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¡SAQUEÓ A EDUCACIÓN!

*Más de 17.9 millones de pesos sigue sin aclarar el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, provenientes del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, reporta la Auditoría Superior de la Federación durante el último ejercicio revisado

*Pendiente otro desfalco que hizo al presupuesto federal en nombre de la SSY , de donde tomó indebidamente 14 millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en 2019, y que utilizó para la manutención de 50 aviadores

*Del 2019 también viene exprimiendo un contrato por más de 15 millones de pesos por el servicio de fotocopiado de diversas dependencias, que expiraría en 2020 y ya había sido pagado

Redacción/Yucatán

Mérida. – Más de 17.9 millones de pesos sigue sin aclarar el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, provenientes del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.

El faltante se deriva de 16 millones 696 mil 297.34 pesos no acreditados ni comprobados durante el ejercicio del recurso del programa, y pagos realizados por concepto de sueldos retroactivos de las quincenas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del ejercicio fiscal 2019 no solventados por el orden de 1 millón 266 mil 463.64 pesos, representando un daño al erario público por 17 millones 962 mil 760.98 pesos.

El dictamen de la Auditoría De Cumplimiento número 2019-A-31000-19-1481-2020 1481-DS-GF revela que de los 15 resultados obtenidos, en 8 no hubo irregularidades, 5 fueron solventados, pero en los dos restantes generaron dos pliegos de observaciones.

Y es que, en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 17 millones 962 mil 700 pesos, que representa el 1.8% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.

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Todo lo anterior se originó con la revisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuó sobre una muestra de 990 millones 590 mil 500 pesos, que representó el 99.1% de los mil millones de pesos que el Gobierno Federal transfirió al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080).

La evaluación del control interno a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), dio como resultado un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16 millones 696 mil 297.34 pesos, por no proporcionar la documentación que acreditara y comprobara el ejercicio del recurso del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2019, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 43, 70, fracción I y de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación U080, numeral 34.

También se encontró un evidente daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1 millón 266 mil 463.64 pesos, por pagos retroactivos que no corresponden a las quincenas autorizadas en el formato de “Justificación de solicitud de recursos extraordinarios del Programa Presupuestario: U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación”, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 65, fracción II, y de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación U080, numeral 24.

Con la revisión de las quincenas pagadas al personal docente y administrativo de educación estatal, se verificó que la SEGEY no realizó pagos durante las licencias otorgadas al personal; sin embargo, sí efectuó pagos después de la baja de 72 trabajadores estatales por 2 millones 291 mil 300 pesos. Sin duda otra parte de los aviadores millonarios que Vila Dosal mantiene dentro de las instancias gubernamentales, como se descubrió que hace en el Sistema de Salud de Yucatán, donde en semanas anteriores ya dimos a conocer el tema.

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Eso sí, en el transcurso de la auditoria y con motivo de la intervención de la ASF, el gobierno del estado de Yucatán, ni tarde ni perezoso proporcionó la documentación que comprobara los pagos realizados a estos 72 trabajadores por $2,291,301.41 pesos, correspondiente a Formatos Únicos de Personal, donde se identificaron las bajas de los trabajadores en los centros de trabajo.

De esta manera, la SEGEY pudo comprobar parte de los pagos realizados por concepto de sueldos retroactivos de las quincenas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del ejercicio fiscal 2019, que sumaron 1 millón 068 mil 742.32 pesos, quedando pendientes de solventar un monto de 1 millón 266 mil 463.64 pesos.

Por esta razón se emitió el Pliego de Observaciones 2019-A-31000-19-1481-06-002, que a la calza determina que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,266,463.64 pesos (un millón doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 64/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por haber realizado pagos retroactivos que no corresponden a las quincenas autorizadas en el formato de «Justificación de solicitud de recursos extraordinarios del Programa Presupuestario: U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación», en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 65, fracción II, y de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación U080, numeral 24”.

Igualmente, la SEGEY remitió al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la solicitud formal de los recursos del U080 2019 y las justificaciones correspondientes; sin embargo, no acreditaron el envió de la solicitud de alta en los sistemas de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de las cuentas bancarias productivas y específicas, en las que se depositó el recurso del programa.

Por lo que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DAJ/INV/ASF-82/2020.

Finalmente, se levantaron tres procedimientos más contra el Gobierno del Estado de Yucatán para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, mediante los expedientes números DAJ/INV/ASF-83/2020, DAJ/INV/ASF-84/2020 y DAJ/INV/ASF-84/2020, por diversas irregularidades cometidas en el ejercicio del presupuesto; como el no acreditar el envío simultáneo de los convenios, de la documentación de las cuentas bancarias, ni de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a la cuenta de correo [email protected]

Los otros dos motivos obedecieron a que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no fue congruente con los reportes remitidos a la SEP. Y que la SEGEY recibió observaciones a los informes trimestrales y finales por parte de la SEP, de las cuales, se acreditó su respuesta y seguimiento; sin embargo, no fueron atendidas dentro del plazo previsto en la normativa.

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PERRO QUE COME HUEVO…

No es nuevo el tema de desvío de recursos del gobernador de extracción panista, Mauricio Vila Dosal. Ahí está el otro desfalco que hizo al presupuesto federal en nombre de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), de donde tomó indebidamente 14 millones 778 mil 181 pesos con 19 centavos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en 2019, y que utilizó para la manutención de 50 aviadores de lujo incrustados en centros de trabajo como el Hospital Materno Infantil Mérida, el Centro de Salud Urbano de Mérida, y el hospital psiquiátrico.

Del 2019 también, viene exprimiendo un contrato por más de 15 millones de pesos por el servicio de fotocopiado de diversas dependencias, que expiraría en 2020 y ya había sido pagado. Pero por la pandemia del Covid-19, en 2020 se amplió el periodo al 21 de marzo de 2021, es decir que utilizó los recursos del presupuesto de 2021 para pagar un contrato de 2019.

Y hablando de la pandemia del Covid-19, mucho le criticó el pueblo yucateco que, en vez de invertir en la construcción o adaptación de más hospitales para atender a los enfermos del virus mortal, se dedicó a gastar millones de pesos del erario público en el rescate de empresarios y la renta de helicópteros por 20 millones de pesos.

Incluso se le ha acusado de enriquecimiento ilícito a través de la invasión a terrenos y propiedades, moches en placas, medicamentos, telecomunicaciones, equipo médico, obras públicas, obras al sector social, entre muchos otros, así como extorsiones a empresarios, asociación con delincuentes, proyectos fantasmas, manipulación del poder judicial, su encubrimiento y promoción de fraudes a la ciudadanía, y todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pero ni México merece un presidente como quien ocupa actualmente Palacio Nacional, ni Yucatán requiere a alguien de la más baja ralea como Mauricio Vila Dosal.

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