a la líder del Cártel de Cancún, Leticia Rodríguez Lara «Doña Lety» o «La 40», en su domicilio ubicado en Villa Magna.

En una de ellas, de acuerdo con información protegida estaba rotulada a nombre de su ex secretario privado, Manuel Marrufo Trejo, y reenviada a su esposa en ese entonces, Mariana Zorrilla Erales.

Dicha información fue dada a conocer por Sol Quintana Roo, de manera oportuna, causando conmoción entre los ciudadanos, más no entre las autoridades locales, como la Fiscalía General del Estado que siempre se hizo de la «vista gorda» en cuanto al tema.

De acuerdo con las investigaciones de Sol Quintana Roo, Doña “Lety”, fue quien durante el gobierno de Borge Angulo cuidó el equilibrio de Cancún; casualmente donde incautaron las cajas que vinculan al secretario privado del ex mandatario y a su ex esposa con el crimen organizado fue en Villa Magna, fraccionamiento donde vivieron algunos de los colaboradores del ex mandatario como Jorge Eugenio Acevedo Marín.

De acuerdo con investigaciones realizadas, tanto la familia de Roberto Borge Angulo como la de Mariana Zorrilla estaban en quiebra total y tuvieron que unir fuerzas a través de Félix González Canto. Este último, fue quien convenció a Mariana Zorrilla de que se casara con “Beto” Borge por lo que ambos firmaron un documento más que matrimonial, un pacto sagrado, para abandonar la pobreza y llegar a la realeza.

También habría que recordar, que hace un par de años, cuando Roberto Borge Angulo aún era el gobernante de Quintana Roo uno de sus ex choferes, preso en la cárcel de Cancún por extorsionador, desde prisión envió un correo a la Embajada de los Estados Unidos en México, en el que ofrecía dar datos concretos de la relación del mandatario y de varios de sus colaboradores con la mafia cubana, el narcotráfico y el tráfico de ilegales.

Esa información se esfumó gracias al ex Fiscal General de Quintana Roo, quien movió cielo, mar y tierra para borrar toda evidencia. En septiembre de 2015, el cubano, nacionalizado primero español y luego mexicano, Luis Manuel Álvarez Adán, confinado en una de las celdas de la cárcel municipal de Cancún, pidió hablar con autoridades mexicanas o agencias extranjeras y en apoyo a su petición envió el siguiente correo a la Embajada de los Estados Unidos:

«Debe ponerse en contacto conmigo el FBI, la DEA o Seguridad Nacional. Estoy en la cárcel de Cancún. Trabajé como escolta de Roberto Borge Angulo y tengo información del trasiego de cubanos desde las costas de Cuba hasta las de Quintana Roo, donde, con la ayuda del gobierno, por un 45 por ciento de las ganancias de millones de dólares, hacen llegar a los indocumentados cubanos hasta los EU». ¿?

En su mensaje electrónico, también hizo una acusación muy grave, al afirmar que él había sido testigo, en varias ocasiones, del cobro del 40 por ciento que hacía el gobierno quintanarroense al crimen organizado por dejarlo «operar» «Yo escoltaba a Iván Eliud Garibay Osorio, que era director Jurídico y de Gobierno en la Zona Norte, para que cobrara el dinero en distintos puntos de Cancún.

Álvarez Adán, fue detenido el 30 de diciembre de 2014, por agentes judiciales en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el Juzgado Cuarto Penal, derivada de la causa penal 570/2014, por el delito de extorsión en agravio de un empresario por la cantidad de 300 mil pesos y quedó confinado en la cárcel de Cancún.

En 2013 se inició la averiguación previa 1373/2013 por el delito de extorsión por 300 mil pesos, en agravio de un empresario originario de Puebla y radicado en Cancún. (sic) Las denuncias fueron las siguientes: 0792/2012, 12 de enero 2012, privación ilegal de la libertad y amenazas; 0265/2012, 28 de mayo2012, amenazas y lesiones; 0410/2013, 26 de enero 2013, amenazas y 4634/2013, 8 de septiembre de 2013 por amenazas y daño. En su acusación contra Borge Angulo, dijo que éste hizo negocio con los recursos naturales y José Mauricio Góngora Escalante, con la mafia cubana, dedicada al robo de embarcaciones, tanto de lanchas rápidas, como de mediano calado y hasta yates de lujo.

En las naves grandes era donde trasladaban los ilegales, principalmente de Cuba, hasta llevarlos a los Estados Unidos. En ese tiempo todos sabían que la mayoría de las embarcaciones eran robadas, principalmente en Miami, Florida, pero nadie intervenía y se les veía ir y venir, diariamente, por todas las zonas turísticas: Isla Contoy, Playa Aventura, Tulum, Puerto Juárez, Isla Holbox, Laguna Nichupté y Laguna Makax, sin que nadie las molestara. Una muestra de que bajo esa práctica se incrementó el número de indocumentados cubanos, es el hecho de que en 2011 entraron a Quintana Roo 7 mil 700 ilegales y en cambio, en el 2015, más de 24 mil.

Cabe acotar que el 11 de enero de 2003, Góngora Escalante fue acusado de los delitos de robo calificado y fraude genérico por un millón 274 mil 173 pesos, cuando era gerente de ventas de la Agencia Superior de «Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.», en Playa del Carmen y fue hasta cinco meses después, el 24 de junio de ese mismo año, cuando fue aprehendido por la Policía Judicial y recluido en la cárcel municipal. Cuatro días después se hizo evidente el tráfico de influencias, cuando el 28 de junio de 2003 el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, a cargo de Dulce María Balam, dirigió una misiva a Fernando Alonso Ávila Peniche, director de la cárcel municipal de Playa del Carmen, donde le otorgaba el auto de libertad.

Fueron 11 años consecutivos en que la delincuencia organizada fue protegida por los gobiernos quintanarroenses. Los ex gobernadores priístas Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, respectivamente, fueron los responsables del caos en que se encuentra la entidad, originado por el crimen organizado, al vender la plaza dos veces a organizaciones rivales. Así lo revela el resultado de las indagatorias realizadas a raíz de la captura en Panamá de Borge Angulo, con lo que comenzó a destaparse la cloaca que se gestó desde que González Canto asumiera la gubernatura, en abril de 2005, al entablar relaciones simultáneamente con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, cuyos sicarios, “Los Pelones” y “Los Zetas” y otros grupos, apéndices de los mismos, han mantenido una cruenta guerra durante más de dos sexenios por el control del territorio.

“En Quintana Roo los delincuentes son de cuello blanco, es decir, gente que ni te imaginas que está metida en el narco, la clase política, la clase empresarial están inmiscuidas en el lavado de dinero”. A lo largo de los sexenios de González Canto y Borge Angulo, todos los días, entraban y salían portafolios llenos de dinero”, declaró María Teresa Menéndez Monforte, correctora de estilo de un medio quintanarroense.

Como se recordará, en 2006 Quintana Roo registró un total de 798 casos de delitos contra la salud, la inmensa mayoría, es decir 703 fueron por posesión, de lo que se infiere el incremento del consumo de enervantes entre los quintanarroenses y al año siguiente alcanzó la cifra de mil 43 casos por delitos contra la salud, de los cuales 992 fueron por posesión y los restante por “narcomenudeo”. A lo largo de su mandato, González Canto sostuvo nexos con el clan de los Carrillo Fuentes, concretamente con Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien se ostentaba como empresario de la construcción.

Bajo esa fachada el “empresario” hizo millonarios negocios con Félix quien le otorgó la concesión para la construcción de la cárcel de Cancún, pero al descubrirse su relación las obras se suspendieron.

Otro vínculo más de Canto y Borge con el crimen organizado fueron los nexos que mantuvieron con Raúl Martins, conocido en Quintana Roo como “El zar de la trata de Blancas”, de quien se dice que apoyó la campaña de Borge Angulo por indicaciones de González Canto, ambos relacionados con miembros del Cártel de Juárez, del llamado “Señor de los cielos”.

En otro punto, según notas periodísticas de aquella época, tanto González Canto como Borge Angulo protegieron al ex banquero neoliberal Roberto Hernández Ramírez (Banamex.Accival), para que los desembarcos de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia se siguieran llevando a cabo en Punta Pájaros, propiedad costera del magnate, que se localiza en el centro de la Biosfera de Sian Ka´an.

Los nexos del senador, Félix González Canto, con los cárteles del narcotráfico y, la venta infame de la reserva territorial de Quintana Roo, explicaría el origen de su fortuna. Durante el sexenio de González Canto (2006 al 2012), el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del estado de Quintana Roo (IPAE), vendió 877 predios a particulares. De esos terrenos, 406 se localizan en Playa del Carmen y pasaron de ser patrimonio del estado a ser propiedad privada; en Cozumel, vendió 176 predios, en Cancún, 156 y en Chetumal, 139.

Esas reservas territoriales, fueron vendidas a particulares a precios “preferenciales”, muy por debajo de su valor comercial real; además de que los beneficiarios de la venta fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que se conformó la estrategia ideal para el “lavado” de miles de millones de pesos.

Además, esa cadena de actividades ilícitas dio paso a una imparable ola de violencia, de tal manera que puntos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, cuyo principal atractivo era la tranquilidad, pasaron a ser verdaderos focos rojos del crimen organizado.

Así, se convirtió en una zona de alto riesgo por la inseguridad, donde los secuestros, extorsiones, robos a mano armada, «levantones», cobros por derecho de piso y ejecuciones han estado a la orden del día y las víctimas son lo mismo ciudadanos comunes que turistas y empresarios, por lo que muchos hombres de empresa decidieron abandonar el estado ante la falta de garantías.

Borge Angulo ya está preso, pero sus sombras continúan dañando a Quintana Roo, su lealtad con Félix González es tan grande que prefiere seguir en la sombra antes que quemarlo y enviarlo a la cárcel.

CONEXIÓN CANCÚN-RUMANÍA

Los tentáculos de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) establecieron una conexión Cancún-Rumanía en materia de tráfico ilícito de sustancias y trata de personas con fines de explotación sexual, luego de la detención en Miami, Florida, del socio del ex gobernador Félix González Canto y ex funcionario municipal de Benito Juárez, Pablo Mauricio Amezcua Dorador.

Fuentes de la DEA revelaron que la captura en Miami, Florida, de Amézcua Dorador, luego de aterrizar a bordo de una aeronave privada procedente de Panamá en septiembre de 2019, las indagatorias llegaron hasta Cancún, Quintana Roo, donde el también ex director de Fiscalización en tiempos del expresidente de Benito Juárez, Gregorio “Greg” Sánchez y que se mantuvo en el cargo durante la presidencia interina de la hoy difunta Latifa Muza Simón, posee una empresa en sociedad con Laurentiu Manea, mexicano de origen rumano.

La investigación de las autoridades estadounidenses está centrada en Pablo Mauricio Amezcua Dorador y Laurentiu Manea, ambos socios de la empresa “Party Brothers SA de CV” creada en abril de 2018 y dedicada a la apertura de centros nocturnos y restaurantes en Cancún, Playa del Carmen, y en Mérida, Yucatán.

Pablo Mauricio Amézcua Dorador, fue director de Fiscalización, durante el trienio presidencial que compartieron los cuestionados alcaldes Gregorio Sánchez Martínez y la difunta Latifa Muza Simón en el municipio de Benito Juárez.

Desde esa esa época de oro de la corrupción en el municipio de Benito Juárez, Amézcua Dorador fue señalado por incurrir en actos indebidos en la función pública. Este ex funcionario figuró en las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado en el ejercicio fiscal de la cuenta pública 2009 del Ayuntamiento de Benito Juárez en la administración 2008- 2011 donde había un desfalco de 18 millones de pesos.

Según las pesquisas de órgano auditor se trataba de recursos por conceptos de anticipos de sueldo, gastos por comprobar, viáticos, entre otros, que no han sido pagados o comprobados al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, sin embargo, son actos que vulneraron la función pública.

Además, durante la época de Amezcua Dorador como director de Fiscalización en el municipio de Benito Juárez, comerciantes y empresarios fueron víctimas de un verdadero terrorismo de clausuras y extorsiones para quienes no cumplían los sobornos comandados por este personaje hoy acusado de tráfico de drogas.

Por un tiempo, Amézcua Dorador se dedicó a la vida social y a la apertura de antros en Cancún, Playa del Carmen, en Quintana Roo, y Mérida, Yucatán, por medio de la empresa “Party Brothers S.A. de C.V.” creada en abril de 2018 en sociedad con Laurentiu Manea mexicano de origen rumano.

No hasta 2019 que fue detenido en Miami, Florida, en compañía del empresario Guillermo Barrera Lara, detención que ocurrió por elementos de la DEA cuando ambos aterrizaron a bordo de un vuelo privado proveniente de Panamá.

Además de que portaban en el avión fuertes cantidades de dólares y también llevaban consigo una cantidad considerable de heroína. Los dos sujetos fueron puestos a disposición de la Corte del Distrito Sur de Florida, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, a cargo de la Jueza Lissette Marie Reid, hecho que quedó integrado con el número de control 19-3350-MJ-REID en la corte de Estados Unidos.

Vale la pena señalar que las sospechas fundadas de la DEA en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual se deben a que “Party Brothers S.A. de C.V.” podría ser una empresa fachada dedicada a la contratación de mujeres de origen extranjero introducidas a México para desempeñarse en diversas actividades poco claras.

En el acta constitutiva de “Party Brothers S.A. de C.V.” señala que sus principales actividades son la realización de todo tipo de contratación, comercialización, promoción producción, distribución y organización de actividades artísticas, culturales, sociales, deportivas, educativas, turísticas y políticas.

Asimismo, “Party Brothers S.A. de C.V.” está facultada para la realización de conciertos, exposiciones, seminarios, paneles, eventos, ferias, convenciones, funciones, competiciones, torneos, campeonatos, concursos, festivales, shows, giras, fiestas, verbenas, excursiones, charreadas, bailes populares, exposiciones artística, subastas, bazares, muestras gastronómicas, certámenes, foros pasarelas, sorteos, loterías, peleas y otros eventos y actividades análogas tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, así como, la comercialización, compra y venta de cualquier tipo de equipos y productos relacionadas con esta actividad.

Además, tiene como fin la promoción, organización y realización de todo tipo de eventos artísticos, conciertos, shows, fiestas y actividades lúdicas, tanto de locales como al aire libre, organización de festivales, eventos y conciertos. También tiene entre su haber, la promoción y organización de espectáculos y eventos de naturaleza artística, (malabaristas, magos, payasos, actividades musicales, cantantes, animaciones infantiles, talleres lúdicos, fiestas populares y temáticas), entre otras.

La dupla Pablo Mauricio Amezcua Dorador y Guillermo Barrera Lara realizaron negocios con el ex gobernador de Quintana Roo Félix González Canto por medio de la compra venta de tierras propiedad del patrimonio estatal. Como se dijo, ambos personajes fueron detenidos en Miami, Florida, en posesión de dinero de procedencia ilícito y drogas, por lo que no solo son socios sino cómplices de actos violatorios de las leyes mexicas y estadounidenses.

Guillermo Barrera Lara es propietario de la empresa “IPIC Tulum, S.A.P.I. DE C.V”, con la cual comercializa tierras e inmuebles de sospechosa procedencia, en sociedad con Francisco Alfaro Gallaga, Marco Vinicio Javier Gallardo Espinoza, Mario Ramos Catala y Gerardo Miguel Gómez Nieto.

Pero los negocios de Barrera Lara que ofenden a los quintanarroenses y que fueron ampliamente documentos y denunciados los realizó con el ex gobernador Félix González Canto.

Este personaje está ligado al escándalo de operaciones sospechosas de predios adquiridos a precios risibles ante el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) de Quintana Roo, justo por el cual fue denunciado el para entonces gobernador, Félix González Canto.

Los hechos fueron documentados y denunciados por la asociación `Somos tus ojos´, que preside la activista Fabiola Cortés. Ella informó que  en noviembre de 2007, Barrera Lara compró al IPAE, mediante el pago de un millón 785 mil 996 pesos, un terreno con una superficie de 29 mil 766 m2. Ese terreno multiplicó su valor cuando Barrera Lara lo vende en casi cinco millones un año después a un empresario italiano, que a su vez lo transfirió a la empresa Somix en ese mismo 2008.

Para entonces el valor del inmueble y de la operación alcanzó los 13 millones de pesos. Se ubica en Carretera Federal 307 con carretera Boca Paila, Lote 001, Mz 007, Sm 001, TULUM Subdivisión oficio DC1115/07 (Catastro). A la sazón y desde el inicio, el valor real del inmueble era de cinco millones 953 mil 320 pesos.

Se sabe que el ex gobernador González Canto ha referido que esa operación, junto con otras que suman más de medio centenar de ventas de predios, ha habrían preescrito en el caso de que se hubiera cometido algún delito.

En la actualidad, la empresa de Guillermo Barrera Lara, inscrita ante el Registro Público de la propiedad es “IPIC Tulum, S.A.P.I. DE C.V”, y fue creada en 2017 y está conformada por otros socios. Ellos son Francisco Alfaro Gallaga, presidente; Guillermo Barrera Lara, tesorero, Marco Vinicio Javier Gallardo Espinoza, Mario Ramos Catalá y Gerardo Miguel Gómez Nieto, secretarios, A, B y C, respectivamente.

Esta empresa está dedicada al reclutamiento, selección, contratación o proporcionar recursos humanos y personal, ya sea en forma propia o a través de terceros, para ofrecer servicios personales en diferentes áreas operativas, técnicas, administrativas y de negocios, conforme a las necesidades de los terceros que lo requieran.

También tiene como objeto social la compra, venta, arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de bienes inmuebles para establecer, instalar, operar, rentar, alquilar, administrar y explotar hoteles, moteles, desarrollos o complejos turísticos, centros vacacionales, cabañas turísticas, hospitales, clínicas médicas, establecimientos comerciales en general, centros de entretenimiento, clubes sociales y deportivos, centros comerciales, cafeterías, restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos y todas aquellas actividades relacionadas con la industria turística, gastronómica y de la salud; alimentos naturales y procesados, materia prima, maquinaria y en general de todo tipo de mobiliario, equipo y mercancías, así como el establecimiento de tiendas y comercios de estos artículos.

Según la anotación ante el Registro Público de la Propiedad, también está facultada para la organización, administración, operación, promoción, representación, difusión y explotación de todo tipo de evento público o privado, parques temáticos y de diversión, así como restaurantes, bares, discotecas, hoteles, moteles, condominios, tiendas, salas de espectáculos, centros nocturnos, complejos turísticos, centros de masajes, centros recreativos, de diversión y de hospedaje, así como la compra, venta, distribución y comercialización de vinos, licores, refrescos, cervezas; comprar, arrendar, vender, administrar, usar, operar y llevar a cabo toda clase de operaciones con inflables publicitarios, hieleras y en general todo producto utilizado para publicarse; ser agente, comisionista y mediador entre personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; el establecer, poseer, operar, rentar, concesionar, franquiciar, agencias, sucursales, locaciones, ventanillas, kioscos, casetas, islas, mesas de hospitalidad, tiendas, oficinas, plantas, fabricas, almacenes, bodegas, talleres, tiendas, sucursales y demás instalaciones que se requieran dentro y fuera de la República Mexicana para el cumplimiento de su objeto social.

El diseño, construcción, supervisión, fraccionamiento, subdivisión, constitución en régimen condominal y remodelación de toda clase de bienes inmuebles, tales como terrenos, casas, condominios, hoteles, moteles, cabañas, locales comerciales, plazas comerciales, departamentos, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, centros nocturnos, sin contravenir las disposiciones que al efecto señala la Ley de Inversión Extranjera.

Llama la atención que las empresas de los dos presuntos delincuentes dedicados al tráfico de drogas y tráfico de personas con fines sexuales, según la DEA, tienen similares actividades, es decir que “Party Brothers S.A. de C.V.” (de Pablo Mauricio Amezcua Dorador) y “IPIC Tulum, S.A.P.I. DE C.V” (de Guillermo Barrera Lara) tienen actividades coincidentes

CUENTAS BLOQUEADAS

Sol Quintana Roo, informó en su momento que, después de un año de una profunda y metódica investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) bloqueó un total de 79 cuentas bancarias a personas físicas y morales, que presumiblemente están ligadas a la mafia rumana dedicada en el Estado al robo de cajeros automáticos.

De acuerdo con el informe de las autoridades de Inteligencia Financiera, este grupo está integrado por personas de nacionalidad rumana y mexicana, respectivamente, que durante los últimos meses habían estado clonando tarjetas de crédito y débito en diversos destinos turísticos del país y en especial, en Cancún, Quintana Roo.

El bloqueo de las cuentas fue resultado de una investigación conjunta entre la UIF y el FBI de los Estados Unidos, iniciada en febrero del año pasado, para desmantelar a este grupo, que se presume opera en varios países, pero que tendrían en esta entidad, su principal base de operaciones.

Como se recordará, Sol Quintana Roo en ediciones anteriores informó que agentes federales denunciaron operaciones de una organización delictiva de origen rumano en la entidad, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito a nivel mundial, la cual tiene la protección de las autoridades.

Además, se descubrió un conflicto de interés del jefe de Unidad en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, según denuncias presentadas días atrás ante el Órgano Interno de Control de la FGR y la Secretaría de la Función Pública.

Un hermano del funcionario de la FGR, es escolta y abogado del grupo de Florian Tudor, identificado como el líder de la banda rumana que estafa a turistas mediante una red de cajeros “Intacash”.

Por ese motivo, la Fiscalía Anticorrupción aceleró las diligencias contra los agentes que indagan a los rumanos por supuestos abusos de autoridad, amenazas o cateos ilegales.

Florian Tudor y sus socios son investigados por el FBI por fraudes cometidos en Estados Unidos y países de Europa.

El hermano del funcionario de la FGR, se ha hecho pasar como agente judicial. En mayo de 2019, cuando un policía local fue asesinado en un embarcadero de Ultramar por dos sujetos que viajaban en un auto rojo, tras una búsqueda por parte de policías, detuvieron a Jesús Constantino -quien se hizo pasar como policía ministerial-.

En la red de protección, supuestamente colabora el ex jefe de la policía de Cancún.

Por tal motivo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación en contra de funcionarios federales, estatales y municipales que investigaban a la red rumana dedicada a la clonación de tarjetas de crédito.

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