Hoy Escribe

POLICÍAS: IR A LA GUERRA SIN FUSIL

Ricardo Ravelo/ Sol Yucatán

Después de los hechos sangrientos de Aguililla, Michoacán, en las redes sociales circularon diversos mensajes, dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien recriminan no utilizar sus facultades legales para enderezar una política coercitiva en contra del crimen organizado. 

Presuntamente firmado por policías, militares y marinos, así como por agentes del Ministerio Público, entre otros, los mensajes que se han multiplicado en las redes sociales le exigen al presidente dejar de utilizar palabras como el “fuchi”, “guácala” y amagos infantiles en el sentido de que a los delincuentes los van a acusar con su “abuelita” y “con su mamá” si no deponen las armas y se retiran de la violencia. 

Los firmantes aseguran ser policías y, aunque no dan sus nombres, le dicen al presidente que con esa posición “endeble” sólo está poniendo en riesgo la vida de los agentes municipales, estatales y de la Guardia Nacional, ya que no pueden combatir a la criminalidad con la fuerza ante los ataques que los delincuentes generan para asesinarlos. 

Además, le exigen detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, al tiempo que le reclaman por qué su gobierno pactó con el Cártel de Jalisco. Y enseguida refieren una suma: 50 millones de pesos por semana para permitirles distribuir droga en el país. 

De igual forma, los presuntos agentes le dicen al presidente que combata el narcomenudeo y ordene la implementación de operativos para 

cerrar las llamadas “narcotienditas” y todos los expendios de droga que operan en el país con la complacencia de las autoridades. 

Y, para finalizar, convocan a todos los policías del país, estatales, municipales y federales, incluidos los elementos de la Guardia Nacional, agentes del Ministerio Público y hasta de seguridad privada a un paro nacional para exigirle al presidente un cambio de política con el crimen organizado. 

Se trata de una convocatoria que llama a la rebelión y al desacato; pero en el mismo comunicado cuestionan las medidas de control de confianza porque, dicen, es para destruir las carreras policiales de muchos agentes y para despedirlos sin el goce de sus prestaciones y derechos de ley. 

Tras la creación de la Guardia Nacional, el gobierno de López Obrador enfrentó protestas por parte de los policías federales porque se negaron a integrarse a la nueva corporación. 

Hasta la fecha, las protestas continúan y cada vez que se organizan bloquean calles, toman instalaciones públicas, como los accesos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez; toman casetas de las autopistas de Puebla, Querétaro y Cuernavaca sin que ninguna autoridad los puede detener. Todo ello ha generado estragos en la vía pública, retrasos en las llegadas de los pasajeros a sus destinos y también pérdida de vuelos y citas importantes. 

Usar la fuerza 

En sentido estricto, la petición de los agentes tiene mucho sentido. Así como la política de la represión no pudo frenar la violencia ni el flujo de drogas en el país, a pesar de que, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón se le declaró la guerra a la delincuencia, de igual forma la postura de no utilizar la fuerza del Estado tampoco está dando resultados. 

Ambas posiciones resultan insuficientes o nulas si no se acompañan, con otras medidas, para hacer frente al crimen organizado. 

En Italia –uno de los países que luchó por años contra los embates de la mafia –el gobierno utilizó una estrategia integral: se apoyó en las negociaciones con grupos mafiosos para incorporarlos a la legalidad respetando sus capitales; utilizó el dinero decomisado al crimen para generar empleos, abatir los rezagos sociales, ampliar las redes de las telecomunicaciones, echar a andar programas antidrogas y prevención en el consumo de enervantes, entre otros recursos, pero nunca dejó de utilizar la fuerza que la ley le permitía. 

Ningún presidente en el mundo ha enfrentado al crimen organizado con palabras, siempre ha existido una política coercitiva frente al flagelo del narcotráfico. Después de muchos años de guerra, en Colombia, por ejemplo, se entablaron negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –una organización guerrillera que devino en cártel de la droga –para que depusieran las armas y se recuperara la paz. 

En el caso de México, las condiciones explosivas del territorio no están dadas para pretender resolver la inseguridad pública sólo con el recurso del diálogo. Los criminales no entienden el significado de las palabras. Su estado de conciencia está tan dormido que ellos viven en el mundo de la confusión de las lenguas: no entienden nada. Su lenguaje, mecánico hasta la médula, es el de la violencia. 

A pesar de las políticas represivas, sobre todo las implementadas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el crimen organizado avanzó y se adentró muchísimo en el ámbito social. Antes se decía que los narcos eran benefactores sociales, que resolvían las necesidades de la gente y que con esto los criminales creaban su cerco de protección social. 

Con excepción de Ismael “El Mayo” Zambada, ya no hay capos con ese perfil: ahora enganchan a la sociedad, sobre todo a la más vulnerable, para ocuparlos como “mulas” o “halcones” y les pagan lo que quieren. Más tarde esos empleados del crimen terminan en sicarios, si es que ascienden en el escalafón criminal. 

El crimen organizado se ha apoderado de fincas y haciendas en México, aprovechando la corrupción institucional, el vacío de poder que priva en todo el país, la atrofia de las instituciones; se ha apoderado de las policías 

municipales. Actualmente no existe una sola de esas corporaciones que sea digna de confianza. 

Además, los criminales han avanzado tanto que, como ya se ha dicho en este espacio, gobiernan en cientos de municipios donde se han construido verdaderas congregaciones del crimen: el alcalde es narco, el comandante de la policía es sicario y los familiares se dedican a la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, al asesinato a sueldo, al regenteo de mujeres de la vida galante y así está más del 80 por ciento del país. 

Sin cerco de seguridad, pues los policías municipales están ocupados en el servicio al crimen, otros grupos organizados fácilmente pueden cometer asesinatos, levantones, ejecuciones masivas, emboscadas y todo tipo de actos delincuenciales. 

Ante este escenario tan caótico, en parte tienen razón los policías que reclaman que los mandan a la guerra sin fusil, como se dice comúnmente. Es necesario que el gobierno federal y el Gabinete de Seguridad recapaciten respecto de la estrategia que se debe seguir para combatir a los cárteles y frenar la violencia extrema que se vive. 

El presidente ha volcado su política social –el reparto de dinero a los pobres –con ese fin, también, pero olvida que la pobreza no genera crimen organizado: es la corrupción institucional la que impide que se aplique la ley, que se lleven a cabo las detenciones importantes de los principales capos de la droga. 

Este problema de parálisis oficial es lo que se llama Estado fallido, es decir, que las instituciones están capturadas por el crimen. De ahí que cualquier cártel, grande, pequeño o mediano, tenga el poder para desafiar al Estado y generar el nivel de violencia que actualmente se vive en todo el país.

Related posts

LA DEA, DETRÁS DEL OPERATIVO FALLIDO EN CULIACÁN

Ricardo Ravelo

DESAFÍO

Rafael Loret de Mola

OTRAS INQUISICIONES

Información

Leave a Comment