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¡SILENCIADOS!

*La libertad de expresión es coartada por Mauricio Vila Dosal, al sobornar a medios de comunicación destinando cerca de 250 millones de pesos anuales en publicidad oficial

*Tan sólo en medios impresos, el gobierno del Estado pagó 85 millones, seguido de las televisoras, con 59 millones. Sólo en seis medios de comunicación, desembolsó 104 millones 651 mil 333.33 pesos

*Pretendió desaparecer las direcciones de Comunicación Social de las dependencias, al final las dejó pero prohibió a los encargados de estas a que no dieran información alguna, a menos que la autorice.

*PALO A LA “LEY CHAYOTE”: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena corregir la Ley que da manos libres al gobierno en gasto de publicidad oficial

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- La libertad de expresión es coartada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, al sobornar a medios de comunicación destinando cerca de 250 millones de pesos anuales en publicidad, así como al fomentar el hermetismo total, al negar información “comprometedora” para el gobierno del Estado, e incluso, a los diversos eventos que preside sólo invita a comunicadores que no lo cuestionarán sobre los diversos temas polémicos.

Al pretender convertir a Yucatán en un Estado desinformado, desde el inicio de su administración, el titular del Ejecutivo pretendió desaparecer las direcciones de Comunicación Social de las diversas dependencias, pero al final las dejó pero prohibió a los encargados de estas a que no dieran información alguna, a menos que la autorice.

Con base a los documentos en poder del Sol Yucatán, durante 2019 el gobierno del Estado destinó 246 millones 870 mil 315.55 pesos en publicidad pagada a cerca de 100 medios locales así como nacionales y corresponsalías.

En el primer trimestre no se generaron gastos, pero en el segundo, el monto fue por 72 millones 714 mil 777.95 pesos, mientras que en el tercero fue por 53 millones 598 mil 72.98 pesos, y en el cuarto, la cifra fue de 17 millones 150 mil 210.18 pesos.

Resalta que la millonaria cantidad se distribuye en periódicos de circulación local, regional y nacional, así como televisoras, revistas, radiodifusoras, y portales electrónicos, principalmente.

Tan sólo en medios impresos, el gobierno del Estado pagó 85 millones 610 mil 808.71 pesos, el 34.7 por ciento, seguido de las televisoras, con 59 millones 817 mil 333.30 pesos, el 24.2 porcentual.

En tercer lugar están las radiodifusoras, a las cuales, el Ejecutivo destinó 47 millones 14 mil 874 pesos, el 19 por ciento; mientras que para los portales electrónicos o páginas de Internet, se erogó 33 millones 32 mil 882.3 pesos, el 13.4 por ciento, y para los medios complementarios, el monto fue de 21 millones 394 mil 417.20 pesos, el 8.7 porcentual.

PRIVILEGIADOS

El medio de comunicación más beneficiado fue TV Azteca, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, con 33 millones 253 mil 333.30 pesos, el 13.5 por ciento del total, cifra que fue superior a lo que se destinó a los portales electrónicos.

En segundo lugar está la Compañía Gráfica Yucateca, S.A. de C.V., mejor conocido como Diario de Yucatán, con 25 millones 520 mil pesos, el 10.3 por ciento, cantidad que está por encima a lo destinado a los medios complementarios.

De igual forma está Novedades de Mérida, S.A. de C.V., con 19 millones 430 mil pesos, el 7.9 por ciento.

En el cuarto sitio está Medio Yucatán, S.A. de C.V., mejor conocido como Telesur, con 10 millones 440 mil pesos, el 4.2 por ciento.

Mientras que a Sistema TeleYucatán, S.A. de C.V., a cargo del gobierno del Estado, se le otorgó ocho millones 468 mil pesos, el 3.4 por ciento, y la empresa Publicidad Impresa del Sureste, mejor conocido como Por Esto! se le pagó siete millones 540 mil pesos, el 3.1 porcentual.

Tan sólo en estos seis medios de comunicación, Vila Dosal pagó 104 millones 651 mil 333.33 pesos, el 42.4 por ciento del total.

Es decir, es marcado el favoritismo del gobernador del Estado hacia algunos medios de comunicación, pues el monto restante se distribuyó en cerca de 100 empresas que están contempladas en la base de datos.

Debido al convenio que existe, en cualquier momento, el gobierno del Estado puede hablar a la empresa para que bajen del portal electrónico o se deje de transmitir la información que les es incómoda, tal el caso de manifestaciones en contra del Ejecutivo, entrevistas, reportajes, etc., pues de lo contrario, se dejaría de pagar la respectiva publicidad.

Otra vez, Sol Yucatán evidencia los chantajes que comete Vila Dosal en contra de

los medios de comunicación, por lo que no respeta la libertad de expresión, y por ende, pisotea la Constitución.

A lo largo de su administración, ha mantenido la desinformación, al ordenar a todos los secretarios a no dar información alguna a los medios de comunicación, y los datos a modo sólo es para unos cuantos, a los que puede totalmente manipular.

A pesar que tiene un correo electrónico oficial, la Dirección de Incomunicación Social del Gobierno del Estado ordenó la creación de un grupo de WhatsApp denominado “Prensa Palacio de Gob”, en el cual están incluidos algunos reporteros y fotógrafos, principalmente, quienes reciben más información así como material fotográfico y de videos que no se envía a través de emails.

Numerosos comunicadores han solicitado que sean incorporados al grupo de WhatsApp, siempre les dicen que lo harán, pero nunca se hace realidad.

Tan grande es el favoritismo, que sólo algunos de los integrantes del grupo de WhatsApp son invitados a los eventos oficiales que preside Vila Dosal, en los cuales ofrece una ficticia “conferencia de prensa”, pues están prohibidas las preguntas incómodas al gobernador.

Sólo se permiten hasta cinco preguntas, y las formulan los medios de comunicación que están comprometidos con el gobierno del Estado, y cuando un comunicador pretende cuestionar al titular del Ejecutivo, de manera inmediata se cancela el evento, agradeciendo la participación de los asistentes.

Desafortunadamente, el equipo de Incomunicación Social del gobierno del Estado avisa del evento 15 minutos antes de que empiece, por lo que sólo los que tienen vehículo pueden llegar a tiempo a la respectiva actividad.

Cuando se trata de eventos públicos, Vila Dosal no se acerca a los comunicadores y mucho menos responde preguntas que le pudieran formular durante su paso.

Numerosos son los temas polémicos que hay, a los cuales no puede tener acceso los medios de comunicación, como son las denuncias de corrupción, prepotencia, desvío de recursos, y despidos masivos, entre otras numerosas anomalías cometidas por Vila Dosal o sus funcionarios.

Un ejemplo, del cual no se pudo tener acceso, es sobre la postura de Vila Dosal sobre la mentada de madre que de manera pública, y en tiempo real, le realizó un youtuber, bochornoso espectáculo del cual tardó en recuperarse, así como los detalles de la persona que murió de Covid-19 días después de su vacunación, al igual de la descarada entrega de despensas con fines electorales, la mafia perfecta que encabeza, así como de la mafia ejidal-inmobiliaria, entre otros.

Hasta el momento, el gobernador aún no responde sobre las irregularidades que prevalecen en el Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), el polémico caso de la millonaria renta que pagan por el alquiler de un helicóptero y mucho menos ha dado su versión sobre el gas lacrimógeno que se utilizó el 19 de enero de 2020, en la calle 37 con 60 del Centro Histórico de Mérida, en contra de personas de distintos sectores que se apersonaron para protestar pacíficamente en el Centro Internacional de Congresos de Mérida, donde Vila Dosal rendía su Primer Informe de Gobierno.

De manera grosera ignora las preguntas que se le formulan, y cuando lo hace, responde en tono enojado, todo ello, son disimular.

En el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, se lanzó una pregunta al aire, “¿ya estará contento de que Yucatán es azul?”, pero Vila Dosal hizo como si fuera la única persona que no la escuchó, cuando el evento se transmitió en las redes sociales.

En la cortada conferencia de prensa se le cuestionó “¿cree que va a tener el respaldo del Congreso con la mayoría de su partido?”, y sin disimular su enojo contestó.

“Pues yo siempre he esperado sin importar de qué partido sean los diputados, poder tener el respaldo del Congreso. Evidentemente de eso se trata la gobernanza, de poder dialogar, de poder consensuar, de poder buscar los objetivos en común que tenemos a pesar de nuestras diferencias. Así lo hemos hecho desde el primer día de la administración y así lo vamos a seguir haciendo hasta el último día”.

Garantizó que trabajará con todas las autoridades, independientemente de su militancia, pues “el compromiso es con todos los yucatecos sin importar quien los gobierne y sin importar por qué partido político hayan votado”.

El hermetismo es tan descarado que cuando los funcionarios acuden al Congreso del Estado para ampliar el Informe de Gobierno, simplemente acatan la consigna de evadir en todo momento a los medios de comunicación, por lo que se niegan a responder las interrogantes de los reporteros.

En los eventos, Vila Dosal mantiene a los funcionarios cerca de él y a toda costa impide que se acerquen a los medios de comunicación, para evitar que sean entrevistados.

PALO AL CHAYOTE

En un paso adelante para el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó hoy al Congreso de la Unión corregir las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social, la llamada “Ley Chayote”, que da al Gobierno mano libre para gastar sin reglas los recursos de la publicidad oficial.

Después de 3 años, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo con lo que considera inconstitucional la ley promulgada por Enrique Peña Nieto.

Con esta sentencia el Congreso de la Unión tendrá que meterle mano, reparar las omisiones que se detectaron o de plano derogarla y aprobar una nueva.

La tajante orden es que los diputados y senadores hagan el ajuste antes de que finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones, el de 2021.

Con una mejor Ley General de Comunicación Social se podrá contar con criterios más eficaces de asignación de publicidad oficial y así evitar su uso para el control mediático.

De acuerdo con la Corte, esta ley atenta contra la libertad de expresión ya que no contiene criterios claros y objetivos sobre como gasta el dinero público en materia de comunicación social y contratación de medios. El famoso chayote.

El ministro Juan Luis González Alcántara, encargado de la redacción de la sentencia, explicó que la Ley General de Comunicación Social no cumple con la tarea para lo que fue creada porque no ofrece ni reglas específicas ni procedimientos concretos ni detalla los criterios a los que debe estar sujeto el gasto en comunicación social.

¿QUÉ ES LA LEY CHAYOTE?

“La Ley Chayote” fue publicada el 11 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación con lo que entró en vigor durante la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la publicación, se establece que la ley tiene por objeto establecer las normas a las que deben sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de ‘eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete a los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos’.

Se explica que serán la Secretaría Administradora de la Segob y la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de los estados y municipios, los encargados de regular el gasto en materia de Comunicación Social, además las áreas o unidades administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares determinarán el resto de los Entes Públicos.

Dicha promulgación responde a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que aprobó un proyecto, en noviembre del 2017, para que el Congreso emitiera una ley que regulara la publicidad oficial. Para ello, tendrían un plazo hasta el 30 de abril de 2018.

Básicamente la legislación está basada en 8 iniciativas que fueron presentadas por todos los grupos parlamentarios, pero no incluye las propuestas para garantizar transparencia e imparcialidad en la asignación de contratos, la creación de organismos autónomos que se encarguen de ello, ni las figuras que vigilen y auditen los recursos públicos designados a los gastos de Comunicación Social.

Entre las cosas que preocupaban del dictamen están que se incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial; que se sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos; que se centraliza más el control del gasto en publicidad oficial; la ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad; y no propone transparencia o regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.

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