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YUCATÁN: ESTADO CON VIOLENCIA FEMINICIDA INSTITUCIONAL

*Tres sexenios de negar, ocultar y tergiversar feminicidios

*Ortega Pacheco, Zapata Bello y Vila Dosal, reacios a reconocerlos

*Implementar la Alerta de Género seria admitir inseguridad, aducen

*En los últimos 5 años el feminicidio creció 137%, cuatro veces más que el homicidio: Gertz Manero

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – En el Estado de Yucatán, en promedio, se registran al año seis feminicidios consumados y una cifra similar de intento de ellos; en los últimos seis años han sido registrados 49, de los cuales el 70 por ciento se cometieron durante la administración de Rolando Zapata Bello y los restantes en el régimen del actual mandatario, Mauricio Vila Dosal.

Las cifras anteriores fueron reveladas en el informe «Yucatán Feminicida», en el que se señala que la Entidad no está exenta de la violencia que se comete contra la mujer, de manera generalizada en todo el país.

En opinión del maestro Jorge Fernández Mendiburu, asesor de «El Equipo Indignación» y profesor del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, advierte que se ha ejercido un «uso arbitrario del poder y la fuerza pública para reprimir la legítima manifestación, lo que confirma que Yucatán en un Estado con violencia feminicida, institucional y también al interior del hogar.

Asimismo, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que en los últimos cinco años el feminicidio en México ha crecido 137 por ciento, es decir, cuatro veces más que el homicidio.

En opinión de la presidenta de la organización «Igualdad Sustantiva Yucatán», Kelly Ramírez Alpuche, considera que se debe abogar por la educación con perspectiva de género y visibilizar la violencia de género como un problema sistemático, que va más allá de cuestiones sociales, ya que las medidas políticas no son las adecuadas.

Para la senadora del Verde Ecologista, Verónica Camino Farjat, el feminicidio sigue sin ser atendido por Mauricio Vila Dosal, «quien es insensible y hace oídos sordos a los reclamos de seguridad y justicia hacia las mujeres».

Vila Dosal, remarcó la legisladora, minimiza la exigencia de tantas familias y mujeres para que haya un pronunciamiento por los horrendos feminicidios en Yucatán. Hasta ahora el Gobernador no ha tenido una sola palabra de aliento hacia familiares de mujeres asesinadas y, en el colmo, la secretaria de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, se limita a reconocer que no han podido evitar la muerte y el sufrimiento de mujeres.

Por su parte, Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina de «México Elementa Derechos Humanos», advirtió que en Yucatán existe el discurso gubernamental de que «en el Estado no pasa nada», pese a las contundentes estadísticas.

Hasta el pasado mes de agosto habían ocurrido 10 asesinatos violentos de mujeres, siete de los cuales son investigados como feminicidios, los otros tres como homicidios simples; la mayoría se registraron durante la contingencia sanitaria, señaló Gina Villagómez Valdez, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Esto sucede en un país donde nueve mujeres son asesinadas a diario, en un país donde no sólo las mujeres son victimadas en las calles, sino en sus mismos hogares por hombres que dicen amarlas, añadió, lo que demuestra que tras esos feminicidios hay una falta de políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres.

Y ante ello, advirtió, junto con otras activistas, volverán a pedir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) que se active la Alerta de Violencia de Género en Yucatán, solicitud que hasta ahora no ha sido cumplida.

Gina Villagómez acusó que, pese a la pandemia, que es cuando las mujeres pasan confinadas más tiempo con sus agresores, no se implementó un programa emergente, lo que contribuyó a que se incrementaran las agresiones y los feminicidios.

Recordó que, en el 2017, durante la administración del priista Rolando Zapata Bello, que ya había recibido 10 recomendaciones de instancias federales y trataron de que se emitiera la Alerta de Género.

En respuesta, Zapata Bello dijo entonces que se implementarían acciones, programas y estrategias para acatar las recomendaciones y de esa manera evitó que se activara la alerta, pero no llevó a cabo nada concreto que solucionara realmente la situación.

La activista precisó que la alerta de género se aplica cuando se comprueba que el Estado no brinda la seguridad necesaria, lo que ocurre en Yucatán y Quintana Roo, pero como el turismo nacional e internacional representa su principal fuente de ingresos, el que aparezcan como «Estado inseguro» repercute en sus economías, de ahí su reticencia a admitir que se implemente dicha alerta.

Entre los casos más dramáticos ocurridos este año, figura el de Fernanda Gual, maestra de danza y estudiante de la Escuela Bancaria Modelo. Fue victimada el jueves 20 de agosto por su novio, Enrique Novelo, en el fraccionamiento Residencial Pensiones. Luego de dispararle se suicidó de un tiro en la cabeza.

Previamente, organismos activistas de Mérida, en base a diversas quejas, habían denunciado a Enrique Novelo por violentar a su ex pareja e incluso lo habían catalogado como «potencial feminicida», pese a ello las autoridades no tomaron ninguna acción preventiva y Fernanda terminó muerta.

El 25 de agosto, cinco días después del feminicidio de la joven Fernanda, fue muerta otra mujer llamada Norma, de 33 años de edad, en su domicilio, en la calle 65G entre 10 y 8 del fraccionamiento Villas de Oriente, municipio de Kanasín. El cuerpo presentaba rastros de violencia. Fue detenido Isidro, pareja sentimental de la víctima, quien la asfixió con su blusa.

Sin embargo, el Juez de la causa determinó que, si bien el cuerpo presentaba huellas de violencia, no se trató de un feminicidio, sino de un homicidio simple, «toda vez que no se contó con una mecánica de lesiones para conocer la causa de las mismas, además de que no se comprobó que hubiera un lazo sentimental con la víctima»

Ambos crímenes originaron que cientos de personas salieran a protestar en Mérida para exigir justicia por Fernanda, por Norma y por todas las mujeres que han sido asesinadas este año en Yucatán, además de que recriminaron a las autoridades el ser omisas y no haber fijado un pronunciamiento ante la alarmante situación.

«Exigimos justicia para Fernanda, pero también para Norma, Henrietta, Gladys, Ana, Suemi, Yazmín, Irlanda, Yamili y muchas otras mujeres que han sido y son víctimas de la violencia de género en Yucatán», sostuvo la señora Lizbeth Ethel Martín Esquiliano, madre de la víctima.

Exigieron que se emitiera un informe público y detallado de los casos de feminicidios ocurridos en el 2020, en el que se identifiquen omisiones, errores y obstáculos en la actuación administrativa y policiaca en Yucatán, del personal policíaco, judicial, de salud y educativo, que permitieron o facilitaron la comisión de esos delitos; que se adopte un plan para la erradicación de la violencia contra las mujeres y que las autoridades investiguen con enfoque de género, sin revictimizarlas.

El 25 de noviembre del 2019, cuando siete chicas, entre ellas una menor de edad, junto con medio millar de mujeres más, se preparaban para protestar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Mérida, una veintena de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán las detuvo arbitraria, violenta e ilegalmente.

Tras arrebatarles sus mochilas, las mantuvieron retenidas durante más de cuatro horas, tiempo en el que les revisaron sus carteras, sus celulares, las obligaron a entrar a sus redes sociales y a borrar videos subidos a ellas.

Las autoridades argumentaron: «las detenciones se hicieron para garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y evitar el vandalismo, por ello las mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel pública».

Horas antes, el Gobernador Mauricio Vila Dosal había anunciado la campaña permanente «Queremos un Yucatán sin violencia contra las mujeres» y, además, que en el presupuesto 2020, la Secretaría de la Mujer tendría un incremento de sus recursos en un 10 por ciento «para atender la violencia de género».

Flagelo desde el 2007

De acuerdo con la organización «Yucatán feminicida», desde 2008, cuando gobernaba Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012), se contabilizaron 63 feminicidios, 107 asesinatos violentos de mujeres, siete procesos penales y dos sentencias.

En la administración de su sucesor, Rolando Zapata Bello, las cosas no fueron mejores, pues si bien evitó que la Secretaría de Gobernación declarara la alerta por violencia de género, su ciclo quedó marcado por 42 feminicidios, de los cuales queda la inmensa mayoría por resolver.

Los casos que se judicializaron como feminicidio fueron los siguientes: Martha Eugenia Ávila Martínez, cuyo cuerpo fue hallado en los terrenos de Conkal y se consideró el primero que llegó al sistema de juicio oral en Yucatán.

El segundo, que continúa en juzgados, es el de una mujer chiapaneca asesinada por su pareja, quien le asestó ocho puñaladas cuando discutían en una lonchería cerca del Hospital O’Horán.

Otro, el de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado en un basurero de Progreso, el 30 de enero pasado, y que al parecer era una persona afectada de sus facultades mentales.

Otro más de una pareja asesinada en el fraccionamiento «Los Tamarindos», en Mérida, que fue secuestrada y cuyos cuerpos se encontraron abandonados en un baldío.

Y, finalmente, el de una mujer encontrada flotando, cuyo cuerpo estaba atado, cerca del muelle de Telchac.

Uno más fue el de Cristina Rosalía Cob Gómez, que tuvo lugar en el fraccionamiento Bicentenario de la ciudad de Umán, donde fue asesinada por José Daniel al calor de las copas, celos y de la pasión. En un comunicado que emitió la FGE en el año 2018, en el mes de mayo, declararon que la causa de la muerte de Cristina fue estrangulamiento.

El asesino la estranguló hasta privarla de la vida para después arrojar su cuerpo en una aguada de Umán, conocida como «La Quebradora». A decir de los conocidos de ambos, mencionan que él era cliente frecuente en el sitio donde la mujer trabajaba como mesera.

Cabe señalar que, recientemente, el presunto criminal fue exonerado en juicio, por lo que, de una u otra forma, el feminicida de Rosalía anda libre por las calles.

No figuró en el rubro de feminicidios el caso de Daniela del Rosario Núñez Rosado, muerta por su marido Daniel Chuc Cuxim, en la localidad de Peto, de quien se estableció que ejercía violencia física y sexual contra la mujer.

Tampoco el de un sujeto que asesinó a su esposa a puñaladas, al encontrarla con otro hombre a las afueras de Plaza Fiesta. La mujer había terminado su turno de afanadora en dicha plaza. El marido atacó al presunto amante de su mujer y cuando ésta intervino le asesto de puñaladas, mientras el otro individuo logró huir.

Y otro más, que no revistió para las autoridades las características del feminicidio, fue el de Emma Gabriela Molina Canto, quien fue interceptada por sus asesinos cuando descendía de su auto y se disponía a entrar a su domicilio, en la calle 28 entre 35 y 39 del fraccionamiento San Luis, cerca de la Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Emma Gabriela estuvo casada con Martín Medina Sonda, socio y lavador de dinero del ex secretario de Administración y Finanzas de Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda, del ex Gobernador tabasqueño Andrés Granier Melo.

Sus tres hijos fueron secuestrados por su padre en 2012, en un violento operativo realizado en Mérida, a plena luz del día. Las autoridades no intervinieron y los niños fueron llevados a Tabasco, Cancún y el Distrito Federal, y a Emma Gabriela la encarcelaron mediante acusaciones falsas.

Salió libre por falta de pruebas y emprendió compleja lucha legal contra su ex cónyuge, al que le quitaron la custodia de sus hijos para entregárselos a su madre, dos años después de sufrir todo tipo de acusaciones y acoso judicial, que la obligaron a vivir escondida.

Antes, la Juez Primero de lo Familiar de Yucatán, Sandra Bermejo Burgos, pese a que existía un fallo a favor de la madre de febrero del 2011, negó la petición de custodia y en octubre del 2012 nombró a los abuelos paternos, Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel, como tutores de los menores.

Emma presentó una apelación ante esa resolución e inició una campaña social para recuperar a sus hijos. En 2014, su madre, la señora Ligia Canto, también fue acusada de robo y aprehendida, pero fue liberada cuando se comprobó que las acusaciones también eran falsas.

Hasta entonces, la desaparecida Procuraduría General de la República rescató a los menores y detuvo a Medina Sonda. Ligia Canto comentó que cuando fueron rescatados sus nietos las autoridades ni siquiera hicieron revisiones de rutina, ni comprobaron su estado de salud.

Durante años, Emma Gabriela y su familia pidieron protección a las autoridades estatales y federales, al ser amenazadas de muerte por Martín Medina; incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al Gobierno de Yucatán dar protección a Emma Gabriela, pero nunca se la dieron.

Así, sin la protección solicitada y pese a que la señora Ligia Canto había advertido que matarían a su hija si no la protegían, la tarde del 27 de marzo Emma Gabriela fue asesinada afuera de su casa.

Dos sujetos, tabasqueños, la apuñalaron delante de sus hijos y, a la mañana siguiente, a las 8 horas, la señora Canto recibió el mensaje telefónico: «Tú eres la siguiente».

Aun así, con todos esos elementos, el asesinato fue calificado no como feminicidio, sino como homicidio calificado, y la señora Ligia Canto sigue sin protección.

En el 80 por ciento de ese tipo de asesinatos, la víctima es sometida a una serie de vejaciones, lesiones, tortura y agravios, que son más que suficientes para ser calificados como feminicidios, pero la mayor parte quedan en la impunidad.

Muchos otros son ocultados o negados por las autoridades y mientras el Gobierno se niega a que sea emitida la alerta de género, «porque sería enviar un mensaje de riesgo al turismo y con ello se afectaría la economía del Estado».

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