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PRÁCTICA INHUMANA EN EL PSIQUIÁTRICO “YUCATÁN”: QUE INTERVENGA CNDH

*Los pacientes merecen el respeto total a sus derechos humanos, porque debido a su estado de salud mental están expuestos a mafias que experimentan con seres humanos.

* Valentina Báez Patiño denunció que es grave la decisión del gobierno de Vila de internar a menores de edad en el nosocomio, pero sobre todo ponerlos en la misma sección de adultos.

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida, Yucatán. – La asesora legal de la Fundación Dignidad, Valentina Báez Patiño, reprobó el desarrollo de investigaciones sin protocolo en el Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, en donde experimentan nuevos fármacos con los usuarios, pero lo más agobiante e inhumano de todo es inmiscuir a menores de edad en estos estudios.

Advirtió que la ilegal actitud autorizada por el secretario de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, con el aval del gobernador Mauricio Vila Dosal, tendrá serias repercusiones en el ámbito internacional, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe de tomar cartas en el asunto, para detener tales prácticas.

“Se juega con la vida de personas con problemas de salud mental, quienes debido a su condición nunca dieron su consentimiento para participar en estudios para probar la efectividad de nuevos medicamentos”, así como los daños colaterales que puedan tener, acotó durante la entrevista telefónica.

Remarcó que los usuarios del Psiquiátrico “Yucatán” merecen el respeto total a sus derechos humanos, ya que también son personas, aunque debido a su estado de salud mental “están expuestos a mafias que experimentan con seres humanos”.

Tal como oportunamente lo publicó Sol Yucatán, de utilizar a los pacientes para la experimentación de nuevos medicamentos, entre ellos, a menores de edad, las reacciones en contra son notables y se reprueba la actitud de Mauricio Vila Dosal.

“En Yucatán debe regresar el total respeto a los derechos humanos de los usuarios, y para ello, es urgente, importante y necesario el restablecimiento del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental”, subrayó.

Lamentó la postura del gobierno federal de eliminar dicho modelo en el Psiquiátrico “Yucatán”, pues actualmente, los usuarios son vulnerables a cualquier delito, tal el caso del desarrollo de investigaciones sin protocolo.

“Debe regresar el Modelo Hidalgo, ya que permite el respeto total al derecho de la vida de los usuarios, al mismo tiempo que se les respeta sus derechos humanos y se les brinda todas las acciones que le permitan su reincorporación a la sociedad”, abundó la entrevistada.

Consideró de grave la decisión del gobierno del Estado de internar a menores de edad en dicho nosocomio, pero sobre todo, el ponerlos en la misma sección de adultos, por lo que consideró de importante la revisión de la Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán.

En torno a la investigación sin protocolo que se desarrolla en la entidad, “es una práctica ilegal que desarrollan los laboratorios y monopolios, con tal de reducir costos y aprovechando las condiciones de los pacientes”.

Explicó que la Fundación Dignidad analizará la situación que prevalece en el Psiquiátrico, para luego tomar una decisión en la actuación para hacer valer los derechos humanos de los usuarios.

Como oportunamente se publicó, el 25 de agosto de 2016, la Secretaría de Salud federal se encargó del Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, y durante más de dos años, se desarrollaron diversas actividades a favor de los usuarios.

A partir de 2018, en el Estado empezó una nueva etapa de modernización de la atención psiquiátrica, con el establecimiento del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, en beneficio de los usuarios.

Anteriormente, en las instalaciones se vivían con mucho calor y moscos, pues los únicos que tenían acceso al aire acondicionados era el director.

Entre las carencias que había era la falta de agua purificada, la comida era insuficiente y de mala calidad, prevalecía el desabasto de medicamentos, al agua potable era limitada, no había mosquiteros, etc.

Al mismo tiempo, los usuarios vivían encerrados y de manera discriminaba se les aplicaban electrochoques, además que vivían con miedo, tristeza, desánimo y desesperanza.

Desde la puesta en marcha del proyecto, el estilo de vida de los usuarios cambió de manera notable, lo mismo que la forma de trabajar del personal del nosocomio.

La secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), Virginia González Torres, obtuvo recursos para la construcción de las Villas de Transición del Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, cuyo banderazo de inicio de los trabajos fue el 14 de marzo de 2018.

El Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud destinó para esta obra un techo financiero por 146 millones 876 mil 458 pesos, cuyo inmueble es aledaño a los hospitales Materno Infantil y de la Amistad Corea-México.

Sin embargo, 2 de enero de 2019, cerca de las 11 horas, se registró un madruguete, avalado por Vila Dosal.

Por ende, en una inesperada y violenta actividad se destituyó a Jésica Andrade Márquez y otros directivos federales del nosocomio, y se dio posesión a Paris Hernández Sánchez como la titular, pero sin el respectivo protocolo de entrega – recepción.

Durante ese día, se cometieron numerosos actos de violación a los derechos humanos, tal el caso de la jefa y subjefa de Trabajo Social del nosocomio, Pilar Dzul y Fátima Duarte, respectivamente, quienes luego de ser expulsadas de la oficina donde laboraban, por parte de William Vela Peón, titular del Jurídico de la SSY, fueron empujadas y golpeadas en el pasillo que conduce a la dirección.

Tras la agresión interpusieron la respectiva denuncia ante Fiscalía General del Estado (FGE), pero nunca procedieron. Posteriormente, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los atropellos cometidos fueron asentados en actas de la Unidad de Atención y Determinación de la FGE, en el caso de Dzul Pech, es la UNATD-G1/000102/2019, mientras que, en el caso de Fátima Duarte, es la UNATD-G1/000103/2019.

Los más afectados por la arbitraria actitud del “madruguete político” fueron los 80 usuarios, al perder todos sus privilegios, así como la cancelación del Programa de Rehabilitación Psicosocial, con el cual, a cada uno de los pacientes que participara en alguno de los talleres se les entregaba a diario un monto por 40 pesos.

 

 

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