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PACTO DE IMPUNIDAD

 

*La complicidad que prevalece entre Mauricio Vila Dosal y su antecesor, Rolando Zapata Bello, ha impedido la solución al millonario fraude que generó Crecicuentas, delito que afectó a unas 300 familias que depositaron los ahorros de toda su vida

*Funcionarios de la administración pasada fueron beneficiados por los defraudadores. A Víctor Caballero Durán, exsecretario de Gobierno, le avisaron que sacara todos sus ahorros, ya que la empresa se declararía en quiebra, por lo que sólo avisó a sus familiares y amistades

*El Gobernador les prometió dar una pronta solución, pero han transcurrido dos años y nada. «Nadie les puso una pistola para llevar sus ahorros»

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – La complicidad que prevalece entre el Gobernador Mauricio Vila Dosal y su antecesor, Rolando Zapata Bello, ha impedido la solución al millonario fraude que generó Crecicuentas, delito cometido hace una década y que afectó a unas 300 familias, que depositaron los ahorros de toda su vida. Este pacto los hace cómplices del fraude a cientos de yucatecos.

Zapata Bello nada hizo para aplicar la ley a favor de los yucatecos, en cambio protegió en todo momento al entonces Secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, quien luego de perder las elecciones retornó al Ejecutivo, sólo que en calidad de Secretario de Educación del Gobierno del Estado (Segey).

A Caballero Durán le avisaron que iba a declararse en quiebra la financiera y sacó sus millonarios ahorros, con el conocimiento de Rolando Zapata. Obviamente al Gobierno no le interesó solucionar la estafa a los cientos de familias, quienes quedaron en el desamparo.

El Gobierno de Rolando le dio carpetazo al asunto, porque había varios funcionarios metidos en el fraude de Crecicuentas, quienes recuperaron sus ahorros.

Lo peor de todo, Vila Dosal se deslinda de la problemática, respetando el pacto de no agresión que acordó con Zapata Bello y, por ende, se niega a actuar a favor de los afectados.

Ambos gobernadores se niegan a dar celeridad a las carpetas de investigación, por lo que permanecen en la congeladora de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las únicas que han procedido han permitido la detención de algunos de los integrantes de la directiva de Crecicuentas, pero muchos se han dado a la fuga, aprovechando la desidia gubernamental.

La exfiscal Celia Rivas, molesta por las manifestaciones de los afectados, les espetó: «nadie les puso una pistola para llevar sus ahorros».

Este pacto de protección de Mauricio Vila a Rolando Zapata ha dañado seriamente la imagen del Gobernador, pues los yucatecos no dejan de insistir que lo investigue y lo meta a la cárcel.

El Mandatario Estatal queda en ridículo con este pacto de impunidad, ya que en sus discursos anda diciendo que su Gobierno vela por el bienestar de los yucatecos, pero deja en el abandono a estas familias, como si no formaran parte de yucatecos que dice proteger.

El Covid-19 benefició a Vila Dosal, pues desde que comenzó la contingencia, los afectados han dejado de acudir a la Plaza Grande para protestar frente a Palacio de Gobierno, pues hasta antes de marzo de 2020, acudían tres veces a la semana y permanecían cerca de dos horas.

A pesar que la justicia debe de ser rápida y expedita, el presunto fraude cometido por los integrantes de la directiva de Crecicuentas sigue impune para más de 300 familias afectadas, cuyo proceso se tornó lento debido a la desidia y la mala integración de los expedientes cometido por la ahora exfiscal del Estado, Celia María Rivas Rodríguez.

La problemática se complicó aún más cuando funcionarios de la administración de Rolando Zapata Bello fueron beneficiados por los probables defraudadores y el ejemplo más claro fue Caballero Durán, a quien le avisaron que sacara todos sus ahorros, ya que la empresa se declararía en quiebra, por lo que sólo avisó a sus familiares y amistades.

Aunque logró recuperar su dinero, cobrando el respectivo interés generado, su carrera política se vino a pique, debido a que era perseguido por los afectados por Crecicuentas y, en todo momento, le hacían manifestaciones e, incluso, hubo un complot cuando nuevamente participó en las elecciones locales.

Para el colmo de los afectados, al concluir su toma de protesta como Gobernador, Mauricio Vila Dosal se acercó a ellos, quienes se apostaron a un costado del Parque de las Madres, y les prometió dar una pronta solución, pero han transcurrido dos años y no hay avance alguno.

Con el pacto entre Rolando y Vila, el Gobierno actual no sólo dejó de investigar este desfalco a familias yucatecas, sino todos los actos de corrupción de la pasada administración, que se llevó cientos de millones de pesos, que ahora disfruta el exgobernador. Hasta el día de hoy no se sabe de ningún trabajo del exmandatario, ¿de qué vive?

En un lapso de nueve años, tan sólo en Yucatán la empresa logró tener más de mil socios, quienes depositaron sus ahorros, cerca de 800 millones de pesos, sin embargo, la mala administración por parte de los integrantes de la familia Argáez López, quienes conformaban la directiva, provocó que a finales de 2012 se declarara en quiebra.

Lamentablemente, de 2013 a la fecha, al menos 10 personas han perdido la vida durante el proceso jurídico, por lo que ninguna de ellas logró recuperar el dinero que invirtió en la empresa que les prometió un mayor rendimiento por sus ahorros.

De los siete fiscales que han dado seguimiento al polémico caso, destacó el caso de Rivas Rodríguez, quien en todo momento se burló de los afectados, pues en un principio les recomendó que acudieran a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Incluso, en compañía del vicefiscal Javier León, a los querellantes les dijo: «en ningún momento les pusieron una pistola para que lleven su dinero».

Mientras, en el caso de Ariel Aldecua Kuk, mantuvo en total hermetismo toda información correspondiente a la «Cooperativa de Fomento Regional Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable», así como de «Esperanza Equitativa S.C. de A.P. de R.L. de C.V.», ambas son mejor conocidas como Crecicuentas, violentando en todo momento la ley de Transparencia del Estado de Yucatán.

Por ende, se desconoce el número exacto de denuncias interpuestas al Ministerio Público, la cifra de querellas enviadas a la Fiscalía General de la República (FGR) y el monto que devolvió a la instancia estatal, así como la cantidad de expedientes que ya fueron turnados al Poder Judicial del Estado.

De acuerdo con Raquel Angulo Esquivel, integrante del grupo de Defraudados Unidos por Devolución de Ahorro (Deuda), son numerosas las irregularidades que prevalecen, las cuales impiden la continuidad de la integración de los expedientes.

«Son varias las carpetas de investigación que datan de septiembre del 2014, que no se mueven debido a que faltó la copia de una credencial del INE o la declaración de un testigo, entre otras cosas simples», acotó.

Lo peor de todo, los afectados ignoraban la situación, nadie les informaba sobre los faltantes, por lo que están confiados de que las querellas avanzan, cuando la realidad es otra.

Incluso, de acuerdo con uno de los testigos clave para el esclarecimiento del caso, quien optó por el anonimato, «el fraude fue premeditado y planeado, para lo cual se crearon sistemáticamente seis empresas, con la finalidad de que los directivos pudieran evadir su responsabilidad y, por ende, la acción de la justicia».

Durante este proceso, de 2011 a 2012, «los trabajadores fueron forzados a convertirse de empleados a directivos, todo ello con tal de que conservemos nuestro empleo dentro de la empresa».

Pese a ello, hasta el momento la FGE aún no cita al personal de la desaparecida Crecicuentas, cuyo testimonio daría un giro total al clima de incertidumbre que prevalece y aceleraría el proceso que se sigue, pues son varios directivos que están fugados, mientras otros ya están en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida.

CRONOLOGÍA

El 14 de mayo de 2004 se constituyó el Sistema Crecicuentas, Sociedad Anónima (SA), mientras el 12 de marzo de 2007 apareció Crédito Más, SA de CV, y el 2 de febrero de 2010 surgió el Grupo de Fomento Regional SA de CV Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), Entidad No Regulada (ENR).

Posteriormente, el 13 de julio de 2010 se integró la Cooperativa de Fomento Regional, SC de AP de RL de CV, el 2 de junio de 2011 fue constituida la Cooperativa Impulso Regional, SC de AP de RL de CV, y finalmente, el 28 de noviembre de 2012 apareció Esperanza Equitativa, SC de AP de RL de CV.

En 2011, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer una lista de 55 entidades sin autorización para captar recursos, por lo que emitió alertas, a fin de proteger el patrimonio de la población.

Por aquel entonces se exhortó a la ciudadanía en general a que evitara llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto, entre esas empresas se encontraba justamente Crédito Más, SA de CV, que se ostenta como Crecicuentas.

Dicha empresa, pese a no contar con los permisos, pudo captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implicó la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Con pruebas en la mano, se demostró que el director general de Crecicuentas, Jorge Alberto Argáez López, tuvo una administración deficiente, principalmente en lo relacionado a los gastos, ya que disponía de dinero para gastos personales no relacionados con la empresa, adicionalmente a que se otorgaba a sí mismo créditos sin el debido respaldo.

Al reflejarse los problemas financieros, Argáez López creó una nueva empresa y empezó a dejar sin operaciones a la anterior, pero incluye a sus familiares como directivos, situación que realizó en otras ocasiones.

Irónicamente, al constituir la Cooperativa de Fomento Regional, los empleados registrados como trabajadores de Crédito Más se convirtieron en «socios cooperativistas fundadores», todo ello para evadir su responsabilidad y responsabilizar a su personal.

En 2011, al conocerse del funcionamiento de la citada caja de ahorros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lanzó una advertencia al establecer que dicha compañía carecía de la autorización para operar recursos del público.

En diciembre de 2013, el Juzgado Sexto Penal del sistema inquisitorio giró órdenes de aprehensión en contra de Carlos Francisco Cámara Martínez, José Abel Ordaz Gutiérrez, los hermanos Miguel Ángel, Jorge Alberto y Claudia Rubí Argáez López, e Ileana Guerrero Castillo, acusados de defraudar a unos 400 socios.

Sin embargo, el amparo que presentaron impidió su encarcelamiento, por lo que presentaron su declaración preparatoria por escrito.

En todo momento, Rivas Rodríguez pretendió deslindarse de la problemática, el principal motivo, varios de sus amigos y compañeros estaban implicados en el problema, motivo por el cual envió al caso al Gobierno Federal.

De acuerdo con el expediente de la FGR de Crecicuentas UEIDFF/FINM07/06/2015, fueron 190 las denunciantes penales transferidas en el tercer trimestre de 2015, las cuales fueron canalizadas en la Ciudad de México, por lo que el caso estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de tal Fiscalía, la cual ejerce las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia de investigación y persecución de los delitos de fraude.

Pero, meses después, la mayoría de los expedientes fueron devueltos a la FGE, bajo el argumento de que no es competencia de la FGR, estaban mal integrados los expedientes o por la falta de documentos, entre otros pretextos.

LAS PRIMERAS DETENCIONES

En numerosas ocasiones, los directivos promovieron diversos amparos contra todos los jueces del Estado, para evitar las detenciones, pero, aun así, en marzo de 2016 fueron encarcelados los directivos de Crecicuentas, por lo que durante 15 meses estuvieron en prisión.

El 8 de abril de 2017 fueron liberados, luego de llegar a acuerdos con sus cuatro denunciantes, José Luis Rodríguez Fuentes, Felipe Nery Celis Yeh, Margarita Ucán Sánchez y María Luisa Caamal May, quienes exigían la devolución de un millón 285 pesos.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2018, se detuvo y encarceló a tres de los directivos de Crecicuentas: Miguel Ángel Argáez Ordaz, su prima Claudia Rubí Argáez López y la madre de ésta, Lina Rubí de Guadalupe López Conrado, de las cuales, las dos últimas personas estuvieran recluidas anteriormente en el Cereso de Mérida.

Todos ellos son procesados con el antiguo sistema penal, por el delito de fraude cometido hace ocho años, y se solicita la reparación del daño por más de 22 millones 233 mil pesos.

Tras otorgarse la orden de aprehensión de la causa penal 27/2018, a los cuatro querellados se les informó que permanecerán privados de su libertad mientras se define su situación legal por los hechos delictuosos que se les acusa, en contra de ahorradores de Tekax, Oxkutzcab y Mérida.

Por lo pronto, se mantienen prófugos dos de los implicados en el millonario fraude, tal el caso de los hermanos Jorge Alberto y Miguel Ángel Argáez López, los cuales también estuvieron en el penal meridano, pero en abril de 2017 lograron recuperar su libertad.

Los hoy detenidos fueron capturados en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la titular del Juzgado Primero Penal, del antiguo sistema de justicia, Rubí Guadalupe González Alpuche, ya que hay 66 denuncias en contra de todos ellos.

Entre los afectados de este bloque de denuncias, está José Luis Rodríguez Fuentes, quien reclama alrededor de un millón de pesos, depositado en la Cooperativa de Fomento Regional SC de AP de RL de CV.

También están los casos de Carlos Javier Cámara Martínez, José Abel Gutiérrez Ordaz, Lorenzo Arturo del Ángel Chay y Rainer Shuster Morales, entre otros, por lo que la Juez solicitó que los implicados fueran puestos a disposición de la justicia.

El 9 de octubre de 2018, Miguel Ángel Argáez López se presentó ante el juzgado primero tradicional para rendir declaración y evitó su detención ya que contaba con un amparo. Del mismo modo, también acudió el contador Lorenzo Arturo del Ángel Chay y Rainer Shuster Morales.

Tras el cierre del Juzgado Segundo Penal, del anterior sistema de justicia, en febrero de 2019, el expediente en contra de los directivos de Crecicuentas, en el cual hay cerca de 10 denuncias, fue trasladado al Juzgado Primero, el cual aún sigue intacto.

EN LA CONGELADORA

En los dos años que estuvo Wilberth Cetina Arjona al frente de la FGE, cerca del 75 por ciento de las más de 300 denuncias interpuestas en contra de los directivos de Crecicuentas permanecieron en «la congeladora», ya que impidió la continuidad de las investigaciones previas, denunció la integrante del grupo de Deuda, Raquel Angulo Esquivel.

Asimismo, lamentó la actitud del funcionario, quien recientemente presentó su renuncia al Gobierno del Estado, por lo que espera que el próximo titular de la FGE, Juan Manuel León León, realmente pueda dar una pronta solución a la problemática.

Comentó que tras nueve años del megafraude, son más de 200 las familias afectadas, cuyas denuncias permanecen sin avance alguno en la FGE, ya que a Cetina Arjona no le interesó el tema.

«A lo largo de dos años no hubo movimiento alguno de los expedientes que hay en contra de los directivos de Crecicuentas», aseveró.

Reprobó la actitud del funcionario, pues a lo largo de su administración «ningún expediente fue turnado al Poder Judicial del Estado».

Angulo Esquivel comentó que, tras la aparición del Covid-19, optaron por suspender las manifestaciones que realizaban frente a Palacio de Gobierno, para la protección de los defraudados, al mismo tiempo que se cumplen con los protocolos de Salud.

«El caso no está cerrado, son diversos los expedientes por resolver, pero Cetina Arjona se negó a dar continuidad a las averiguaciones previas a lo largo de dos años», acotó.

Cabe recordar que, en un lapso de ocho años, tan sólo en Yucatán la empresa logró tener más de mil socios, quienes depositaron sus ahorros, cerca de 800 millones de pesos, sin embargo, la mala administración por parte de los integrantes de la familia Argáez López, quienes conformaban la directiva, provocó que a finales de 2012 se declarara en quiebra.

Lamentablemente, de 2013 a la fecha, al menos 10 personas han perdido la vida durante el proceso jurídico.

 

A Víctor Caballero Durán le avisaron que sacara todos sus ahorros, ya que la empresa se declararía en quiebra, por lo que sólo notificó a sus familiares y amistades.

 

La exfiscal Celia Rivas Rodríguez en todo momento se burló de los afectados, les recomendó que acudieran a la Profeco y hasta les dijo que "nadie les puso una pistola para que lleven su dinero".
Jorge Alberto Argáez López, director de Crecicuentas, se mantiene prófugo de la justicia, ante la desidia de las autoridades.

 

Raquel Angulo Esquivel, integrante de Defraudados Unidos por Devolución de Ahorro (Deuda), dijo que son numerosas las irregularidades que impiden la la integración de los expedientes.

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