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SAQUEO EN SALUD

*El paternalismo del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, contrasta con el desvío de recursos en el sistema de Salud por más de 4 millones 852 mil 404.05 pesos

 

*No sólo encubre a su antecesor el priista Rolando Zapata Bello, sino que también le ayuda a desmantelar la infraestructura sanitaria yucateca

 

Redacción / Sol Yucatán

 

Mérida.- El paternalismo del gobernador Mauricio Vila Dosal hacia los yucatecos en tiempos de coronavirus es un acto hipócrita y propagandístico para ocultar el abandono en el que mantiene al sector salud del estado y el saqueo indiscriminado de recursos destinado a mejorar la infraestructura médica.

Además, es cómplice de la administración pasada de Rolando Zapata Bello que dejó colapsado los servicios médicos públicos y que por el contrario contribuyó al empobrecimiento sanitario de la sociedad yucateca.

Y si bien la auditoría abarca el periodo de enero de 2018 a diciembre de 2018, es en el último cuatrimestre cuando se registraron la mayor parte de las irregularidades, es decir, con el gobierno de Mauricio Vila Dosal se desaparecieron grandes cantidades de dinero.

Como si fuera un gran favor o un acto de caridad, el gobernador de Yucatán, Vila Dosal, canceló los pagos de algunos de los servicios que ofrecen los gobiernos municipales y estatal. Dijo que los yucatecos no pagarán el servicio de recoja de basura ni pagaran agua mientras dura la contingencia sanitaria.

Se le olvida al mandatario panista que es un servidor del pueblo, que requiere más que dádivas por la contingencia, lo que la sociedad yucateca requiere es un sistema de salud eficaz y eficiente no solo para contingencias sino para garantizar la salud de los ciudadanos.

Pero no, eso no le interesa a Vila Dosal, pues lo suyo es desviar recursos como se lo hace saber la Auditoría Superior de la Federación que informó que el gobierno de Yucatán generó un daño a la Hacienda Pública Federal por $ 4,852,404.05 (Cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuatro pesos 05/100 MN) al sistema de Salud del estado.

Según el dictamen del máximo órgano fiscalizador del país el gobierno de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno; transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; otros conceptos de gasto; y transparencia; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal.

Además, asegura que la Secretaría de Salud no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad federativa omitió publicar oportunamente en su medio local de difusión los informes del formato “Nivel Financiero” de los cuatro trimestres de 2018; adicionalmente, se reportó con incongruencias el cuarto semestre del mencionado formato.

La Auditoría Superior de la Federación puso en evidencia la nula aplicación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSSY) de Yucatán, entidad ejecutora de los Recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CS y ASF).

El resultado fue desastroso pues el REPSSY no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.

Además, el REPSSY no acreditó haber realizado acciones que formen parte de la responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad y auditoría. Tampoco acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su cumplimiento.

Según la  Auditoría Superior de la Federación, el REPSSY no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento; tampoco contó con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y careció de una metodología de administración de riesgos para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

El REPSSY no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción; tampoco proporcionó evidencia de que se informe a alguna instancia sobre la situación de los riesgos y su atención.

En el mismo sentido, el mecanismo no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un programa para el fortalecimiento del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no se definieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas responsables de los procesos; tampoco se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.

El REPSSY no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; tampoco acreditó que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia tecnologías de información y comunicaciones, ni un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.

El REPSSY no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un plan o programa de sistemas de información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, así como para establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria; contabilidad gubernamental; transparencia y acceso a la información pública; fiscalización y rendición de cuentas.

Asimismo, el mecanismo no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al órgano de gobierno, acerca de la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno institucional; la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera; y la obligatoriedad de realizar evaluación de control interno y de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades.

El REPSSY no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; tampoco proporcionaron evidencia de la elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente. Por otra parte, no se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables y auditorías externas, así como internas en el último ejercicio.

Para muchos expertos en administración pública y propaganda política, las acciones de paternalismo emprendidas por el gobernador Mauricio Vila Dosal en tiempos de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus son actos hipócrita y simulaciones de mercadotecnia para ocultar el abandono en el que mantiene al sector salud del estado y el saqueo indiscriminado de recursos destinado a mejorar la infraestructura médica.

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