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INTERPOL BUSCA A ÁLVAREZ PUGA, SOCIO DE VILA

*FGR solicitó a la Interpol orden de arresto internacional contra Víctor Manuel, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos

* De ser encontrados responsables, luego del juicio penal correspondiente, los implicados podrían alcanzar una pena acumulada que va de los 20 a los 60 años de prisión

Redacción/Sol Yucatán

La Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol la emisión de dos órdenes de localización y captura internacionales en 142 países, las conocidas fichas rojas, en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, socio del gobernador Mauricio Vila Dosal y de su esposa Inés Gómez-Mont, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Esto le cayó como una bomba al Gobernador, pues es su máximo patrocinador y socio.  Vila no ha podido responder a los señalamientos de Sol Yucatán que lo vinculan con este delincuente de talla internacional, como quedó evidenciado con su reciente extradición de Costa Rica, arribando a tierras yucatecas precisamente a bordo del flamante jet privado que Mauricio Vila Dosal ha usado en múltiples ocasiones.

Se desconoce el actual paradero de sus conocidos prestanombres en la Península de Yucatán, Rodolfo Rosas Cantillo y Martínez Zapata, quienes “coincidentemente” rentaron lujosas mansiones en el vecino país del norte, para tomarse un “conveniente año sabático”.

También es de recordar nuestra reciente denuncia de nuevos frentes de la red de empresas fantasma de estos personajes, en los “jóvenes empresarios” Salvador Hamdan y otros.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cuenta con informes de inteligencia en relación a que el matrimonio se encuentra fuera del país desde hace varios meses, por lo que se les considera prófugos de la justicia. Medios informativos ubican a Víctor Manuel Álvarez Puga y esposa en Estados Unidos.

La intervención de Interpol permitirá el rastreo del empresario y la presentadora de televisión en más de 140 países y se sustenta en una orden de aprehensión que la semana pasada otorgó un juez federal del Estado de México en contra del matrimonio por delitos tipificados como graves y que ameritan prisión preventiva automática.

La FGR argumentó ante el juez que la orden de arresto era necesaria para garantizar la presencia de Álvarez Puga y Gómez-Mont ante la justicia, dado que son personas con amplio poder económico y capacidad de movimiento. El juez validó dicha argumentación y consideró procedente esta alternativa en vez de otras como un citatorio voluntario a la audiencia inicial.

Los delitos por los que se ha ordenado la captura del matrimonio son delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

De ser encontrados responsables luego del juicio penal correspondiente, los implicados podrían alcanzar una pena acumulada que va de los 20 a los 60 años de prisión.

Una nueva indagatoria por los casi tres mil millones de pesos desviados desde la Secretaría de Gobernación hacia una red de empresas fachadas ligadas a Álvarez Puga y su esposa, no es la primera ni la única de las investigaciones ministeriales iniciadas en su contra.

La investigación está relacionada con la adjudicación fraudulenta de dos contratos en 2016 por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que dependía de la Segob, a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., para la supuesta adquisición de sistemas de inteligencia.

El órgano que administra las prisiones federales pagó 2 mil 950 millones de pesos al proveedor, el cual, con la ayuda de otras siete empresas fachada, dispersó los recursos mediante cientos de operaciones de lavado y los envió a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez-Mont, de acuerdo con la indagatoria federal.

Desde hace más de una década la FGR, entonces PGR, ha iniciado averiguaciones previas e indagatorias por múltiples denuncias oficiales y anónimas que involucran al despacho Álvarez Puga & Asociados en mecanismos de posible defraudación fiscal, corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros.

La indagatoria fue resultado de una denuncia inicial presentada por la Procuraduría fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra del matrimonio y quienes resulten responsables por el presunto lavado de recursos públicos a través de casi mil 500 operaciones bancarias con empresas fantasma.

Ante la presunción de un esquema complejo y organizado para desplazar el dinero sustraído, la SEIDO atrajo la carpeta de investigación y presentó la acusación en contra del matrimonio. También se presentaron cargos en contra de otras personas cuyas identidades no se han revelado.

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