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«MUTILA» VILA A DISCAPACITADOS

*El Gobernador de Yucatán sangra a la Hacienda Pública con más de 3.5 millones pesos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

*La administración de Mauricio Vila Dosal no sólo ha mostrado falta de empatía hacia los grupos vulnerables, sino que ha permitido y propiciado el desvío de recursos destinados a la movilidad de personas con capacidades diferentes

*Al Mandatario no le importó afectar al 6.5 por ciento de la población total de Yucatán, que tiene una discapacidad, es decir, 139 mil personas fueron víctimas de la voracidad gubernamental del panista

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – El Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, incurrió en un daño y perjuicio a la Hacienda Pública Federal (SHCP) por un monto de tres millones 585 mil 895 pesos con 82 centavos, del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2019, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su último informe, de diciembre de 2020, el máximo órgano de fiscalización del país informó que el Gobierno del Estado de Yucatán, a través del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), incurrió en irregularidades en el gasto de los recursos provenientes de la Federación.

Una de las anomalías detectadas por la ASF fue en el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad de Yucatán, donde en principio se determinaron 18 resultados, de los cuales en 17 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe, pero una fue la que generó un pliego de observaciones.

Según el dictamen de la auditoría de cumplimiento número 2019-A-31000-19-1441-2020/1441-DS-GF, relativo a la revisión de Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa.

Entre las violaciones a las leyes y reglamentos en las que incurrieron funcionarios de confianza de Mauricio Vila Dosal destacan a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra, el Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha 17 de mayo de 2019.

En virtud de que realizó un pago de gastos indirectos que no cumple con el objetivo de dicho concepto y no dispone de la documentación comprobatoria del mismo, y en el proyecto ejecutado realizó pagos con fecha posterior a la terminación del plazo de ejecución establecido, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 748 mil 300 pesos, el cual representó 49.7 por ciento de la muestra auditada.

Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 1329-DS-GF, practicada al Gobierno del Estado de Yucatán respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019.

En torno a los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que aun cuando el Gobierno del Estado de Yucatán invirtió los recursos pagados para la ejecución del proyecto convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizaron pagos con fecha posterior a la terminación del calendario de ejecución establecido en el proyecto y se pagaron gastos indirectos que no cumplen con el objetivo de dicho concepto, y que no disponen de la documentación comprobatoria del gasto.

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán no realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Fotradis), apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas.

Cifras reales

Con cifras desactualizadas, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iipedey) estableció que el 6.5 por ciento de la población en Yucatán tiene una discapacidad, lo que representa alrededor de 139 mil personas, y de este universo el 68 por ciento tiene discapacidad motriz, le sigue la visual, intelectual, auditiva y psicosocial.

En 2020, en la Entidad se contabilizaron cerca de 442 mil personas con discapacidad y limitaciones, de los cuales, dos de cada cinco realizan alguna actividad económica, informó la Directora General del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (Iidepey), María Teresa Vázquez Baqueiro.

Al presentar los recientes resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mencionó que Yucatán cuenta con dos millones 320 mil 898 de habitantes, de los cuales, 441 mil 852 tienen discapacidad, así como alguna limitación, lo que representa el 17.9 por ciento de la población.

Detalló que 149 mil 222 personas tienen discapacidad, el 5.6 por ciento de la población, los cuales «para el Inegi son personas que de plano tienen una dificultad muy elevada para ver, escuchar, pensar y relacionarse con personas».

Asimismo, en la Entidad hay 265 mil 630 personas que tienen limitaciones, pero que pueden desarrollarse a pesar de la limitación motriz, visual, auditiva, mental o social.

De acuerdo con los resultados del Censo del Inegi, de dicho grupo hay 196 mil 683 que están en edad de realizar una actividad económica.

Sin embargo, 194 mil realizan una actividad económica, pero la mayoría de ellos están en el comercio informal, y «las dos mil personas restantes manifestaron que nada realizan».

Estudios recientes revelan que hay mucho trabajo por hacer para mejorar el servicio de transporte público en el Estado y que sea accesible para las personas con discapacidad, pues muchas de ellas requieren ser trasladados a sus centros de trabajo o viajar para recibir terapias o consultas.

Transporte inclusivo

Por su parte, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) ha insistido en la urgencia de contar con un sistema de transporte inclusivo para personas con alguna discapacidad, pero hay muchas dificultades, no sólo por la falta de unidades especiales, sino para que la gente pueda llegar a los paraderos, por lo que se debe tener la infraestructura adecuada para una correcta inclusión.

Lo cierto es que el Gobierno de Mauricio Vila Dosal no sólo ha mostrado su falta de empatía hacia los grupos vulnerables, sino que ha permitido y propiciado el desvío de recursos para mejorar la movilidad de las personas con alguna discapacidad.

No basta con que en el Centro Histórico de Mérida se cuenten con las mínimas condiciones de movilidad de personas con discapacidad visual, auditiva, motriz y en silla de ruedas, existen muchas colonias que no son tomadas en cuenta y ponen en riesgo la integridad de las personas.

Ni que decir de los servidores públicos municipales y estatales, que no toman conciencia sobre las dificultades que enfrenta el 6.5 por ciento de la población en Yucatán, que tiene alguna discapacidad, es decir, que más de 139 mil personas con capacidades diferentes son víctimas de la voracidad del panista con aspiraciones a ser el candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN).

Acción de la Codhey

A pesar de las numerosas anomalías que prevalecen en contra de las personas con capacidad limitada, es imperceptible el impacto que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) a favor de esta población.

Incluso, la más reciente recomendación la dio a conocer el 8 de junio de 2017, la cual fue emitida a cada uno de los 106 alcaldes de la Entidad, motivo por el cual con los de la actual administración no hubo interacción alguna.

La Codhey emitió la Recomendación General 09/2017, solicitado a los ayuntamientos realizar las modificaciones urbanas necesarias para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en edificios públicos y otras instalaciones de uso público como plazas comerciales, cines, tiendas, bancos, etc.

En el documento, que fue dirigido a los 106 Ayuntamientos del Estado, se enfatiza que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad, en igualdad de condiciones.

Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrán iguales oportunidades de participar en la sociedad.

Además, la falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, se considera como discriminación.

En el documento, la Codhey pidió que se considere la prevalencia de discapacidad en Yucatán, que está por arriba de la media nacional con el 6.5 por ciento de la población, además, que es un Estado que aspira a tener una fuerte derrama económica producida por el turismo y otras industrias que lo aprecien como Entidad ideal para invertir.

Ante lo señalado, se solicitó a las autoridades que las obras de construcción, públicas y privadas, deberán sujetarse a las disposiciones que en materia de accesibilidad y desarrollo urbano se establezcan a favor de las personas con discapacidad en la normatividad vigente.

Para lograr lo anterior, las secretarías del Gobierno del Estado en la materia y la autoridad competente a nivel municipal, determinarán las normas básicas a que deben sujetarse los proyectos de construcción públicos y privados; además, se deberá capacitar al personal encargado de hacer cumplir con las citadas normas.

La Recomendación General fue entregada a las 106 autoridades municipales, con vista para conocimiento y coadyuvancia al Congreso de Estado y a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 125 del Reglamento Interno de la Codhey, la presente recomendación no requiere aceptación por parte de las autoridades a quienes va dirigida, ya que su cumplimiento es obligatorio y deberá aportar pruebas de cumplimiento en un plazo que no exceda los 30 días naturales, a partir de su notificación.

Puntos recomendatorios

Primera. Considerando que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración a la dignidad y al valor inherente del ser humano, diseñar e impartir cursos integrales de capacitación y formación para garantizar que el personal de las direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes de desarrollo urbano, obras públicas y planeación de los ayuntamientos transiten del modelo médico-asistencial al modelo social de atención a las personas con discapacidad de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entendiendo que la accesibilidad es el medio para lograr la inclusión plena de este sector de la población, accediendo a través de ella al ejercicio de sus demás derechos.

Segunda. Diseñar e impartir cursos integrales de capacitación y formación profesionalizante al personal de las direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes de desarrollo urbano, obras públicas y planeación de los ayuntamientos para la correcta aplicación de la normatividad internacional, nacional (incluidas Normas Oficiales Mexicanas) y estatal, en materia de accesibilidad a través del diseño universal y ajustes razonables.

Tercera. De conformidad con la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, en materia de accesibilidad, reformar o crear en su caso los reglamentos municipales necesarios con el objetivo de que se contemplen en ellos las disposiciones en materia de accesibilidad a entornos físicos señalados por el Comité de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas tanto en la Observación General número 2 (sobre accesibilidad), como en las observaciones finales sobre el informe de México al Comité (documento de 2014), a efecto de que estén homologados con los estándares internacionales, nacionales y estatales de reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Deben trabajar esta normatividad coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, con el objetivo de contar con un marco jurídico con criterios de referencia concretos, con plazos determinados para supervisar y evaluar que las construcciones, modificaciones y adaptaciones cumplan con el diseño universal.

Cuarta. Consultar a las asociaciones civiles de y para personas con discapacidad, así como a colegios y asociaciones de profesionales relacionados con el tema, previo y durante la elaboración de las reformas o creación de la normatividad municipal en materia de accesibilidad a entornos físicos.

Quinta. Fomentar el fortalecimiento de la participación directa de las asociaciones de y para personas con discapacidad, así como de los colegios y asociaciones de profesionales relacionados con el tema para evaluar y comprender las necesidades existentes en materia de diseño universal en los espacios públicos y de uso público, así como la eficacia de las pruebas de accesibilidad.

Sexta. Implementar programas y campañas de difusión en español y lengua Maya, dirigidos a toda la población para crear conciencia en la existencia de un entorno urbano agresivo, individualista y desestructurado, en el que las personas con discapacidad han tenido que desenvolverse históricamente, con el objetivo de fomentar una cultura de accesibilidad a través del diseño universal y ajustes razonables, de acuerdo con los estándares internacionales, nacionales y estatales de reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad, en la que se integre a todos los colectivos sociales como beneficiarios y superar el modelo médico-asistencial con relación a la discapacidad. Haciendo énfasis en la variedad de barreras y de afectados existentes, más allá de las consabidas barreras arquitectónicas y de las necesidades de las personas que circulan en sillas de ruedas.

Séptima. Girar las instrucciones necesarias para que las direcciones, departamentos, coordinaciones o áreas competentes de desarrollo urbano y obras públicas municipales cuenten con los mecanismos de supervisión y evaluación para realizar de manera eficiente la verificación a las edificaciones públicas y de uso público ya existentes, para que éstas garanticen la accesibilidad y, en su caso, fijar plazos para la eliminación de las barreras en las instalaciones; asimismo aplicar las sanciones correspondientes a las instalaciones públicas y de uso público que no cumplan con la normatividad en la materia. Para lo anterior, deben contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la correcta supervisión y evaluación, así como impartir formación permanente y especializada al personal encargado.

Octava. Fijar plazos y asignar recursos adecuados para la eliminación de las barreras físicas y/o arquitectónicas en las instalaciones urbanas de la administración municipal.

Novena. Trabajar coordinadamente con las dependencias y entidades de los tres órdenes de Gobierno para la elaboración de programas en materia de accesibilidad y desarrollo urbano a través del diseño universal.

Décima. Trabajar coordinadamente con proveedores de servicios, constructores, universidades, cámaras empresariales, colegios de profesionales y otros interesados pertinentes, con la finalidad de logar la eliminación de las barreras ya existentes y la utilización del diseño universal a través del desarrollo proyectos compartidos, así como de planes conjuntos, instalación de órganos mixtos de coordinación y cooperación, y firma de convenios.

Décima Primera. Utilizar la herramienta de Auditoria de la Exclusión, es decir, hacer la evaluación de a qué personas excluye el diseño, construcción o remodelación que se pretende realizar o autorizar su realización. Cumplir con los Siete Principios del Diseño Universal y verificar la Cadena de Accesibilidad para garantizar la continuidad de rutas libres de obstáculos al interior de las edificaciones y espacios abiertos públicos y de uso público; es decir, integrar rutas accesibles desde el exterior para que los usuarios ingresen libremente y con seguridad hasta el punto deseado. Lo anterior servirá para la creación de una cadena irrestricta de desplazamientos de la persona de un espacio a otro, y también dentro de un espacio en particular, sin barrera alguna. Todo lo señalado tiene el objetivo de generar un diseño universal incluyente para toda la población que garanticen el uso y acceso a un número cada vez más amplio de personas a los espacios públicos y de uso público.

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admin

1 comment

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Silvia abril 5, 2021 at 5:01 pm

Y aún así se la pasan llorando echándole la culpa a la federal. No les dan bastante para robar

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