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MICHOACÁN: LA LEY DEL GATILLO

Ricardo Ravelo/ Sol Yucatán

El estado de Michoacán volvió a incendiarse por la violencia del narcotráfico.

La mañana del lunes fueron emboscados 14 agentes estatales por un grupo armado en el municipio de Aguililla, uno de los más violentos del país.

Según las investigaciones estatales, los policías iban a cumplir con una orden de un juez de lo familiar para transportar a una señora y a su hija de Aguililla a Morelia para estar presentes en una audiencia.

Sin embargo, cuando iban por una demarcación conocida como El Aguaje de pronto aparecieron decenas de civiles armados que de inmediato comenzaron a dispararles a los agentes.

Hasta ahora, el gobierno del estado, encabezado por Silvano Aureoles, no ha explicado si el grupo armado pertenece a algún cártel del narcotráfico o se trata de alguna autodefensa vinculada con alguna organización criminal.

Michoacán siempre ha estado en Guerra por el narcotráfico. Es una de las entidades más atractivas para los grupos dedicados al tráfico de drogas debido a que está considerada como la entrada de lo que se conoce como la ruta del Pacífico.

Además, por Michoacán se abastecen de drogas la mayoría de los cárteles. Los cargamentos provienen de Centroamérica y Sudamérica, arriban por mar y es descargada la droga por grupos de civiles y pescadores a los que les pagan por esas tareas.

En Agosto último, un grupo armado que dijo ser parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzó un video a través de las redes sociales para anunciar la guerra contra el cártel de Los Viagras, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, tres de los más fuertes cárteles que están afincados en Michoacán.

El mensaje fue considerado como el arranque de las operaciones del cártel que dirige Nemesio Oseguera, quien es oriundo de Michoacán, precisamente del municipio de Aguililla, donde se han suscitado varias matanzas perpetradas por el crimen organizado en diversos enfrentamientos.

En la irrupción del mes de agosto fueron asesinadas once personas; algunas fueron colgadas de los puentes, otras fueron descuartizadas por el grupo armado. El grupo de sicarios anunció en aquel video que iban a limpiar el estado, ignorando por completo a las autoridades estatales.

En Michoacán convergen varios factores que detonan la violencia de alto impacto: existe, sin duda, un grave vacío de poder, un vacío de Estado que impide a las autoridades aplicar la ley. Además, también existe un fuerte problema de corrupción: las policías, por ejemplo, trabajan para los grupos criminales y esto impide que cumplan con su deber: dar seguridad, garantizar la vida y el patrimonio de la gente.

Ante el elevado índice de violencia que se observaba en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se autorizó la creación de grupos de civiles como autodefensas. Esto fue propuesto por el general colombiano Óscar Naranjo, ya que en Colombia la figura había dado resultado en algunos territorios para garantizar la seguridad que la gente exigía.

En el caso de México, la propuesta fue vista como una forma de contener la violencia y garantizar la seguridad en municipios y regiones. Se les permitió incluso disponer de armamento. Pero varios grupos de autodefensas terminaron infiltrados precisamente por el Cártel de Jalisco, cuyo líder –Nemesio Oseguera –les otorgó armamento y dinero para que sirvieran a su causa.

De esta forma, las autodefensas se dividieron. Algunas están trabajando para el narcotráfico mientras que otras operan para garantizar la seguridad, aunque de muy poco ha servido.

Por otra parte, la Guardia Nacional, que entró en operaciones a principios de año en más de doscientas regiones, ha resultado insuficiente para contener la violencia criminal.

Y en muchos estados –Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, entre otros –se ha visto rebasada porque no ha mostrado capacidad para detener a los grupos criminales ni para garantizar vida y patrimonio de la gente.

Y no es todo: aun cuando el gobierno federal se ve rebasado en más de la mitad del territorio la Secretaría de Seguridad Pública ni las Fuerzas Armadas han cambiado la estrategia para enfrentar al crimen.

Es más, a diez meses de que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el país sigue sin una clara política para enfrentar al crimen y la violencia de alto impacto. Uno de los objetivos que, según el presidente, se iban a cumplir pronto era “serenar al país”, pero hasta ahora no se ha logrado, pues por todas partes siguen los enfrentamientos entre grupos criminales.

En la zona sur de Veracruz, por ejemplo, el crimen ha quemado más de 20 negocios mediante la misma operación que aplicaron en el bar “El Caballo Blanco”, donde perdieron la vida 30 personas hace mes y medio.

En Tamaulipas un grupo de agentes estatales, presuntamente ligados a un cártel, cometieron varias ejecuciones extrajudiciales que hasta la fecha se están investigando.

En Michoacán, en poco más de dos meses, se han cometido dos masacres: la de Uruapan en agosto y la de hoy en Aguililla. Y ni aun así el gobierno no implementa alguna estrategia distinta de la que hasta ahora está aplicando la Guardia Nacional.

Tras conocer sobre la matanza de policías en Aguililla, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que los homicidios en el país vienen a la baja, y lamentó lo ocurrido en Michoacán.

La ley del gatillo

En Michoacán el crimen organizado ha escalado muy alto, a grado tal que varias autoridades municipales trabajan para el crimen organizado desde hace mucho tiempo.

En el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, una veintena de alcaldes fueron encarcelados porque, de acuerdo con investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), estaban implicados con los cárteles locales. Esta operación se conoció como “El Michoacanazo”.

Sin embargo, algunos meses después los alcaldes tuvieron que ser liberados porque el Ministerio Público Federal no pudo acreditar los delitos por los que fueron acusados, entre otros, delincuencia organizada y lavado de dinero.

En aquel momento, la PGR integró los expedientes con el testimonio de varios testigos protegidos que hicieron imputaciones criminales a los munícipes que después no pudieron probar.

En aquella ocasión, el entonces gobernador Leonel Godoy fue investigado porque los cárteles Caballeros Templarios, Familia Michoacana, principalmente, presuntamente habían hecho arreglos para operar impunemente en todo el estado.

Esto implicó también a los cuerpos de policía, por ello se abandonó la seguridad y el estado entró en una larga etapa de descomposición que, hasta la fecha, prevalece.

El principal problema es el elevado nivel de corrupción en todos los niveles de gobierno. Por ello, en Michoacán no hay Estado de derecho, está roto el principio de autoridad y lo que impera es lo que comúnmente se llama la ley del gatillo.

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