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JUAN VALLEJO CORONA, UN ASESINO SERIAL

*Habían sido hallados 25 cuerpos y fueron identificados 21 de ellos; del total de muertos 22 fueron anglosajones, ninguno era de origen mexicano; Se localizó un recibo bancario a nombre de Corona, quien finalmente fue acusado y detenido

José Sánchez/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

(Cuarta de siete partes)

Ciudad de México.- Juan Vallejo Corona nació el 7 de febrero de 1934 en Autlán, Jalisco. Tuvo un  hermano homosexual y violento de nombre Natividad Corona. En 1953 emigraron a Estados Unidos y Juan procreó cuatro hijas con su esposa. Al paso de los años se transformó en subcontratista de braceros mexicanos. En 1956, de acuerdo a Wikipedia, reconoció estar enfermo de esquizofrenia y se sometió a la novedad de los electrochoques… que nunca lo aliviaron.

Nadie se quejó de abusos económicos o físicos por parte del subcontratista, quien rezaba todos los domingos en una iglesia, se dice que para beneficiar a su hermano el violento, quien atendía el café “Guadalajara” en Marysville, pero un joven fue herido en el baño del negocio y demandó a Natividad por un cuarto de millón de dólares, por lo que el soltero Corona vendió sus bienes y regresó huyendo a México.

El 19 de mayo de 1971 un granjero japonés notó que entre dos árboles de su huerta de duraznos  había una especie de tumba y, al regresar por la noche, encontró parejo el terreno. El japonés avisó a la policía y fue encontrado el cadáver de un hombre blanco y delgado (Kenneth Whiteacre), fuertemente golpeado en la cabeza y apuñalado en el pecho.

Como entre la ropa le hallaron pornografía homosexual, se supuso que había motivos vinculados a individuos “de costumbres raras”.  De momento no había indicios contra Juan Vallejo Corona. Pero el 24 de mayo, unos trabajadores que operaban un tractor en un rancho vecino encontraron otra tumba improvisada, donde yacía Charles Fleming, otro vagabundo conocido por la zona.

La policía realizó entonces una búsqueda mejor especializada y encontró varios cadáveres en distinto estado de descomposición, que presentaba el mismo tipo de heridas con machete. También se encontraron unas facturas a nombre de Juan V. Corona.

El 4 de junio se dio por terminada la búsqueda. Habían sido hallados 25 cuerpos y fueron identificados 21 de ellos. Del total de muertos 22 fueron anglosajones, ninguno era de origen mexicano. Se localizó un recibo bancario a nombre de Juan Corona, quien finalmente fue acusado y detenido.

Pero si bien halló la policía rastros de sangre en su camioneta, resultó ser de un trabajador herido que había transportado y, en su machete, no se encontraron rastros sanguíneos. Algunas huellas de neumáticos no concordaron con  las de su camioneta ni la bala hallada en uno de los cadáveres pertenecía a la pistola de Corona, quien además usaba muletas para caminar en la época de algunas de las muertes.

El juicio contra Juan Vallejo Corona de nacionalidad estadunidense y mexicana-, fue largo, costoso y complejo, máxime cuando la acusación en lugar de elegir algunos casos como era usual, le imputó los veinticinco homicidios. Inicialmente Corona fue asistido por el defensor público nombrado por el Tribunal, pero el 14 de junio el acusado lo reemplazó por Richard Hawk, un abogado privado que en lugar de honorarios recibió de Corona los derechos literarios exclusivos respecto de su historia, e incluso, fue relevado de la obligación de guardar reserva acerca de sus comunicaciones con el acusado. Hawk optó por desistir de una defensa de insania y prescindió de los siquiatras. Durante su detención Corona tuvo dos ataques cardíacos.

La defensa aducía que Natividad Corona fue el verdadero autor de los crímenes y que había dejado indicios como facturas y boletas de depósito bancario para incriminar a su hermano. Pese a la probable motivación sexual de los crímenes no se comprobó que Juan Vallejo Corona fuera homosexual.

Wikipedia informa que finalmente en 1973 el Jurado, tras 45 horas de deliberación, decidió que Juan Vallejo Corona era culpable de veinticinco homicidios y el Juez lo condenó a veinticinco cadenas perpetuas con derecho a pedir la libertad condicional al cabo de siete años. En esa época la Suprema Corte del Estado de California había establecido el criterio de que la pena de muerte era inconstitucional.

En el año 1982 un nuevo grupo de abogados tomó la defensa y alegó que no se le había defendido correctamente en su primer juicio, pero no consiguió que se modificara la condena. El Jurado consideró que Natividad Corona (ya fallecido a esa fecha), no había tenido el tiempo ni oportunidad para cometer los crímenes y que, en cambio, el acusado no tenía una explicación razonable sobre por qué los nombres de algunos de los hombres muertos aparecían en sus registros de trabajo.

En la prisión, Corona fue atacado a puñaladas por cuatro internos y casi muere, perdiendo un ojo en el ataque. El jalisciense continuó purgando sentencia en la prisión estatal de Corcoran en California, y durante sus últimos años en dicha prisión, padeció de demencia senil y su salud se fue agravando. El 5 de diciembre de 2011 le fe rechazado su pedido de libertad bajo palabra y no pudo solicitarlo de nuevo hasta 2016. El 4 de marzo de este año falleció en la cárcel de Corcoran, según informo el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California.

CASI 300 MUERTOS

En estremecedor relato, Jacobo García, de El País, expresó el drama de casi 300 migrantes sacrificados en Tamaulipas. Los veteranos de la ruta, desde sacerdotes a organizaciones no gubernamentales lo habían advertido antes de 2010: “México es una gigantesca fosa común para los migrantes centroamericanos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos”.

Jacobo García inicia su reportaje: “Son las siete de la mañana del 24 de agosto de 2010 y después de recorrer 22 kilómetros, un ecuatoriano sangrante y mal herido llega hasta un retén del Ejército en la carretera 101 de Tamaulipas, en la frontera entre México y Estados Unidos. Se arrastra hasta el primer soldado que encuentra y dice: “Soy Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, inmigrante ecuatoriano rumbo a los Estados Unidos. Hombres armados nos secuestraron. Los mataron a todos”.

Antes de desfallecer en un hospital, comenta Jacobo García, “el ecuatoriano acompañó a los soldados hasta un rancho abandonado en el municipio de San Fernando, donde localizaron el horror: 72 migrantes tirados en el suelo y asesinados a bocajarro. 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría centroamericanos entre ecuatorianos, brasileños y uno indio. Vestidos con gorras de béisbol y ropa desgastada, yacían formado en fila y maniatados”.

La bestialidad de la matanza y la tranquilidad con la que se ejecutó dejó estupefacta la región y  una expresión corrió de boca en boca y de albergue en albergue entre los migrantes: “México está cañón”…

El secuestro de los migrantes era un nuevo rubro en el negocio del narco. El drama para los 72 migrantes había comenzado tres días antes, a sólo unos kilómetros de la ansiada frontera con Estados Unidos. Todos ellos viajaban hacinados en dos camiones que fueron secuestrados por ocho tipos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas y conducidos hasta un alejado rancho con una nave. Los obligaron a bajar, les ataron las manos y al día siguiente, les dieron opciones: trabajar para los Zetas o la muerte. Sólo un migrante aceptó el empleo. Al resto le vendaron los ojos y lo fueron ejecutando con disparos en la espalda y la cabeza después de multitud de golpes. Los cadáveres pasaron 24 horas a la intemperie bajo el sol de agosto de Tamaulipas. Habrían de descubrirse después más de 200 cuerpos en fosas clandestinas.

Como presunto responsable de las masacres en San Fernando, Tamaulipas, fue detenido por las autoridades un escurridizo joven apodado “El Ardilla”, quien reconoció que había recibido instrucciones para eliminar a la gente coordinada por otros traficantes de personas.

Dado el clima violento de los últimos años en México, pronto se desvaneció el estupor provocado por las ejecuciones y comenzaron a organizarse las maniobras políticas en favor de algunos partidos.

Se recuerda como buena idea el que se invitaría a mexicanos en el extranjero a depositar su voto “como si estuvieran en casa, con todas las garantías”.

Y germinó poderosamente un rumor genial en el sentido de que braceros o exbraceros podrían “recuperar el dinero que les habían birlado algunas autoridades mexicanas” y que habían ganado honestamente al trabajar de manera exhaustiva en Estados Unidos.

Desde luego, quienes colaboraran en la demanda masiva de “sus ahorros” resultarían beneficiados por el apoyo que en México se les brindaría, porque, obviamente, “aquellos fueron otros tiempos y la estafa no se repetiría en pleno siglo XXI”.

La idea de “recuperar el 10 por ciento que en dólares se les había descontado a los braceros, durante parte de la Segunda Guerra Mundial y después de la misma, a lo largo de 22 años cuando menos”, prendió en miles de documentados e indocumentados mexicanos.

Inicialmente, las autoridades dijeron que “desafortunadamente, no había mucha documentación”, pero algunos veteranos consiguieron “papeles” que parecían comprobar que “toda la razón le asistía a los organizadores de la reclamación económica”.

Como hongos brotaron entonces las organizaciones “braceriles” cuyos dirigentes cobraron diversas cantidades por enlistar a prospectos a la “indemnización”, con todo y los réditos acumulados.

La Secretaría del Trabajo no pudo menos que reconocer que los documentos localizados en el Archivo General de la Nación, (por interesados del movimiento migratorio), son originales y mencionan envíos cuantiosos en dólares por concepto de “fondo de ahorro”.

Al principio no fueron organizados los descuentos, pues se trataba de dos grupos de trabajadores mexicanos: los que fueron empleados en instalaciones ferroviarias y quienes resultaron con empleos agrícolas.

Se estima que el descuento fue de 1945 a 1948 para los ferrocarrileros y no hubo más convenios que los beneficiaran. En cambio, para los trabajadores agrícolas fue celebrado el acuerdo entre México y Estados Unidos, en cuya cláusula vigésimo quinta se estableció la retención periódica del diez por ciento del salario, que se entregaría al trabajador mediante cheque bancario certificado a su nombre y registrado en un Consulado mexicano, con sello aplicado “en el momento” en que el bracero cruzara la frontera de regreso a México.

El licenciado Mauricio Dardón Velásquez, asesor del área de relaciones internacionales del GPPRD, investigó el detalle y confirmó que el 1 de Agosto de 1949, al año siguiente, un nuevo acuerdo sobre la contratación de trabajadores agrícolas mexicanos, “dejó sin efectos el celebrado el 21 de febrero de 1948, y  prácticamente estableció nuevas reglas para la contratación multimencionada, pues en el rubro de descuentos, expresamente se decretó que NO DEBERÍA HACERSE A LOS TRABAJADORES NINGÚN DESCUENTO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO O DE CUOTAS SINDICALES”.

Pero sí se descontaría la cuota para el Instituto Mexicano del Seguro Social, surgido a principios de los 40. El 11 de agosto de 1951, México y Estados

Unidos se comprometieron a que los únicos descuentos que se podrían hacer en los salarios de los trabajadores, serían los siguientes: Los requeridos por la ley, los adelantos hechos a cuenta de los salarios, los pagos por concepto de artículos de consumo producidos por el patrón, por la alimentación proporcionada por el patrón, por el exceso en el pago de salarios, por pérdidas que sufriera el patrón de objetos que hubiere proporcionado al trabajador y fuera por negligencia de éste último, y por concepto de primas de seguros, cuando lo autorizara el Gobierno mexicano, conforme a un plan de seguros que cubriera accidentes y enfermedades no profesionales.

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