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LAVADO DE DINERO

*Yucatán se convierte en un refugio de empresas fortalecidas con dinero ilícito, delitos cometidos por reconocidos personajes del país, así como del extranjero, quienes buscan aprovechar la ficticia seguridad que prevalece en la Entidad

*Cementos Cruz Azul, el grupo de Billy Álvarez, operó su propia «estafa maestra» para auto-robarse miles de toneladas de cemento y revenderlas, y ahora planea instalarse en el Polígono Industrial de Progreso

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – Yucatán se convierte en un refugio de empresas fortalecidas con lavado de dinero, delitos cometidos por reconocidos personajes del país, así como del extranjero, quienes buscan aprovechar la ficticia seguridad que prevalece en la Entidad.

Tal es el caso de las cementeras Cruz Azul y Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM) del Sureste, así como la empresa Fincantieri, contratada por el Gobierno de Mauricio Vila Dosal para la construcción, en Progreso, del astillero más grande de América Latina.

Primeramente, fue la planta de molienda de cemento en Progreso, por parte de la empresa Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM) del Sureste, la cual destinaría 60 millones pesos para su instalación y operación, cuyos directivos están en la lista de los Panamá Papers.

Ahora, con Cementos Cruz Azul, el grupo de Billy Álvarez operó su propia «estafa maestra» para auto-robarse miles de toneladas de cemento y revenderlas, bajo el argumento que el producto era para obras de caridad y de apoyo a los que menos tienen.

A pesar que Billy Álvarez recientemente renunció, sigue en firme su proyecto de instalación en Yucatán.

Lo más interesante de todo es que luego de mostrar interés por invertir en el Estado, Cruz Azul y CDM se instalarían en el Polígono Industrial de Progreso.

El asesor de la Asociación Maya Peninsular, Manuel Cervantes, indicó que, además de cemento Maya, en Yucatán se ha instalado la Planta Progreso de Cementos Fortaleza, así como la planta de molienda de Cementos Holcim México, ubicada en Umán.

En el caso de Cruz Azul y CDM, tienen dos puntos en común, «pretenden instalarse en Yucatán, luego de ser rechazadas en otros estados, debido a que son consideradas como empresas altamente contaminantes», así como también sus directivos están involucrados en problemas de lavado de dinero, acotó.

Falso altruismo

Lamentó el arribo de estas iniciativas privadas, debido al grave problema de contaminación que genera, al mismo tiempo que la emisión de micropartículas afecta notablemente la salud de las personas.

Reprobó la postura del Ayuntamiento de Progreso de convertir una reserva ecológica en una zona industrial y, lo peor de todo, es que «las personas que están al frente de esas empresas tienen cierto antecedente marcado como delictivo».

Destacó la labor periodística de Ignacio Suárez, quien «con base a las investigaciones judiciales destapó la cloaca que se vive en el seno de la cooperativa Cruz Azul».

Presuntamente, los cooperativistas fueron sistemáticamente defraudados por décadas por Billy Álvarez y su grupo más cercano, entre ellos los socios de Grupo Comercial Amori, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa titular de los derechos del predio y obra de la nueva planta de cemento en construcción en el Polígono Industrial de Progreso.

El grupo de Billy Álvarez operó su propia «estafa maestra» para auto-robarse miles de toneladas de cemento y revenderlas, ya que no necesitaron un complejo sistema financiero ni tampoco empresas fachadas, pues conseguían cartas de dependencias gubernamentales o instituciones privadas donde le solicitaban la donación de centenas de toneladas de cemento para diferentes programas y apoyos sociales.

El dirigente aprobaba las donaciones sin recato alguno y sus operadores y socios de la empresa Grupo Comercial Amori ejecutaban el fraude, con las donaciones de cientos de toneladas de cemento, que nunca llegaron a los lugares que lo «requerían».

En cambio, se llenaron las bodegas de distribuidores en el sureste de México, pertenecientes al matrimonio conformado por Rosalinda Álvarez y Oswin Moller, hija y yerno de Billy Álvarez, y Jesús Mora, amigo cercano de la familia.

Todos ellos se dedicaban a comercializar el cemento que la cooperativa «regalaba».

Ahora, construyen su propia planta de cemento en el Polígono Industrial Progreso, en un claro desafío a las denuncias en contra de cemento Cruz Azul, todo ello como una forma de legitimar sus negocios ilícitos.

Panamá Papers

Aprovechando que Yucatán se convierte en un polo atractivo para la industria cementera, los socios de CDM del Sureste anunciaron su incorporación a la competencia, para lo cual destinarían 60 millones de pesos para la instalación y operación de una planta de molienda de cemento en Progreso, para venderlo en el Sureste de la República Mexicana.

Los socios de esta iniciativa privada, Ricardo Alessio Robles Cerda y Carlos Alberto Tirado Enríquez, son señalados por crear empresas en paraísos fiscales, además que sus nombres aparecen en la lista de los Panamá Papers.

Ante tal situación, diversas asociaciones de alarifes se muestran extrañados del rápido ascenso de Robles Cerda, ya que primeramente fue un empleado de Cemex, quien después de denunciar a la cementera por un boicot monopólico en 2004, se volvió en un empresario que ahora pretende competir con grandes empresas.

Incluso, creó las empresas Irkon Holding, Grupo Empresarial Alternativo y Grupo Baru del Norte en México, así como fue señalado de crear empresas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, a través de Futurvest Limited.

De acuerdo con el plan de la empresa CDM del Sureste, el proyecto consiste en la instalación y operación de una planta de molienda de clinker portland, con el fin de vender cemento de construcción en versión granel ensacado.

El exempleado de Cemex pretende invertir tres millones 100 mil dólares en la construcción e instalación de la infraestructura asociada a la planta de molienda de clinker portland para la Península de Yucatán.

«Logísticamente se puede recibir de manera eficiente materias primas como el clinker desde el puerto de altura de Progreso, además de permitir la venta a granel de cemento a las unidades que acudan a la planta, así como la distribución de cemento ensacado en los municipios costeros del Estado de Yucatán», agrega el proyecto de la respectiva empresa.

La compañía del empresario regiomontano instalará la maquinaria destinada al mezclado y molienda del clinker portland para su posterior venta como cemento.

Robles Cerda y Tirado Enríquez dieron de alta a CDM del Sureste el 23 de septiembre de 2010, en Monterrey, Nuevo León, por una duración de sólo tres años.

Posteriormente, los socios radicados en Monterrey cambiaron la duración de la sociedad por 97 años, la cual importa, exporta y distribuye todo tipo de mercancías de comercio exterior, así como comercializa a granel minerales y materiales para la construcción.

También, la firma cuenta con el objeto social de compra y venta de todo tipo de material destinado a la construcción industrial, comercial y habitacional, así como la importación y exportación de materiales, equipo y herramientas relacionados con la construcción.

La empresa regiomontana contempla que los trabajos de construcción e instalación de la planta de molienda de cemento no superarán el lapso de 12 meses, mientras la operación es indefinida, toda vez que existe demanda de cemento en Mérida y municipios conurbados.

Alessio Robles estuvo involucrado en el escándalo de los Panamá Papers, por el lavado de dinero de dinero sacado del país a paraísos fiscales en Panamá y otros países, así como de otro escándalo de corrupción coludido con funcionarios de Veracruz, donde junto con otros de sus socios obtuvieron contratos a modo.

Durante el sexenio del Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el que fuera titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julen Rementería del Puerto, ahora senador por el PAN, ejerció el cuarto presupuesto más alto del Gobierno, por más de cuatro mil millones de pesos.

Entregó un contrato por 19.8 millones de pesos a la empresa Irkon Holding SA de CV, cuyos socios son Camacho Flores y Alessio Robles Cerda, empresarios de Monterrey señalados por crear empresas en paraísos fiscales.

El primer cargamento de cemento, que trajeron en 2004, Ricardo Alessio y sus socios, Luis Bonales y Ricardo Camacho, nunca lo pudieron desembarcar y vender en México.

En ese año, los empresarios importaron unas 26 mil toneladas desde Rusia en el buque «Mary Nour», pero una serie de amparos, denuncias y embargos precautorios les impidió descargar el material.

El 20 de febrero de 2012, la Comisión Federal de Competencia Económica informó a través de un comunicado que Cemex perpetró e indujo una serie de acciones para impedir la entrada al país de 26 mil toneladas de cemento del buque Mary Nour.

La CFC impuso a Cemex establecer un código de conducta acorde con la Ley de Competencia y una multa de 10 millones 179 mil pesos, el máximo legal en el momento de la práctica.

A mediados de junio de 2012, Alessio Robles afirmó que Cemex, empresa en ese entonces bajo el mando de Lorenzo Zambrano, continuaba con el boicot monopólico y presionó a empresarios jamaiquinos para que les negaran la venta de cemento.

Astillero de Progreso

La empresa italiana Fincantieri fue contratada por Vila Dosal para la construcción del astillero más grande de América Latina, sin importarle que es investigada en su país por los delitos de corrupción, falsear declaraciones, emisión de facturas falsas y explotación laboral.

El proyecto prevé una inversión inicial de 150 millones de dólares, que permitirán construir un complejo de 40 hectáreas en Puerto Progreso para reparar o construir embarcaciones de hasta 400 metros de eslora o longitud.

Vila Dosal lanzará en breve las licitaciones del primer tramo de la obra, que se espera inicie en el segundo trimestre del próximo año.

Para 2024, la constructora estima una inversión de hasta 550 millones de dólares, que se destinarán a la instalación de un muelle flotante, plataformas elevadas, grúas, talleres, oficinas, almacenes y maquinaria especializada.

El Gobierno Estatal se encargará de los primeros trabajos, los cuales, comprenden el dragado, construcción de infraestructura y plantas principales.

El acuerdo del astillero de Puerto Progreso fue firmado de manera virtual el 24 de noviembre de 2020, por Ernesto Herrera, secretario de Fomento Económico, el Gobernador Mauricio Vila Dosal y el Director General de Fincantieri, Fabio Galla.

En el evento, la empresa italiana presumió que una vez que el astillero se ponga en marcha darán trabajo a 700 empleados de tiempo completo y otros dos mil 500, que derivan de la cadena de proveedores y suministros; en Italia los han acusado de esclavizar al personal.

 

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