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LA ALCALDESA MARA NO “ENCUENTRA” 157 MILLONES

Atrapada en una avalancha de desprestigio por su gobierno represor de mujeres y periodistas, la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa se burla de la ASF en relación con la devolución de más de 157 millones pesos extraídos de las arcas del Ayuntamiento. 

A más de dos años de ignorar al máximo fiscalizador del país, la Presidenta municipal ni sanciona ni aclara el gasto de esa millonaria cantidad de dinero sustraída al pueblo de Cancún.

Redacción/Sol Quintana Roo/ Sol Yucatán 

Cancún.- Arrastrada por una avalancha de desprestigio derivada de su gobierno –represor de mujeres y periodistas– y señalada por enriquecimiento ilícito, la presidenta municipal de Benito Juárez María Elena Hermelinda Lezama Espinosa es llamada nuevamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que aclare el destino de 157 millones 45 mil 232 pesos recaudados en las ventanillas de Palacio Municipal.

Cubierta por ese manto de impunidad que hay en todo el país para los políticos y funcionarios de MORENA, la alcaldesa benitojuarense lleva dos años sin atender la solicitud del máximo órgano fiscalizador del país sobre el destino de los recursos que fueron resultado de dinero excedente. Este dinero es derivado de los ingresos de libre disposición, de los cuales no se comprobó su destino, ni mucho menos quien autorizó a que fueran extraídos de las arcas municipales.

Según el último resultado de la auditoría, realizada en octubre, la alcaldesa no ha aclarado ni proporcionado la documentación que justifique y/o compruebe el destino de los 157,045,232.38 pesos (ciento cincuenta y siete millones cuarenta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos 38/100 M.N.) bajo ese concepto de ingresos excedentes derivados del dinero de libre disposición.

Los recursos ingresaron a las arcas municipales, pues están expresados en el presupuesto de ingresos, en el segmento de libre disposición, que en principio era de 3 mil 3 millones 910 mil 3 pesos. Sin embargo, al cierre de 2018 el monto de ingresos ascendió a 3 mil 160 millones 955 mil 500 pesos: con el excedente de 157 millones 45 mil 232 pesos.

El dinero resultado del excedente fue destinado a esa cartera de libre disposición del Presidente municipal en turno. Monto con el que puede hacer lo que le de la gana, pero no para aplicarlos a programas y proyectos que beneficien a la sociedad.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación descubrió que ese dinero fue extraído de la Tesorería Municipal de Benito Juárez de manera poco clara, pues no se presentó la documentación que justifica y comprueba su destino; tampoco como los formatos de quién autorizó su aplicación.

Por tal desaparición del dinero, la ASF pidió a la Presidenta municipal María Elena Hermelinda Lezama Espinosa que la Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidad Administrativa del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo iniciara el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos.

En un intento por sorprender a la ASF, la alcaldesa envío información para aclarar o justificar los resultados y las observaciones. Sin embargo, determinó que no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclara y justifica lo observado.

Pese a la evidente incapacidad de la alcaldesa para aclarar el destino de los más de 157 millones de pesos, la ASF, los diputados locales, los regidores y los políticos vinculados al partido MORENA ni se inmutan sobre el grave daño que la alcaldesa –con fama de represora de mujeres y periodistas y acusada de enriquecimiento ilícito–, le ha hecho al pueblo de Quintana Roo.

Como se recordará, a principios de noviembre se realizó una marcha pacífica de mujeres y jóvenes de Cancún para exigir a los gobiernos federal, estatal y municipal, el fin de los feminicidios, tras la muerte de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado –conocida como «Alexis»–, cuyos restos fueron encontrados en bolsas negras en Cancún.

Durante el recorrido de la manifestación, la policía municipal de Benito Juárez disparó contra los manifestantes y periodistas. También golpearon a hombres y mujeres que participaban en la protesta contra los asesinatos de mujeres, incrementados de forma alarmante en el municipio de Benito Juárez.

Las investigaciones revelaron que el jefe policíaco Eduardo Santamaría ordenó disparar contra los manifestantes, dejando heridos a tres periodistas. Pero resultaron lesionados más mujeres y hombres por las macanas y cachazos de los policías municipales. En un intento por lavarse las manos, la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, y para proteger a su jefe de la policía, intentó culpar al mando único de la policía estatal.

Sin embargo, más tarde el Gobernador del estado dijo que el responsable de los disparos fue el Director de la policía municipal de Benito Juárez, Eduardo Santamaría, responsable por atacar y disparar contra los manifestantes, con el  resultado de tres reporteros heridos.

Otros de los señalamientos de la antes locutora, hoy sentada en la silla de la Presidencia municipal, es la denuncia por probable enriquecimiento ilícito ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido),.

Pero no sólo ella, también su esposo Omar Terrazas; su hermano Miguel A. y dos de sus tres hijos; quienes forman parte de una sociedad denominada “Desarrolladora Cumpal”, que suma una serie de propiedades, automóviles y terrenos por un valor promedio de 10 millones de pesos.

En la mafia saqueadora del dinero del pueblo también figura el síndico municipal Heyden Cebada Ramírez y su padre, el director de Desarrollo Urbano, Heyden Cebada Rivas, quienes como valuador y notario número 62, dieron fe de la escrituración de los bienes de la familia directa de María Elena Hermelinda Lezama Espinoza.

Las irrefutables denuncias contra la alcaldesa se ahogan en el mar de la impunidad que la protegen, pues no se le ha dado seguimiento a las denuncias presentadas el 2 de julio de 2020 por la asociación Opus Magnum –por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, acompañados con documentación oficial como registros de transferencias bancarias, copias de escrituras públicas y declaraciones patrimoniales–.

Hasta la fecha, la alcaldesa sigue acumulando delitos que atentan directamente contra el bienestar del pueblo. Pero lo peor es que todavía acaricia la posibilidad de reelegirse el próximo año para gobernar otros tres años el saqueado ayuntamiento de Benito Juárez.

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