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¿QUIÉN ORDENÓ TIRAR EL GAS LACRIMÓGENO? A UN AÑO DE LA REPRESIÓN, EL GOBERNADOR NO DICE NADA

Redacción / Sol Yucatán

Mérida, Yucatán. – Un diecinueve de enero del año pasado, fueron dispersadas decenas de personas por la policía con gas lacrimógeno. Atacaron a mujeres, hombres, personas de todas las edades, quienes corrían cubriéndose nariz y boca sin comprender qué estaba sucediendo.

La represión se lanzó contra las personas que protestaban contra el Primer Informe de Gobierno de Mauricio Vila. No tenía sentido reprimir a los manifestantes porque era una manifestación pacífica, este acto de la policía sólo mostró el lado intolerante del Gobernador.

La pandemia del Covid-19 le cayó como anillo al dedo a Vila para estar lejos de la gente en su II Informe. Su mensaje virtual impidió que la gente lo increpara y se registraran protestas por su fracasado gobierno que ha hundido la economía de cientos de familias yucatecas

El Gobernador llegó a su II Informe como un gobierno represor, corrupto y marcado para la historia como el gobernador que ha endeudado al estado de manera estratosférica, como nunca antes se había hecho, lo que evidencia la doble moral y la simulación de los panistas, quienes a los gobiernos priístas lo lincharon, condenaron y crucificaron por este hecho, pero ahora que ellos lo hacen, lo justifican y aplauden.

La Fiscalía del Estado, la institución obligada a ejercer acciones contra los responsables de la represión con gas lacrimógeno, ha guardado silencio. Lo que deja entrever que, tras un año de este vergonzoso incidente, los funcionarios incurren en encubrimiento y complicidad.

La protesta juntó el descontento de aquellos sectores cuyo bienestar y dignidad han sido agraviados por la actual administración. No era una conspiración para desestabilizar al gobierno ni una turba con intereses ocultos. Las consignas eran abiertas y claras, enunciadas en voz alta, difundidas en redes sociales virtuales y medios de comunicación. Protestaba el vecino, la excompañera de trabajo, el familiar, el hijo, la amiga, el periodista y la activista. Protestaba la ciudadanía.

Primero Luis Felipe Saidén, Secretario de Seguridad Pública, aseguró que se trató de un agente solitario que, así nada más, decidió cargar una granada de gas lacrimógeno y arrojarla a los presentes.

Luego el gobernador, Mauricio Vila, y la Secretaria de Gobierno, María Fritz, acusaron a “los fuereños” de agredir a los policías con actitudes que no son propias de la pacífica población yucateca; lo que deja en claro que, además de legitimar la xenofobia, ninguno conoce la historia de Yucatán, ya no digamos, de su familia, y menos, la composición del gabinete de gobierno. Por último, el dirigente estatal del PAN, Asís Cano, responsabilizó a Morena de infiltrar grupos de choque.

¿Quién ordenó tirar el gas lacrimógeno? No lo dirán. La CODHEY está aún revisando el caso, pero la Fiscalía, que es la institución que puede ejercer acciones contra los responsables, ha guardado silencio.

Hoy, de manera más cómoda, gracias a la sana distancia impuesta con el Covid-19, pueden encerrarse en casa y evitar las molestas increpaciones de quienes protestan, de los periodistas o el ciudadano común. Funcionarios que ya se encerraban en sus oficinas, pero ahora tienen una justificación sanitaria.

El segundo informe de Mauricio Vila transcurrió sin sobresaltos. Nunca informó quién tiró el gas lacrimógeno ni de quién recibió la orden. Parece que nadie lo hizo, nunca sucedió. No obstante, un día las protestas volverán a las calles. ¿Habrá entonces otra respuesta con gas lacrimógeno? ¿Reprimirá a la ciudadanía de otras maneras? ¿Será tolerante a la crítica? ¿Habrá castigo para quienes violentan el derecho a la manifestación? ¿Acatará una recomendación de la CODHEY, en caso de que se emita? ¿Saldrá a recibir a la sociedad que votó por él o se resguardará tras una valla de efectivos policiacos?

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